Tratamiento De Menores Infractores

Los menores que incurren en la comisión de algún delito reciben un tratamiento especial, ya que para ellos existe una ley a la que se denomina “Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia Federal”. Esto, considerando que niños y adolescentes son muy vulnerables ante la exclusión social, que en muchas ocasiones es aprovechada por terceras personas para hacerlos incurrir en conductas tipificadas como delitos, donde influyen también elementos criminógenos como las zonas marginadas, quebrantamiento del estrato social y familiar.

El planteamiento de la justicia para menores infractores no es para señalarlos como un sector potencialmente peligroso, sino como un sector que debe ser protegido ante las influencias negativas de quienes se fortalecen ante la imposibilidad de actuación que tienen las autoridades que aplican la ley

El 12 de diciembre de 2005 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por medio del cual se reformaba el artículo 18 de la Carta Magna en lo relativo a los menores de edad que infringen la ley penal, como producto de diversos análisis y de un proceso legislativo de casi 2 años. Es así como el proyecto inicial del 4 de noviembre del 2003, es modificado para llevar a cabo una atención especializada para aquellas personas menores de edad que han realizado una conducta tipificada como delito y es sancionada por las leyes penales.

Esta reforma abarca temas sustanciales entre los que destacan:

1. Obligación de establecer un sistema integral de Justicia para quienes hayan realizado una conducta tipificada como delito y que tengan más de 12 y menos de 18 años de edad al momento de la comisión de la conducta, por parte de la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

2. Establecimiento para los menores de 12 años de un sistema de rehabilitación y asistencia.

3. Establecimiento de formas alternativas de justicia.

4. Garantía de debido proceso legal.

5. Independencia entre las autoridades que efectúan la remisión y las que imponen la medida.

6. Medidas proporcionales a la conducta realizada,

7. con el fin de lograr la reintegración social y familiar, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades.

8. Aplicación de medidas de orientación, protección y tratamiento.

9. Principios sustantivos del interés superior del niño, protección y especificidad de la materia.

10. Aplicación del tratamiento interno como medida extrema por el tiempo más breve que proceda, únicamente para mayores de 14 años y por conductas calificadas como graves.

11. La creación de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes.

Por otra parte, el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por medio del cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones específicas en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en materia de Seguridad y Justicia en 10 artículos, 7 de los cuales son en materia Penal, 1 sobre facultades del Congreso de la Unión, 1 sobre Desarrollo Municipal y el último en materia Laboral, reconociéndose su importancia en un cambio sustancial dentro del sistema penal que actualmente opera en México.

En el tema específico del menor de edad que infringe la ley penal, se presentó entonces, el reto de atenderlo con un sistema especializado, como se refirió en la Constitución en la reforma específica tres años antes (2005). Lo anterior no obstante del reconocimiento hecho de un sistema no penal, sino integral especializado, sin perderse de vista que el referente es la comisión de una conducta tipificada como delito en las leyes penales, situación importante de resaltar

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