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“POLITICAS PUBLICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EL ROL DE LOS ACTORES POLITICOS EN VENEZUELA”


Enviado por   •  15 de Octubre de 2021  •  Trabajos  •  3.899 Palabras (16 Páginas)  •  392 Visitas

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD

VICERRECTORADO ACADÉMICO

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN AVANZADA

POLITICAS PÚBLICAS

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“POLITICAS PUBLICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EL ROL DE LOS ACTORES POLITICOS EN VENEZUELA”

Participante:

 LCDA. DANIELA DE LOS ANGELES SUAREZ CAMACARO

C.I: 22.378.189

Docente:

Dra. Zulima Taguada

Maracaibo, 09 de abril de 2021

ESQUEMA

  1. RESUMEN
  2. PALABRAS CLAVES
  3. INTRODUCCIÓN
  4. DESARROLLO
  1. OBJETO DE ESTUDIO
  2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
  3. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN
  4. PROPÓSITO U OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
  5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
  6. DELIMITACIÓN Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN UNES
  1. ELEMENTOS TEÓRICOS
  2. ELEMENTOS METODOLÓGICOS
  3. CONCLUSIÓN
  4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
  5. ANEXOS

RESUMEN

Las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana se materializan a través de planes y programas diseñados para identificar la problemática delictiva, adoptando medidas tendientes a minimizar los efectos de la criminalidad. En este sentido, Venezuela se constituye en un Estado democrático, social, de Derecho y de justicia, lo que implica que velará por la defensa de las garantías de los ciudadanos. En este contexto es importante considerar el rol que cumplen las personas que una vez legitimados mediante la votación popular y legalizados por la designación en el cargo respectivo como funcionarios públicos y representantes del Estado en el ejercicio de la función pública, tengan la responsabilidad de llevar a cabo el diseño de los planes de seguridad ciudadana en el país, como actores políticos. El presente estudio tuvo como objetivo general Evaluar la efectividad del rol desempeñado por los actores políticos en el diseño de planes en materia de seguridad ciudadana en Venezuela en la realidad actual venezolana puntualizado en el estado Carabobo. Las bases teóricas desarrolladas se fundamentaron en el Estado y políticas públicas, criminalidad y seguridad ciudadana, la teoría política, las instituciones y el actor político y el Control Fiscal y la evaluación de las políticas públicas. La fundamentación legal de la investigación, se encuentra consagrada por el conjunto de leyes y normas de tipo constitucional, penal y de gestión. De esta manera, la investigación fue de tipo descriptiva, documental y de campo, cuyos resultados proporcionados permitieron concluir que el rol de los actores políticos es fundamental para el diseño de los planes de seguridad ciudadana, y va determinado por su personalidad, así como la posición preponderante que ejerzan en la sociedad. En consecuencia se recomienda revisar a profundidad la dirección hacia donde están encausadas las políticas de seguridad ciudadana en la actualidad.

PALABRAS CLAVES

Políticas Públicas, Actor Político, Criminalidad, Seguridad Ciudadana.

        

INTRODUCCIÓN

Las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana se materializan a través de planes y programas diseñados para identificar la problemática delictiva, adoptando medidas tendientes a minimizar los efectos de la criminalidad. En este contexto es importante considerar el rol que cumplen las personas que una vez legitimados mediante la votación popular y legalizados por la designación en el cargo respectivo como funcionarios públicos y representantes del Estado en el ejercicio de la función pública, tengan la responsabilidad de llevar a cabo el diseño de los planes de seguridad ciudadana en el país, como actores políticos, teniendo presente el funcionamiento complejo del sistema de justicia penal en sus niveles policial, judicial y penitenciario. Con base a esta aseveración, este estudio se planteó como fin último aportar elementos que puedan servir de fundamento para el análisis de una política criminal que se desarrolle dentro del Estado, por cuanto ésta no puede ser simplemente una política legisladora en el sentido de criminalizar o descriminalizar conductas, aumentar las penas, o de métodos en el ámbito penitenciario dirigidas al endurecimiento de la forma en que son ejecutadas, por cuanto una auténtica política criminal y criminológica debe tener como eje fundamental, una política social que vele por la disminución de las diferencias e injusticias que en gran parte constituyen los factores propiciadores a la comisión de los delitos dentro de la sociedad venezolana. De esta manera, en la investigación realizada se determinaron los alcances del rol que desempeñan los actores políticos en el diseño de los planes de seguridad ciudadana dentro del Estado venezolano. En consecuencia, el presente trabajo de investigación está estructurado en cinco capítulos los cuales se detallan a continuación:

DESARROLLO

Las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana creadas por el Estado venezolano son, tal como lo señala Lahera (2014) citado por Franco y Sifontes (2019): “…en sentido restringido todos aquellos programas, proyectos y actividades destinadas a disminuir los índices de criminalidad, llevados a cabo por el gobierno nacional, a través de cualquiera de las ramas del Poder Público” (p. 57); atendiendo a este fin, se van a integrar bajo el principio de corresponsabilidad, todas las acciones desplegadas por los órganos de seguridad del Estado el cual año tras año se ven en la necesidad de ir reforzando y rediseñando para dotarlos de mayor eficacia.

Así mismo, para el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, citado por estos mismos autores, ha establecido que: …una política de seguridad pública engloba al conjunto de acciones gubernamentales y sociales que, de alguna manera, inciden o gravitan sobre el conjunto de factores y condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que favorecen, apuntalan, consolidan o determinan los conflictos, hechos de violencia y delitos producidos en un determinado contexto social. En este marco, toda política social, cultural, económica, educacional o laboral podría considerarse como parte de una política de seguridad pública (p. 29).

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