Unidad 1. Representación política y elecciones

Unidad 1. Representación política y elecciones

Introducción

En las democracias modernas los ciudadanos eligen a sus representantes a través del voto siguiendo un conjunto de reglas que pueden definirse, en un sentido amplio, como el derecho electoral de un país determinado. Es cierto que la democracia representativa tiene otras características importantes, como la división de poderes o el reconocimiento de los derechos civiles con usos políticos, pero el fundamento de la democracia representativa son las elecciones, en la medida en que la hacen funcional, permitiendo a los ciudadanos elegir a sus gobernantes y representantes.

Por ello, las elecciones democráticas deben ser auténticas y respetar la voluntad ciudadana en la integración de los órganos electos. En México, la organización de las elecciones y las características del sistema electoral son, en gran medida, una reacción al pasado de este país relacionado con la celebración de elecciones periódicas, pero no auténticas, ni competitivas. Para estudiar esto en contexto, se considera conveniente que en esta Unidad se definan los conceptos de democracia y elecciones, se aborde el desarrollo de las elecciones en el contemporáneo sistema político mexicano y se expliquen las características del sistema electoral, particularmente lo referente a las reglas mediante las cuales se elige al titular del Poder Ejecutivo y se convierten los votos en escaños para la integración del congreso. 

1.1 ¿Qué es la democracia?

Es importante tener presente que no existe una definición de la democracia aceptada en su totalidad y reconocer con objetividad que el ideal democrático no existe en la realidad (Sartori 1988, 27). No obstante, para los propósitos de este curso es necesario contar con una base conceptual mínima. En este sentido, conviene apuntar que las democracias modernas son fundamentalmente representativas, ya que imaginar que todos los ciudadanos de una sociedad puedan participar en la discusión y toma de decisiones respecto de todos los asuntos públicos resulta impensable. En tal virtud, la democracia representativa[1] podría entenderse como un sistema de gobierno en el que los ciudadanos gobiernan indirectamente a través de los representantes que eligen (Schumpeter 1964, 269).

Sin embargo, el ejercicio del poder político otorgado a los representantes en la toma de decisiones no es absoluto, ni permanente, ya que en las democracias representativas existen los siguientes procesos institucionales básicos para limitar los excesos de los gobernantes (Vázquez y Serrano 2011, 41):

• La renovación periódica de los cargos públicos mediante elecciones competitivas, libres y auténticas.
• La división de poderes.
• Los derechos civiles con usos políticos.

En esta sección solo[2] se profundizará sobre los últimos dos puntos, ya que el tema de las elecciones se abordará con mayor detalle más adelante.

La división de poderes

La división del poder público implica la fragmentación de este a efecto de limitar las competencias y atribuciones de las instituciones que lo conforman, estableciendo contrapesos entre sí para controlar el ejercicio del poder y evitar que se abuse de él. En este orden de ideas, los tres poderes del gobierno son:

• El Poder Ejecutivo. Se refiere a la rama del poder público responsable de la gestión diaria del Estado, es decir, de administrar y gobernar. El Poder Ejecutivo es unitario y está depositado en el Jefe de Gobierno (presidente o primer ministro). En las repúblicas, el Jefe de Gobierno es también el Jefe de Estado; mientras que en las monarquías el rey es el Jefe de Estado, aunque en las monarquías parlamentarias su función solo es simbólica.

• El Poder Legislativo. Es la rama del poder público cuya función primordial consiste en la elaboración y modificación de leyes. Esta tarea generalmente está a cargo de un cuerpo deliberativo (congreso, parlamento o asamblea) que puede ser unicameral o bicameral.

• El Poder Judicial. Es la rama del poder público encargada de la aplicación e interpretación de las leyes, en casos concretos entre particulares o entre estos y el Estado. Los órganos judiciales (cortes, tribunales o juzgados) suelen gozar de imparcialidad y autonomía. Generalmente existen varios niveles (geográficos) de los tribunales, siendo las decisiones de los tribunales inferiores apelables ante tribunales superiores. Los integrantes del Poder Judicial normalmente son nombrados por alguno de los otros dos poderes.[3]

Los tres poderes públicos son: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales existen para funcionar como contrapesos entre sí a fin de controlar su ejercicio y evitar abusos de poder.

Los derechos civiles con usos políticos

Una democracia requiere que haya ejercicio pleno y real del derecho al voto y la existencia de la competencia libre y justa entre distintas opciones políticas. Para que esto sea posible, los ciudadanos deben gozar de un amplio conjunto de derechos y libertades. Son especialmente importantes los derechos civiles con usos políticos, como las libertades de expresión, de manifestación, de reunión y de asociación, así como el derecho de acceso a las fuentes alternativas de información (Dahl 1989 y 1999; Vázquez y Serrano 2011, 41).

Asimismo, es muy importante la libertad de opinión pública, la cual solo puede existir si el proceso de toma de decisiones gubernamental es público y hay posibilidad de expresar opiniones políticas sin ningún tipo de represalia en todo momento. Ya que la opinión pública es la manifestación de una expresión colectiva que comparte un número importante de ciudadanos, los representantes no pueden ignorar estas demandas en la toma de decisiones (Manin 1998, 210). Por lo tanto, el desarrollo de una opinión pública es importante porque permite que la ciudadanía influya en las decisiones de sus gobernantes.

Cabe destacar que la efectividad de estas libertades políticas es extremadamente importante, en sí y porque son condiciones necesarias para la existencia del régimen democrático (O’Donnell 2015, 25). Sin ellas los ciudadanos no tienen el poder real de influir y controlar las decisiones de los gobernantes, ni de expresar sus opiniones políticas o formar asociaciones con fines políticos.

Los derechos civiles con usos políticos son necesarios para la existencia de una democracia y para influir en la toma de decisiones de los gobernantes. 

...