“POLITICAS PUBLICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EL ROL DE LOS ACTORES POLITICOS EN VENEZUELA”

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD

VICERRECTORADO ACADÉMICO

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN AVANZADA

POLITICAS PÚBLICAS

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“POLITICAS PUBLICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EL ROL DE LOS ACTORES POLITICOS EN VENEZUELA”

Participante:

 LCDA. DANIELA DE LOS ANGELES SUAREZ CAMACARO

C.I: 22.378.189

Docente:

Dra. Zulima Taguada

Maracaibo, 09 de abril de 2021

ESQUEMA

1. RESUMEN
2. PALABRAS CLAVES
3. INTRODUCCIÓN
4. DESARROLLO

1. OBJETO DE ESTUDIO
2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
3. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN
4. PROPÓSITO U OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
6. DELIMITACIÓN Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN UNES

1. ELEMENTOS TEÓRICOS
2. ELEMENTOS METODOLÓGICOS
3. CONCLUSIÓN
4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
5. ANEXOS

RESUMEN

Las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana se materializan a través de planes y programas diseñados para identificar la problemática delictiva, adoptando medidas tendientes a minimizar los efectos de la criminalidad. En este sentido, Venezuela se constituye en un Estado democrático, social, de Derecho y de justicia, lo que implica que velará por la defensa de las garantías de los ciudadanos. En este contexto es importante considerar el rol que cumplen las personas que una vez legitimados mediante la votación popular y legalizados por la designación en el cargo respectivo como funcionarios públicos y representantes del Estado en el ejercicio de la función pública, tengan la responsabilidad de llevar a cabo el diseño de los planes de seguridad ciudadana en el país, como actores políticos. El presente estudio tuvo como objetivo general Evaluar la efectividad del rol desempeñado por los actores políticos en el diseño de planes en materia de seguridad ciudadana en Venezuela en la realidad actual venezolana puntualizado en el estado Carabobo. Las bases teóricas desarrolladas se fundamentaron en el Estado y políticas públicas, criminalidad y seguridad ciudadana, la teoría política, las instituciones y el actor político y el Control Fiscal y la evaluación de las políticas públicas. La fundamentación legal de la investigación, se encuentra consagrada por el conjunto de leyes y normas de tipo constitucional, penal y de gestión. De esta manera, la investigación fue de tipo descriptiva, documental y de campo, cuyos resultados proporcionados permitieron concluir que el rol de los actores políticos es fundamental para el diseño de los planes de seguridad ciudadana, y va determinado por su personalidad, así como la posición preponderante que ejerzan en la sociedad. En consecuencia se recomienda revisar a profundidad la dirección hacia donde están encausadas las políticas de seguridad ciudadana en la actualidad.

PALABRAS CLAVES

Políticas Públicas, Actor Político, Criminalidad, Seguridad Ciudadana.

INTRODUCCIÓN

Las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana se materializan a través de planes y programas diseñados para identificar la problemática delictiva, adoptando medidas tendientes a minimizar los efectos de la criminalidad. En este contexto es importante considerar el rol que cumplen las personas que una vez legitimados mediante la votación popular y legalizados por la designación en el cargo respectivo como funcionarios públicos y representantes del Estado en el ejercicio de la función pública, tengan la responsabilidad de llevar a cabo el diseño de los planes de seguridad ciudadana en el país, como actores políticos, teniendo presente el funcionamiento complejo del sistema de justicia penal en sus niveles policial, judicial y penitenciario. Con base a esta aseveración, este estudio se planteó como fin último aportar elementos que puedan servir de fundamento para el análisis de una política criminal que se desarrolle dentro del Estado, por cuanto ésta no puede ser simplemente una política legisladora en el sentido de criminalizar o descriminalizar conductas, aumentar las penas, o de métodos en el ámbito penitenciario dirigidas al endurecimiento de la forma en que son ejecutadas, por cuanto una auténtica política criminal y criminológica debe tener como eje fundamental, una política social que vele por la disminución de las diferencias e injusticias que en gran parte constituyen los factores propiciadores a la comisión de los delitos dentro de la sociedad venezolana. De esta manera, en la investigación realizada se determinaron los alcances del rol que desempeñan los actores políticos en el diseño de los planes de seguridad ciudadana dentro del Estado venezolano. En consecuencia, el presente trabajo de investigación está estructurado en cinco capítulos los cuales se detallan a continuación:

DESARROLLO

Las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana creadas por el Estado venezolano son, tal como lo señala Lahera (2014) citado por Franco y Sifontes (2019): “…en sentido restringido todos aquellos programas, proyectos y actividades destinadas a disminuir los índices de criminalidad, llevados a cabo por el gobierno nacional, a través de cualquiera de las ramas del Poder Público” (p. 57); atendiendo a este fin, se van a integrar bajo el principio de corresponsabilidad, todas las acciones desplegadas por los órganos de seguridad del Estado el cual año tras año se ven en la necesidad de ir reforzando y rediseñando para dotarlos de mayor eficacia.

Así mismo, para el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, citado por estos mismos autores, ha establecido que: …una política de seguridad pública engloba al conjunto de acciones gubernamentales y sociales que, de alguna manera, inciden o gravitan sobre el conjunto de factores y condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que favorecen, apuntalan, consolidan o determinan los conflictos, hechos de violencia y delitos producidos en un determinado contexto social. En este marco, toda política social, cultural, económica, educacional o laboral podría considerarse como parte de una política de seguridad pública (p. 29).

Es por ello que resulta necesario la revisión de las acciones llevadas a cabo en cuanto al diseño y aplicación a los fines de ahondar en las causas estructurales de esta problemática, con el objetivo que se evite lo que ha venido sucediendo últimamente en materia de política pública nacional de seguridad ciudadana que en palabras de Núñez (2016) se ha constituido en el “…desarrollo de la producción jurídico penal como parte importante de la política de seguridad, para concluir que la ley penal, está lejos de guardar correspondencia con los imperativos constitucionales” (p. 341); constituyéndose en el endurecimiento de la política legislativa a través de la híper inflación penal y el aumento de las penas, que hasta la presente fecha no ha dado resultados concretos que sean estimados favorables

Por otra parte, tal como lo señala la autora, las mismas se “…han correspondido con una política criminal de emergencia y de respuestas contingentes que han justificado la multiplicación de las funciones del aparato represivo del Estado venezolano” (p. 341), evidenciando de esta manera fallas en el enfoque de una política criminal que genere una adecuada política pública en materia de seguridad ciudadana que se logre plantear más allá de reformas legislativas con base minimalista y democrática. Otro punto de especial atención y de igual importancia, se refiere a las personas que hacen proselitismo antes de acceder a los cargos públicos, a través de los partidos políticos cuyo objetivo se centran en la conquista de espacios en la Administración Pública, mediante el ejercicio de cargos con poder de decisión cuya formación y capacidad para el cargo a desempeñar, en muchas ocasiones no es filtrada con el rigor necesario, produciéndose un descuido en la adquisición de los conocimientos requeridos que lo acrediten para el cargo, con suficiente solvencia moral para impedir cambios en su personalidad al momento de gobernar, de las cuales Sánchez (2015) hace referencia a un desdoblamiento de su personalidad, estableciendo que:

Esta doble personalidad… su persona privada, distinta de su persona pública, impide que se piense la dualidad de conductas como una simple estratagema política o estrategia de apariencias y simulaciones. Este fundamental desdoblamiento de su persona en privada y pública constitutivo del político o gobernante, dará lugar a todos los demás desdoblamientos de su conducta y actuaciones (p. 36).

De acuerdo a lo planteado anteriormente, se desprende que en el ejercicio de la función pública por parte de los políticos, también se dan cambios sustanciales que afectan la personalidad de las personas que gobiernan, reflejándose en su conducta y sus actuaciones e incluso en sus inclinaciones personales, que al respecto Rousseau (2005) establece que: “…hay mucha diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad particular; ésta solo mira al interés común; la otra mira al interés privado” (p. 33) evidenciándose así mismo las diferentes transformaciones, de igual manera el mismo autor agrega que: “…la voluntad general siempre es recta, pero el juicio que la guía no siempre es ilustrado” (p. 45), es por ello que éstos cambios internos también se van a proyectar en el accionar de sus actividades, influenciando en un mayor o menor grado las decisiones políticas en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, con esta investigación se pudo definir el rol que cumplen los actores políticos en el diseño de planes de seguridad ciudadana desde la perspectiva de las personas que ejercen cargos en la Administración Pública con capacidad de formular las políticas en seguridad ciudadana y generar las directrices para su ejecución, aspecto importante para la paz, estabilidad de la sociedad y el normal desenvolvimiento de la ciudadanía, partiendo de un análisis que permita proveer un recorrido por diversas posiciones doctrinarias, con la finalidad de contrastarlo con la realidad jurídica venezolana, de manera que se aprecie con claridad la función que están cumpliendo en la actualidad.

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