MENORES INFRACTORES

En México se capturan entre 30 y 40 mil jóvenes al año por cometer algún delito, según algunos cálculos. Pero, ¿cuántos de ellos pueden reintegrarse a la sociedad? No se sabe. No existen estadísticas oficiales, pero la realidad revela que es un porcentaje mínimo. A los jóvenes de entre 18 y 25 años con un alto nivel de violencia se les conoce como "corregendos" en los Centros de Readaptación Social, especialmente en los del Distrito Federal, donde se concentra la mayor población de reclusos. Estos muchachos, que son temidos por otros internos, tienen como antecedente común haber estado en un Consejo de Menores en su adolescencia para ser rehabilitados. Pero el sistema falló. Una investigación del Centro de Investigación y Docencia Económica en 2009 indica que uno de cada tres sentenciados en cárceles había estado preso o internado en una institución para menores infractores. En ese análisis se menciona que 40 por ciento de la población interna tiene entre 18 y 30 años.

Además, la justicia penal para menores, con los programas de reeducación y reincorporación a la sociedad que conlleva, no tiene éxito. Sólo se reproducen los vicios del sistema para adultos y carecen de recursos humanos especializados, así como de los económicos, explica Francisco Castellanos, quien es uno de los miembros del centro de prevención comunitaria Reintegra.

La preocupación de los menores infractores ya había sido un punto a discusión en México. El intento legislativo fue bueno, pero su aplicación aún es cuestionada.

En 2005 se reformó el artículo 18 de la Constitución, lo que abría la posibilidad a implementar un sistema integral de justicia penal para adolescentes, entre 12 y 18 años.

Esta reforma garantiza en el papel que los adolescentes que cometan una conducta descrita en los códigos penales como delito, sean juzgados por tribunales y procedimientos específicos, y que la responsabilidad, por tanto la sanción, del adolescente por el acto cometido, se exprese en consecuencias jurídicas distintas de las que se aplican en el sistema para los adultos.

Con ello quedaba abierta la posibilidad de que el joven, dependiendo de la gravedad de su acción, resarciera en libertad el daño que cometió. Como un último recurso extremo se utilizaría el internamiento de los mayores de 14 años.

Victoria Adato Green, coordinadora del Programa sobre Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, asegura que con este proceso de reforma cada estado tuvo que regular su código penal, por lo que existe una legislación plural que plantea sanciones para los menores de 7, 10, 15 y hasta de 20 años de reclusión, pena similar a la de los adultos.

En algunos estados de la República incluso no existen medidas alternativas a la internación de jóvenes.

"Existe una simulación en la aplicación de la justicia penal para menores. Se preveía que habría Ministerios Públicos, jueces, agentes, psicólogos y terapeutas capacitados de manera profesional para la atención de los adolescentes en conflicto con la ley y (trabajar en su reinserción, pero hoy a lo que más se llega es que los actuales funcionarios reciban una especialización en dos meses", advierte Adato Green.

La reincidencia entonces es frecuente. El Programa Nacional de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública identifica que, antes de cumplir la mayoría de edad, 30 por ciento de los menores infractores que ingresan al sistema de justicia juvenil comete su segunda felonía.

Las principales faltas por las que los menores infractores llegan ante el Ministerio Público son, en primer lugar, robo, con 38%; le siguen las faltas administrativas, con 35 por ciento; contra la vida, la integridad y la seguridad de las personas, 12 por ciento; contra la salud, 6 por ciento; contra la integridad y libertad sexual, 4 por ciento; y el resto se debe a diversos delitos.

Víctimas o victimarios

Emilio Álvarez Icaza, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, asegura que los jóvenes infractores han sido víctimas de dos sistemas: el penal, que no reintegra a los menores, y el social, donde no se ha generado un acceso

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