Ensayo Enriquecimiento Ilícito

El departamento de Lavado de Dinero y Crimen Organizado de la Secretaria de Hacienda abrió una investigación en contra del Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, por supuesto recursos públicos desviados a cuentas de su hermano Miguel Padrés. La transferencia de $3.3 millones de dólares fue presuntamente hecha por Mario Aguirre, empresario del Estado de Sonora, representante legal de No. 1 Sonora Apparel S.A. de C.V. y Confección Industrial, S.A. de C.V. Mario Aguirre ganó licitaciones para la elaboración de uniformes escolares con un valor de 20 millones de dólares.

Por un lado, dentro las críticas de esta problemática, se dice que el pago impartido por Mario Aguirre a Miguel Padrés fue por las licitaciones ganadas. Por otro lado, Miguel Padrés ha hecho transferencias desde el 2009 que Guillermo Padrés entro al Gobierno del Estado, con un valor total de 8.9 millones de dólares de cuentas de México a cuentas de Estados Unidos. Estos eventos dan indicios de corrupción y enriquecimiento ilícito con recursos públicos. No obstante, el Gobernador Padrés se vio en vuelto el año pasado en una controversia por hacer un represo para su rancho que lo llevo a pagar una multa de $400,000 dólares que le impusieron las autoridades del agua y medioambiente en México.

Guillermo Padrés y Miguel Padrés defienden una postura en la cual justifican su riqueza con negocios familiares antes de que el Gobernador llegará al poder. Dichos negocios corresponden a la exportación de vehículos Volkswagen a Estados Unidos, la fabricación y venta de muebles y cultivo de ganado. La Oficina de Procuraduría niega antecedentes de dicha postura y que no existen antecedentes de las actividades.

El problema principal de esta noticia es el enriquecimiento ilícito de un mandatario de gobierno con recursos públicos. El gobernador Guillermo Padrés y sus familiares han dado muestras de transferencias de dinero muy grandes a cuentas personales desde que el Gobernador tomo su puesto. Utilizar el erario público para beneficio personal y familiar es una falta grave de corrupción que es penado por ley. Asimismo, este tipo de actividades deslegitimizan al gobierno y las instituciones que gobiernan a la sociedad. De cierta forma, se pierde credibilidad en la gobernanza que conlleva a la inestabilidad social, económica y política del Estado de Sonora y la República. Esto nos lleva a formular el siguiente cuestionamiento ético: ¿Qué debería hacer Guillermo Padrés y Miguel Padrés para solucionar esto? ¿De qué manera deberían proceder las autoridades correspondientes, en este caso la Procuraduría y Secretaria de Hacienda?

La alternativa principal es que el gobierno Federal se apegue a la Ley y haga cumplir las obligaciones que en este caso el Gobernador Padrés y Miguel Padrés tienen como responsabilidad. Asimismo, con los procedimientos legales correspondientes y cumplidos podrán legitimar al gobierno y sus instituciones para generar una estabilidad social y política. La Secretaria de Hacienda tiene el deber de llevar la investigación de la mejor manera y encontrar los medios para hacer cumplir la ley.

Guillermo Padrés y Miguel Padrés en caso de que tengan pruebas legítimas, confiables y reales de sus actividades económicas anteriores al gobierno de Guillermo Padrés, podrían mostrarlas para justificarse y hacer valer que lo que dicen es cierto. En caso contrario, de no contar con las pruebas, la solución es que apegarse a la pena la cual serán condenados por enriquecimiento ilícito y corrupción

Desafortunadamente, en México, el Enriquecimiento Ilícito es una figura legal del derecho penal en la cual se sanciona el acto y no al autor del acto en si. Esto de alguna forma lleva a una laguna legal dentro de la ley. Como lo dice el artículo 224 del Código Penal Federal, existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar la legitimidad del aumento de patrimonio. El artículo 224 del Código Penal Federal dice:

“Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.”

Esto de alguna forma se vuelve difícil el hecho de enjuiciar al Gobernador Guillermo Padrés dado que la ley no define de qué manera se debería legitimar el aumento de riqueza, bajo qué condiciones y con qué documentación. Entonces, la alternativa de que el Gobierno Federal se apegue a la ley no es realmente la mejor alternativa a una solución, porque apegándose a la ley no implica una solución o una penalización al gobernador.

No obstante, el hecho que el Gobernador pruebe de manera confiable su riqueza, siendo esta nuestra segunda alternativa, es la solución más fructífera. Esto se debe que de acuerdo al artículo 224, si el Gobernador Padrés mostrará el proceso de su enriquecimiento estaría cumpliendo de manera ética

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