Reforma Re-equilibrio De Poderres

Cuenta Michel de Montaigne en sus Ensayos que un legislador antiguo ordenó que quien quisiera proponer o modificar una ley tendría que presentarse ante el pueblo con una cuerda al cuello, y si no lograba convencer de la bondad de su propuesta debía ser ahorcado. Esta es, por fortuna, una costumbre remota, pues causaría tal mortalidad entre nuestros políticos que no sería posible discutir el tema de la reelección a cualquier cargo por simple sustracción de materia.

La propuesta de reforma de “reequilibrio de poderes que presentó el Gobierno esta semana confirma que estamos cada vez más lejos de la sabiduría de los antiguos porque las leyes – y la Constitución- se reforman como si fueran las cosas más triviales.

Esta “reformitis” continua conlleva el riesgo de que las nuevas disposiciones acaben anulando los efectos de las disposiciones previas o volviéndolas inoperantes.

En este caso el proyecto de Acto Legislativo se basa en un diagnóstico asombroso por su simplismo y su carácter radical, impreciso y poco sustentado, según se puede ver en una frase como esta: “la práctica política y el funcionamiento de algunas de las instituciones constitucionales han afectado la legitimidad de los poderes públicos, producido riesgos de injerencia indebida de un poder sobre otros, causado déficits de representación de algunos territorios e incrementado el costo de las campañas políticas” (énfasis añadidos).

Al querer remediar de un solo golpe todos estos problemas -reales o supuestos- la reforma corre de entrada el riesgo de la dispersión, pues reúne tanto propuestas de modificación del sistema electoral propias de una reforma política como otras del sistema judicial y de los organismos de control.

Hace ya buen tiempo que en Colombia cada elección viene con su reforma política previa o posterior (fue así en 2003, 2004, 2009 y 2011), al punto que parecería que las reformas acaban siendo más numerosas que las elecciones.

Esta “reformitis” continua conlleva el riesgo de que las nuevas disposiciones acaben anulando los efectos de las disposiciones previas o volviéndolas inoperantes. Por ejemplo, la figura de las coaliciones para cargos uninominales introducida en la reforma de 2011 actuó en contravía de la candidatura única por partido impuesta por la reforma de 2003.

Y la propuesta actual ilustra este problema en forma paradójica, porque su justificación consiste en que viene a corregir una reforma anterior que no había sido suficientemente fundamentada: la de 2004, que permitió la reelección presidencial.

Reelección y representación nacional

Eliminar la reelección fue una promesa de campaña del candidato ganador, pues sus efectos negativos habían sido objeto de muchas discusiones, inclusive a raíz de la reelección del propio Juan Manuel Santos.

Las razones para acabar con esta figura son múltiples e incluyen, entre otras: su vicio de origen por la forma como fue adoptada, el desequilibrio institucional que introduce por el poder de nominación acumulado durante ocho años por un mismo presidente, o la ventaja difícil de superar del presidente-candidato cuando este se postula a la reelección.

El único punto en común de todos los mecanismos mencionados en el proyecto es que podrían ser considerados como medios para mitigar el efecto de la reelección. Pero esto plantea una paradoja porque, de cierta forma, el proyecto pretende hacer lo que la reforma de 2004 no hizo: mitigar los efectos de la reelección sobre el equilibrio de poderes. No obstante, su primer acto consiste precisamente en suprimir la reelección, con lo que desaparecería la justificación de las otras medidas que propone.

Uno no se explica cómo un proyecto que pretende derogar una reforma improvisada y hecha en beneficio de un presidente particular, resulta abriendo la caja de Pandora de muchas otras ocurrencias sueltas que, posiblemente, serán derogadas mañana por las mismas razones.

Pero esta no es la única propuesta dentro del proyecto que parece una ocurrencia precaria, fundamentada en un diagnóstico insuficiente y con efectos impredecibles (nos contentaremos acá de comentar las propuestas en relación al sistema electoral, dejando las que se enfocan al sistema judicial o a los organismos de control a colegas más calificados en la materia). Por ejemplo, en cuanto a los llamados “senadores regionales”, el proyecto supone que ciertos departamentos carecen de representación en el Senado, como si los votos de estos electores no existieran o no tuvieran efecto alguno. En este punto, los postulados implícitos del proyecto son dos:

1. Que la representación es necesariamente personal, como si lo electores no otorgaran su voto a un partido; esto ignora los principios del sistema electoral diseñado por la reforma de 2003.

2.

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