Justicia Restaurativa

La formación en ciudadanía en procesos con jóvenes infractores.

Desde la expedición de la ley 1098 de 2006 en la cual se configura el código de la infancia y la adolescencia en Colombia, se intenta implementar en el país el Sistema De Responsabilidad Penal Para Adolescentes (SRPA), el cual exige modificar el sistema de justicia teniendo en cuenta los principios de la convención internacional de los derechos del niño y de los sistemas internacionales que adoptan sanciones no privativas de la libertad, que sean afines a la justicia restaurativa, mecanismo utilizado en diferentes países del mundo.

El SRPA tiene como finalidad proteger, restaurar y educar al adolescente además de inculcar conciencia con respecto al daño causado a la víctima y a la sociedad, todo enmarcado en un enfoque de protección integral y de justicia restaurativa cuyo propósito es implementar medidas alternativas para el cumplimiento de sanciones impartidas a jóvenes que han cometido delitos.

Una de estas medidas alternativas es la sanción de prestación de servicios a la comunidad con la cual se pretende generar espacios de seguridad para la víctima, el adolescente en conflicto con la ley y sus familias, además la comunidad debe identificar las condiciones que propiciaron el delito, y emprender acciones de transformación para minimizar el problema además de propiciar espacios de reintegración para el adolescente en conflicto con ley.

Teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer que la prestación de servicios a la comunidad es la medida que utiliza la ley para formar al adolescente en ciudadanía, ya que busca formar conciencia de derechos, comunidad y solidaridad.

La sanción de prestación de servicios a la comunidad busca encontrar el origen del delito y la violencia para así acercar a la víctima y el victimario con apoyo de la comunidad y que se trabaje para encontrar la solución al daño causado y las relaciones rotas, abriendo oportunidades de cambio e integración de las partes que hacen parte del proceso.

Dentro de esta medida, una de las dificultades ha sido establecer que personas están cualificadas para intervenir en el proceso, teniendo en cuenta dinámicas sociales, políticas, culturales y económicas, ya que dependiendo del contexto en el cual se desenvuelvan tanto la víctima como el ofensor se determinara la necesidad de contar con personas diferentes.

Siguiendo esta misma línea, otra dificultad es que tanto la víctima como el victimario se desenvuelven en diferentes redes de apoyo las cuales son difíciles de cubrir en su totalidad, lo cual impide la integralidad del proceso, ya que se debe reeducar el contexto en el que el joven se desenvuelve para que el mismo encuentre mecanismos de protección que le permitan minimizar las oportunidades de reincidir en el delito.

El papel que debe desempeñar la comunidad en este tipo de sanciones es orientadora, mediadora de cooperación y soporte permitiendo al joven infractor ejercer autonomía y encontrar alternativas responsables y cívicas para afrontar los conflictos, además de reflexionar con respecto al daño que causo la conducta delictiva

La diferencia con otros mecanismos punitivos radica en que las acciones en la comunidad trascienden los objetivos pedagógicos que establece la justicia restaurativa y de compensación del daño, y se orientan principalmente al restablecimiento de lo social y comunitario mediante diferentes mecanismos de participación.

Además de todo lo anterior es importante mencionar que el papel de la comunidad también es propositivo, ya que solo la comunidad conoce sus necesidades y ella misma debe establecer propuestas para solucionar las dificultades en pro del bien común.

Existen diferentes beneficios atribuidos a la sanción de prestación de servicios a la comunidad, entre estos podemos encontrar la responsabilidad, cooperación y solidaridad

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