La televisión en Colombia

Investigación realizada por: Miguel David Alvarez Arandia, estudiante de derecho en la Universidad Libre

1- Antecedentes de la Televisión en Colombia:

La televisión en Colombia surge por una iniciativa que se gestiona durante el periodo presidencial del general Gustavo Rojas Pinilla, dicho proyecto era visto no solo como un negocio rentable bajo la inspección, supervisión y control del estado, sino también como un medio propicio e idóneo para hacerle propaganda al gobierno de turno.

En la génesis de la televisión en Colombia se puede observar claramente que los medios audiovisuales estaban completamente al servicio de una dictadura y que en la prestación de estos servicios se tenía como finalidad hacerle propaganda al régimen dictatorial del momento, tanto así  que era común ver como se exaltaban símbolos patrios y discursos  de “mi general” para  infundir sentimientos nacionalistas y mejorar la imagen pública  del general Gustavo Rojas Pinilla , Bajo estos preceptos se expide el decreto 3363 en noviembre de 1953 mediante el cual se le confiere al gobierno nacional el permiso para crear la sección de televisión, fijar las competencias y funciones de los empleados y reorganizar la dirección de información y propaganda del estado.

(se puede interpretar que la televisión fue y sigue siendo un mecanismo usado para difundir las ideas del gobierno y que se usa como un aparato ideológico del estado.)

Una década después del funcionamiento de la televisión en Colombia se expide el decreto 3267 del 20 de diciembre de 1963 y se crea un órgano de carácter público adscrito al ministerio de comunicaciones denominado INRAVISION, cuyo propósito era prestar los servicios de radiodifusión oficial y arrendar los espacios televisivos, de lo anteriormente dicho, observamos como el gobierno no solo ve una oportunidad para obtener un lucro, además ven la forma de trasmitir su propaganda de carácter nacionalista.

Antes de que entrara en Colombia el neoliberalismo con el presidente Cesar Gaviria , se expide la ley 42 de 1985 (diario oficial,1985,pp,706), que marca un antes y un después en cuanto a regulación se refiere, mediante esta ley, INRAVISION se transforma en una entidad asociativa de carácter nacional  esto quiere decir: “ La Nación, a través del Ministerio de Comunicaciones, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom-, el  Instituto  Colombiano  de  Cultura Colcultura- se  asociará  para  conformar  una  persona jurídica que con el nombre de Instituto Nacional de Radio y Televisión -Inravisión- tenga a su cargo la prestación de los servicios públicos de televisión y radiodifusión oficial (..)” 

(Diario oficial, 1985)

En la misma ley, aunque INRAVISION tenía patrimonio propio y autonomía administrativa esta continuaba estando bajo el control e inspección del ministerio de comunicaciones y seguían dependiendo del ejecutivo, por tanto, carecían de autonomía e independencia. Tanto dependían del gobierno nacional que en dicha ley se establecía que el manejo y control de la entidad estaría a cargo del consejo nacional que era conformado en su mayoría por personas que designaba el presidente, restándole así dependencia y autonomía del ejecutivo y por el contrario apoyando posibles intereses políticos o económicos que pudiera tener el presidente.

INRAVISION es suprimida pero no por su poca autonomía o falta de independencia, si no que las razones que se esgrimen son de carácter financiero, fallas y deficiencias en la operación del servicio, falta de equipos y tecnologías para la producción y post-producción, la dependencia de las transferencias de la CNTV, entre otros. De forma más detallada las razones para suprimir a esta entidad se encuentran detalladas en el documento Conpes 3314 de 2004.

En el mandato de Cesar Gaviria (1991-1994), como ya se hizo referencia, Colombia entro en la ola del neoliberalismo, corriente económica que produjo cambios significativos como la liberalización de los servicios públicos, y de forma más precisa, el tema de la televisión lo podríamos abreviar en 3 aspectos:

“En primer lugar, la construcción de un arreglo institucional sustentado en un nuevo marco legal, que pauta la adecuada separación de los roles de rectoría, regulación, operación y comercialización y que define claramente los derechos y obligaciones de los diversos agentes sectoriales. En segundo lugar, la implantación de una política y estructura de tarifas que garantice la sostenibilidad económica / financiera a largo plazo y con independencia de la política social. Y, en tercer lugar, en una actividad prácticamente ejercida hasta hace poco por operadores de naturaleza publica, se ha abierto el espacio para la incorporación de operadores privados con el fin de mejorar la eficiencia y calidad de los servicios prestados. Un elemento central del arreglo institucional, lo constituye la creación de organizaciones de regulación especializadas y el desarrollo de prácticas y procedimientos que garanticen la provisión de servicios de calidad al menor precio posible.” (Corrales,2004, pag.31)

Durante la presidencia de Gaviria se expide la constitución de 1991, que fue gestada desde el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, esta se encontraba conformada por 74 delegatarios con funciones de constituyente derivado en representación del pueblo o constituyente primario. Los cambios fueron muchos, no obstante solo nos detendremos a estudiar lo relacionado con las comisiones de regulación, como interviene el estado en la economía y la nueva posibilidad de que los entes de naturaleza privada puedan ejercer funciones gubernamentales.

Con la carta política del 91, se da vía libre a los actores privados en la economía y se deja de un lado tanta injerencia del estado en el sector económico, según el autor PAEZ PEREZ: “Todos estos programas de privatización plasmados dentro de los planes de desarrollo de los respectivos gobiernos decían obedecer a la idea de modernizar la administración pública en Colombia. Esta idea proviene de los organismos de planeación económica y consiste no en transformar la dinámica de la administración pública en un sistema eficiente y equitativo, sino en ceder al sector privado las empresas consolidadas por años de inversión social, con el pretexto de conseguir recursos para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población. Lo esencial para el sector privado como para la esfera pública consistía en redefinir el papel del Estado, “hacer retroceder las fronteras del estado” y ampliar la dinámica del mercado”. (Paez,2001, pp.53)

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