La Problemática Social del Huachicoleo en México
minette05Ensayo7 de Septiembre de 2022
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[pic 1] | PROFERSORA: MTRA. NAHILA GRISEL MANCERA | MAESTRIA EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y CIENCIAS FORENSES |
MATERIA: CRIMINOLOGÍA | TRABAJO FINAL | |
ALUMNO: OSCAR SOLÍS MARTÍNEZ | PLANTEL: NIÑOS HÉROES |
La Problemática Social del Huachicoleo en México
- Introducción.
En México, se llama huachicolero a la persona que se dedica al robo y venta ilegal de combustible (gasolina o diésel) y bebidas alcohólicas adulteradas. Esta actividad creció en la década de 2010 cuando grupos del crimen organizado en México incorporaron el robo de gasolina como parte de sus principales fuentes de ingresos. La palabra deriva de huachicol más el sufijo –ero que, en sustantivos, indica oficio, ocupación, profesión o cargo. El huachicol es una bebida alcohólica adulterada con alcohol de caña y con otros compuestos, y también sirve para nombrar el combustible robado, que puede estar adulterado.
El huachicoleo toma tres formas. La primera y la más conocida implica abrir huecos en los ductos que transportan gasolina desde las refinerías hasta los principales puntos de distribución (lo que se conoce como “ordeñar ductos”), a menudo en colaboración con empleados de Pemex, quienes averiguan en qué momento se liberan los envíos de combustible. En la segunda, los huachicoleros (o ladrones de combustible) asaltan refinerías o secuestran carrotanques. En la tercera, utilizan un sistema de drenaje que desvía el combustible de los ductos a una red secreta de túneles donde pueden recogerlo posteriormente. Este último método es más laborioso que romper los ductos, pero también resulta más difícil de detectar.
Si bien el robo de combustible se remonta al año 2000 o antes, se ha incrementado de forma significativa durante la última década. Según datos de Pemex, entre 2004 y 2009 se produjeron en promedio 271 robos al año, mientras que, entre 2018 y 2020, el promedio fue de 12 873 por año. Pemex estimó que, durante su apogeo en 2018, el robo de combustible le costó al Estado $3 mil millones de dólares. Además, el huachicoleo puede ser peligroso. En enero de 2019, un oleoducto intervenido explotó en Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, y murieron 93 personas. Guanajuato, un estado que antes no se había visto tan afectado por la violencia, ahora tiene una de las tasas de homicidios más altas del país, principalmente como consecuencia del robo de combustible.
- Desarrollo del enfoque teórico y metodológico seleccionado.” ENFOQUE INTERACCIONISTA”.
Uno de los negocios más lucrativos para el crimen organizado en México consiste en robar combustible y venderlo en el mercado negro. La violencia, al igual que las ganancias, está en ascenso. El gobierno durante períodos limitados ha logrado frenar este comercio, pero debe hacer frente a la complicidad oficial y los problemas socioeconómicos que lo perpetúan. El robo y venta ilícita de combustible, conocido en México como huachicoleo, registró un enorme aumento después de 2010. El incremento de los precios del combustible y otros efectos imprevistos de las reformas energéticas y las políticas de seguridad favorecieron que el crimen organizado se apropiara de este sector, lo que ha disparado las tasas de homicidio.
Generalmente, el robo de combustible se realiza directamente de los ductos de Petróleos Mexicanos, de los cuales se extrae el combustible a través de perforaciones. A esta técnica se le conoce comúnmente como ordeña de ductos. Después de detectar el ducto, los huachicoleros realizan un corte e instalan una llave improvisada para extraer el combustible, que se vende más tarde en comercios cercanos o a traileros que pasan por la comunidad.
El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo de la lucha contra el robo de combustible un tema central en su agenda de seguridad pública. Sin embargo a pesar de que ha tenido algunos logros, detener el huachicoleo de manera definitiva podría ser difícil, en gran parte debido a la corrupción estatal generalizada, a la ideología social de estas regiones y a la ausencia de alternativas lícitas para subsistir.
El gobierno debe enfrentar la confabulación entre funcionarios estatales y organizaciones criminales a través de procesos de vigilancia y auditoría externos a las instituciones estatales de energía y seguridad. Planes de mitigación de conflictos adaptados a las realidades específicas de las regiones violentas deben ofrecer alternativas legales a las economías ilícitas, proteger a los civiles mediante despliegues policiales o militares focalizados y apoyar a las instituciones locales de seguridad y justicia.
El giro a un modelo de negocios ligado al control territorial marca un cambio fundamental en la forma en que operan los grupos criminales mexicanos. Las bandas criminales ya no buscan rutas de narcotráfico sino territorios donde pueden “hacer todo tipo de actividades ilícitas”. Estos grupos han aprovechado la pasividad del Estado, así como la corrupción entre los funcionarios, para imponer impuestos de facto a los negocios legales e ilegales en determinadas zonas geográficas. Los lugares en los que operan han sufrido un alto costo socioeconómico a medida que los grupos criminales diversifican sus fuentes de ingresos, lo que aumenta su resiliencia frente a la represión del narcotráfico y de otros mercados ilícitos por parte de las fuerzas de seguridad.
A medida que aumentaban los precios de la gasolina y, junto con ellos, el robo de combustible, también lo hacían las tasas de homicidios. Por ejemplo, Guanajuato, un estado en el Triángulo Rojo con una concentración bastante alta de ductos, tenía menos de 300 asesinatos anuales en promedio entre 2005 y 2009. Esta cifra se duplicó con creces entre 2010 y 2015, y luego volvió a duplicarse, a un promedio anual de 2794 homicidios, en los cinco años siguientes. Tan solo en 2020 hubo 4967 asesinatos. Los grupos criminales ahora con frecuencia amenazan, torturan y asesinan a sus rivales para ganar territorio.
A la problemática anterior, se suma otra igualmente grave que se vincula con el delito de robo de combustibles: el reclutamiento y utilización de menores de edad con fines delictivos, concretamente para la extracción, transportación y venta del combustible robado, así como para actividades de alerta y vigilancia (halcones), e incluso, como elementos de seguridad, entregándoles armas largas. Es de destacar que las y los menores de edad, son blanco fácil de la delincuencia, debido a la vulnerabilidad propia de su edad, pero, sobre todo, por la derivada de su condición socioeconómica.
la pobreza, la marginación y la falta de oportunidades han llevado a los menores de edad a caer en manos de diversos grupos delictivos, entre ellos los huachicoleros, quienes los utilizan para tener un negocio más lucrativo, haciéndolos ocupar los puestos más bajos de la estructura delictiva, que son los que implican el
mayor riesgo para la integridad física, la vida y la seguridad. Así las niñas, niños y adolescentes son utilizados como perforadores, ordeñadores, trasportadores, vendedores y guardias. Lo que los tiene permanente expuestos a quemaduras e intoxicaciones, así como a ser detenidos e incluso asesinados por otros delincuentes.
La conducta criminal se aprende en la interacción con otras personas, en un proceso de comunicación, vale decir, en contactos con modelos criminales, debido a que la delincuencia es una conducta sub-cultural que se aprehende, como la delincuencia organizada, la influencia e impacto de medios de comunicación en la generación de conductas delictivas, su manipulación dominante y controlada capaz de modificar conductas de masas, cambiando valores y percepción distorsionada de la realidad, por alto grado de credibilidad de los medios y aceptación de información que transmiten.
El interaccionismo se ubica en el campo de la reacción social, es decir, la relación entre el hecho y la sociedad, denunciando que los procesos de etiquetamiento provocan la criminalización y de ella surge la delincuencia porque el establecimiento de normas y leyes depende de los grupos en el poder.
Propone que cuando el individuo es detenido, es también etiquetado por los grupos de poder, pero también por él mismo, por un cambio profundo en su identidad pública, y que la pertenencia al grupo solidifica una identidad desviante. Así, el delincuente es el individuo etiquetado y estigmatizado por los grupos sociales en el poder y las normas jurídicas sirven para proteger esos valores, por ello la mayoría al ser etiquetado se une a los grupos delictivo de crimen organizado de su zona y sufre las dificultades de los procesos sociales y que es estigmatizado por el propio sistema que no le proporciona los medios y las metas sociales necesarias para salir adelante, por eso la mayoría de ex convictos son reincidentes en los delitos, por que no existe un adecuado proceso para la reinserción social.
- Descripción situacional e institucional de la problemática social elegida
La lucha contra el huachicoleo (el robo y venta ilícita de combustible) era una de las principales estrategias del presidente Andrés Manuel López Obrador para reducir las crecientes tasas de delitos violentos en México al iniciar su mandato en 2018. El robo de combustible y la violencia asociada a éste se dispararon a partir de 2010, a medida que los precios del combustible se incrementaban y los grupos criminales provenientes del narcotráfico vieron en él una oportunidad lucrativa. López Obrador endureció las sanciones penales, buscó medios alternativos para el transporte de combustible y recurrió cada vez más al ejército para proteger los ductos. Aunque el gobierno redujo el volumen de combustible robado, sus anuncios de una rápida victoria parecen apresurados. Las zonas por donde cruzan los ductos siguen teniendo una tasa promedio de homicidios mayor a las que aquellas áreas donde no existe esta infraestructura. Según informes, el robo de combustible volvió a aumentar en 2021, y las sanciones relacionadas con la invasión de Rusia a Ucrania podrían hacer aún más lucrativo el robo, ya que incrementarán los precios del combustible nuevamente. Enfrentar la complicidad entre funcionarios estatales y el crimen organizado, y apoyar alternativas lícitas a este delito a través de planes de desarrollo específicos a cada región, son la mejor opción para lograr un progreso duradero para detener el huachicoleo.
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