En la Declaración Final Copán-San Salvador del IV Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura

I. PRESENTACIÓN

1. Antecedentes

En la Declaración Final Copán-San Salvador del IV Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura y VIII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, celebrados los días 21,22, 24 y 25 de junio de 2004, se acordó impulsar la elaboración de un Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, por lo que se realizó un documento de sustentación que contenía los avances que hasta ese momento se habían logrado en relación con el tema; en el mismo se condensaron todos los antecedentes y declaraciones respectivas, considerándose los más importantes el Estatuto del Juez Iberoamericano y la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano.

Posteriormente, tras la celebración de las tres Rondas de Talleres rumbo a un Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial –mismas que tuvieron lugar en La Antigua, Guatemala (4-5 de mayo de 2005), en Cartagena de Indias, Colombia (21-22 de septiembre de 2005), y en San José de Costa Rica (1-3 de marzo de 2006), así como de la Primera y Segunda Reunión Preparatorias, celebradas en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (8-10 de marzo de 2005), y Cartagena de Indias, Colombia (2-4 de noviembre de 2005), se cumplió con el cronograma de trabajo.

Consecuentemente, los coordinadores del Grupo de Trabajo sobre Ética Judicial (Argentina y México) realizaron el presente documento comparativo, que ha sido enriquecido por los comentarios de la mayoría de los países, y que ha servido de base para la redacción del proyecto del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial.

2. Metodología en la elaboración del presente documento

Partimos de la existencia de veintidós ordenamientos sobre ética judicial, pertenecientes a los siguientes quince países: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Venezuela; los restantes siete países para conformar los veintidós que integran Iberoamérica, serían: Colombia, Ecuador, España, Nicaragua, Portugal, República Dominicana y Uruguay, los cuales a pesar de no contar con un código de ética judicial específico, tienen en sus diferentes sistemas reglas dispersas, algunas de ellas incluso en leyes orgánicas de sus poderes judiciales, que avalan, definen y regulan la actividad judicial. Por lo anterior, hemos anexado un documento con esta reglamentación que llamaremos “normas éticas”, y que si bien en algunos casos no está claramente dirigida a la actividad judicial, aporta luces sobre los principios deontológicos del servicio público en general o sobre las normas que regulan la carrera judicial.

Ahora bien, este documento contiene tablas y gráficas que sirven de guía para comparar la existencia

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