FUNCIÓN PÚBLICA Y CORRUPCIÓN EN COLOMBIA

DIPLOMADO EN DERECHO DISCIPLINARIO.

FUNCIÓN PÚBLICA Y CORRUPCIÓN EN COLOMBIA

INTRODUCCIÓN

La función pública en Colombia, suscita diferentes reflexiones frente al papel del Estado y la forma en que ejerce la administración pública. Para su análisis, es importante conocer el régimen jurídico bajo el cual opera, las capacidades técnicas y profesionales de quienes la ejercen, la corrupción en su interior, y los impactos negativos que conlleva en la sociedad, que sin lugar a dudas hace parte de una de las problemáticas más notorias en el desarrollo administrativo, económico, social y político de nuestro país. Este análisis que hace parte del presente ensayo, se enmarca en la siguiente pregunta ¿qué elementos son necesarios para mejorar el desempeño gubernamental en Colombia?

I. Normatividad y función pública:

Con el fin de dar desarrollo al presente ensayo es importante traer a colación, lo que significa el término de Función Pública; a continuación, se expone una definición desarrollada por Martínez y Rodríguez (2008):

La función pública es la expresión que desde el punto de vista jurídico ha servido para identificar esta faceta de la administración relacionada con el talento humano, vale decir, con las personas que bajo diversas modalidades se encuentran vinculadas al Estado (p.23).

La Constitución Política de Colombia contiene diversos artículos referentes al servicio público (Título V de la Organización del Estado. Capítulo 1. De la Estructura del Estado Capítulo 2. de la Función Pública). De estos apartados, Quinceno, Cabrera, Salguero, Prada y Chica (2008) resaltan:

determinación de las funciones de los empleos, la solemnidad previa a la asunción de funciones públicas y la pérdida de derechos políticos como consecuencia de malos manejos de los recursos públicos,(recientemente adicionado con el acto legislativo N° uno de 2004, producto del único punto del referendo que fue aprobado); el control al nepotismo y a la concentración de ingresos, provenientes del tesoro público, en personas pertenecientes a pocas familias; el régimen disciplinario del servidor público y sus inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones; se explicitó también que el servidor público se debe al Estado y a la sociedad; se cambió sustancialmente la condición de minusvalidez política que caracterizaba a los empleados públicos, especialmente los de carrera administrativa, por una abierta participación, en los términos que señale la ley, en las contiendas y actividades de los movimientos y partidos políticos, salvo contadas excepciones; se estipuló igualmente que el nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso. (p. 13.)

Pese a que la Constitución Política de Colombia de 1991, incluye y defiende los principios de democratización y el deber del funcionario público a ejercer un papel calificado para llevar a cabo correctamente las funciones del Estado, el sentido burocrático actual actúa de manera contraria a aquella dominación burocrática que Weber introdujo, basado en una jerarquía de servidores de calidad y características técnicas que lo capacitan y facultan para manejar y ordenar los asuntos de la sociedad (Restrepo, 2011).

Martínez y Rodríguez (2008) refuerzan esta idea aduciendo que:

La existencia de una Administración profesional es una seña de identidad de las democracias avanzadas contemporáneas. La profesionalización de la Administración Publica es considerada por la inmensa mayoría de los estudiosos y expertos como una fuerza central en el combate de la corrupción. (p.72)

Por otro lado, la centralización de la administración pública en cabeza de la presidencia de la Republica en lo referente a la contratación (otorgada por la Constitución Política) riñe con la descentralización asignada a los gobiernos locales, lo que hace aún más complejo el análisis de la función pública y pone en entredicho la eficacia, control y regulación de la dinámica del servicio público en el país y transparencia en la contratación de servidores públicos.

En el marco de la Ley 1474 del 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” se establece un instrumento que controla y regula las conductas corruptas en el ámbito de la gestión pública legitimando los dictámenes constitucionales que atañen al servidor público.

Sin embargo, en la actualidad, muy por el contrario de lo que la Constitución y los lineamientos normativos en materia administrativa estipulan, el país sufre del flagelo de la corrupción-de manera cada vez más visible-, centralización del poder, rigidez, ineficacia, clientelismo político, y procesos de selección del recurso humano que nada tiene que ver con el mérito profesional.

La Comisión del Servicio Civil (Artículo 130 de la Constitución) y la Ley 1150 de 2007 que propone la puesta en marcha del Portal único de contratación SECOP, son dos herramientas que procuran por la meritocracia en la contratación estatal, buscando idoneidad del perfil profesional, la inclusión y la transparencia que el Estado debe, por sus principios constitucionales, garantizar. Estos sistemas a la fecha no escapan a los escándalos de corrupción que han representado un perjuicio sin precedentes en el país, lo anterior se ve expuesto en lo afirmado por Nieves (2014):

Lo que en su momento se creó como un alivio para el gobierno, se plantearía sí ¿terminaría siendo un dolor de cabeza para el país?, pues paralelo a esto, se hizo más visible el problema de la corrupción; que se dio tanto a nivel político como administrativo. Detrás de cada contrato existían intereses de por medio de tipo económico, en donde contiguo a la adjudicación de cada contrato venían enmascarados muchos favores políticos que se debían pagar y qué mejor forma con la adjudicación a dedo de muchos de estos acuerdos. (p.04).

II. La corrupción en la Administración Pública

La historia de la política y la función pública en Colombia, deja expuesta una lucha contra la corrupción que desde cualquier punto de vista genera indignación. Esto porque dentro los principios y valores de los ciudadanos que asumen cargos públicos y/o que incurren en una carrera política, debiera de ser inherente el respeto por los recursos y la prioridad que tiene la responsabilidad al servir a la sociedad colombiana.

Por lo cual, tener herramientas jurídicas (las más actual la Ley 1474 del 2011 “Estatuto Anticorrupción”) o más

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