Sistema De Justicia Penal Adversarial Y Oral

6. MARCO TEORICO:

En México, la discusión acerca del sistema óptimo de administración de justicia no es nueva y varía según el entorno y coyuntura social, no ajena a disputas políticas y fenómenos sociales. Hemos transitado desde la instauración de sistemas inquisitivos, pretendiendo ser garantistas pero con un insalvable sistema burocrático (escrito) en la procuración e impartición de justicia.

En junio-2008 reforma de la Constitución Federal.

El artículo 20 constitucional ya reformado empieza diciendo: “El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación”.

El proceso penal se analiza desde diversas perspectivas para la situación actual que se vive en nuestro país; la prevención de los delitos es una de sus finalidades; la correcta aplicación (procedimiento) de las normas concernientes a castigar a los delincuentes tiene efectos netamente preventivos; la persuasión por medio de la ejemplaridad de un correcto sistema de procuración de justicia producirá siempre seguridad de la sociedad y confianza en sus autoridades. (Moreno Vargas 2011).

ANTECEDENTES:

La permanente necesidad de sostener una adecuada procuración e impartición de justicia es universal. En un entorno globalizado, México no está exento de la obligación de regenerar la infraestructura, el personal profesional y el marco jurídico para lograr este objetivo.

Es una labor que se actualiza cotidianamente. De entre los temas de la consabida reforma del Estado, importantes todos, en el rubro de régimen de Estado y gobierno, quedó comprendida la actividad jurisdiccional y de procuración de justicia. En ese sentido, el cambio de titular del Ejecutivo federal en el 2006, junto a la renovación de los integrantes del Senado de la República y la conformación de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados, fueron acontecimientos propicios para emprender la necesaria adecuación al sistema procesal penal, abarcando todas sus etapas: procuración de justicia (investigación y persecución de delitos), impartición de la misma (el proceso penal seguido ante los tribunales) y la ejecución de sanciones (sistema nacional de readaptación social).

A la crisis de inseguridad que se vive en el país se suma un daño adicional reflejado en el deterioro de la calidad de vida de quienes lo habitamos: la ausencia total de un sistema efectivo de justicia. Para la consolidación del Estado democrático al que aspira ser México se requiere tener una base bien dispuesta de policías, ministerios públicos y jueces comprometidos con la vocación y aptitud para el servicio. De este necesario capital humano, la nación puede tener amplios recursos; sin embargo, el denominado sistema de justicia ha operado de una forma ineficiente y poco convincente, dando como resultado impunidad e inconformidad. (Mondragón 2012)

Todo sistema jurídico instituido con el objetivo de brindar acceso a la justicia, se fundamenta en principios de igualdad, legalidad y seguridad, dependiendo del lugar se les puede llamar garantías, enmiendas, salvedades, etc.

En el entorno de la buscada y siempre inacabada reforma del Estado, el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que en términos generales disponen una transformación integral al sistema procesal penal, modificando el marco jurídico de las investigaciones, procesos y readaptación social.

Como punto medular de esta reforma (la cual obliga, de acuerdo a sus artículos transitorios a expedir las leyes adjetivas correspondientes, la infraestructura institucional y las políticas públicas acordes a la reforma constitucional en un plazo no mayor de ocho años), el Poder Ejecutivo federal presentó ante la Cámara de Diputados, el pasado 22 de septiembre de 2011, la iniciativa de ley por la cual se expide un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales que pretende dar cumplimiento puntual a la referida reforma a la Constitución.

Las perspectivas, escenarios y realidades de esta iniciativa presidencial puede verse como el punto de coincidencia de diversas propuestas que ya se han presentado sobre el mismo tema, lo cual constituye un material de trabajo del Congreso de la Unión, como parte integrante de los poderes federales de donde nacerá el instrumento jurídico que regule el proceso penal federal, que merece todo el apoyo y voluntad política posible.

El ejercicio del poder público se ejerce predominantemente a través de su ejecutivo, incluyendo regímenes parlamentarios; la jefatura de gobierno es la encargada de la aplicación de las disposiciones legales.

En materia penal se combinan las facultades del titular de los tres órdenes de gobierno con facultades constitucionales para la investigación y persecución de los delitos en conjunción con las atribuciones (también emanadas de una ley suprema) del Poder Judicial, encargado de determinar, con base en los resultados de la actividad del primer poder mencionado, para comprobar la responsabilidad de una persona infractora o transgresora de las leyes y sujetarla a la función jurisdiccional.

Los sistemas de impartición de justicia representan el entorno legal e institucional por el cual, de una forma ordenada y prevista expresamente por una ley, la función de los poderes del Estado se manifiestan sobre una persona responsable de cometer una conducta merecedora de una sanción de naturaleza penal.(Acevedo Nieto 2011).

Luego entonces, la seguridad pública (prevención y contención de acciones delictivas) no está considerada como parte de la responsabilidad institucional del Estado y, por lo tanto, su intervención cuando la ley se infringe y existe un daño a personas integrantes de la sociedad.

El sistema de administración de justicia denominado inquisitivo se caracteriza por la labor predominante de las autoridades pertenecientes al Poder Ejecutivo (policía y ministerio público).

En los gobiernos cuya administración de justicia se desenvuelve bajo este sistema, la mayor parte de las funciones que forman el proceso recaen en el fiscal y el juzgador, actuando comúnmente al estilo del término “juez y parte”.

Es decir, la investigación en la comisión de un delito, la identificación del presunto responsable, su retención y/o detención, la integración de todas las pruebas conducentes a demostrar la culpabilidad de una persona (pruebas periciales, testimonios, confesiones, informes, etc.) corresponden a instituciones del Poder Ejecutivo.

Si bien es cierto que en México, desde la promulgación de la Constitución

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