Uso de drones en vigilancia y patrullaje policial: ¿Mejora la vigilancia preventiva? Retos legales y de aceptación ciudadana

Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado

Licenciatura en Seguridad Pública

“Uso de drones en vigilancia y patrullaje policial: ¿Mejora la vigilancia preventiva? Retos legales y de aceptación ciudadana”

Claudia Ramírez

Guanajuato, Gto., a 17 de septiembre de 2025

Índice

I. Introducción

II. Desarrollo

   II.1. Marco Jurídico

   II.2. Marco Teórico

   II.3. Beneficios del uso de drones

   II.4. Riesgos y limitaciones

   II.5. Marco referencial y ejemplos internacionales

III. Conclusiones

   III.1. Propuestas

IV. Referencias

I. Introducción

En la última década, el avance tecnológico ha transformado de manera significativa las estrategias de seguridad pública. Una de las innovaciones más relevantes ha sido la incorporación de vehículos aéreos no tripulados (drones) en labores de vigilancia, patrullaje y prevención del delito. Países como Estados Unidos, España y Colombia han mostrado experiencias exitosas en el uso de drones para supervisión aérea, control de multitudes y apoyo en emergencias, lo que plantea la posibilidad de su implementación sistemática en México.

De acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (2023), las ciudades latinoamericanas que han implementado programas piloto de videovigilancia aérea reportaron una reducción promedio del 18% en delitos de oportunidad en zonas urbanas. Esto muestra que el uso de drones no es únicamente un recurso innovador, sino una herramienta que puede generar impactos tangibles en la seguridad ciudadana.

La hipótesis que guía este ensayo es: “El uso de drones mejora la vigilancia preventiva, aunque enfrenta retos legales y de aceptación ciudadana que condicionan su efectividad”.

El análisis se desarrollará considerando el marco jurídico nacional e internacional, los beneficios operativos y preventivos de los drones, los riesgos en materia de privacidad y derechos humanos, así como la percepción social respecto a su implementación. La reflexión busca determinar si esta herramienta tecnológica es viable y sostenible para fortalecer la seguridad pública en un contexto democrático.

II. Desarrollo

II.1. Marco Jurídico

En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los estados y los municipios, quienes deben actuar bajo principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la Carta Magna aún no contempla de manera explícita la regulación de tecnologías como drones en tareas policiales.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) señala la necesidad de profesionalización y uso de tecnologías para la prevención del delito, lo cual abre la puerta al empleo de sistemas aéreos no tripulados como parte del equipamiento policial.

Por otro lado, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza (LNUF) establece que toda acción de vigilancia debe garantizar proporcionalidad, necesidad y rendición de cuentas. Esto implica que el uso de drones, aunque no represente fuerza letal, debe regirse bajo estándares de legalidad y supervisión para evitar abusos, especialmente en lo relativo a la videovigilancia.

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados también cobra relevancia, pues regula la recolección, almacenamiento y resguardo de información de los ciudadanos, un punto clave en el manejo de grabaciones obtenidas por drones.

En el ámbito internacional, el Reglamento General de Protección de Datos (UE, 2016/679) y las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2017) enfatizan que toda tecnología de vigilancia debe equilibrar seguridad y respeto a la privacidad. Estos lineamientos son relevantes para México, donde la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad es un desafío constante.

II.2. Marco Teórico

El marco teórico que sustenta el uso de drones en la seguridad pública se relaciona con las teorías criminológicas y las innovaciones tecnológicas aplicadas al control del delito.

II.2.1. Vigilancia preventiva
La vigilancia preventiva busca anticipar la comisión de delitos mediante monitoreo constante de espacios públicos. Los drones permiten cubrir áreas extensas, transmitir imágenes en tiempo real y reducir tiempos de respuesta ante emergencias. Según la teoría de la prevención situacional del delito (Clarke, 1997), el incremento en la supervisión y la visibilidad policial reduce la probabilidad de delitos de oportunidad.

II.2.2. Tecnologías aplicadas a la seguridad pública
El uso de drones se enmarca dentro de la llamada seguridad inteligente, que integra inteligencia artificial, geolocalización y análisis de datos para fortalecer la labor policial. Lyon (2018) plantea que la sociedad actual se encuentra inmersa en una 'cultura de la vigilancia', donde la tecnología redefine la relación entre ciudadanos y autoridades. Según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (2023), la videovigilancia aérea contribuye a disminuir la incidencia delictiva en zonas urbanas con alta densidad poblacional.

II.2.3. Retos legales y éticos
Uno de los principales riesgos es el posible uso indebido de la información captada por drones. Sin una regulación clara, existe la posibilidad de violar el derecho a la privacidad y a la libre circulación. Además, el uso de drones en manifestaciones o protestas puede generar tensiones con los derechos de reunión y libertad de expresión. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el uso de tecnologías de videovigilancia debe sujetarse a los principios de proporcionalidad y necesidad.

II.2.4. Aceptación ciudadana
Diversos estudios muestran que la percepción social respecto al uso de drones depende de dos factores: confianza en la autoridad que los opera y finalidad clara y transparente del dispositivo. En países como España, donde se han usado drones para patrullajes comunitarios, los niveles de aceptación fueron altos cuando se comunicó a la ciudadanía que el objetivo era reducir delitos de oportunidad y mejorar la seguridad vial. En México, donde la confianza en instituciones de seguridad es limitada, la aceptación ciudadana constituye uno de los principales retos.

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