Estatuto Administrativo

Desarrollo

Estatuto Administrativo

Artículo 1º.- Las relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y de los servicios públicos centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de la función administrativa, se regularán por las normas del presente Estatuto Administrativo, con las excepciones que establece el inciso segundo del artículo 21 de la ley Nº18.575.

En su Génesis el Estatuto Administrativo, como cuerpo legal que regula la relación entre funcionarios públicos y el Estado, es parte del derecho público y nace a partir de garantizar a los trabajadores que se desempeñan en el sector público una carrera funcionaria, esto es, que por medio de una serie de etapas el funcionario pueda transitar y lograr acceder a posiciones de mayor responsabilidad y jerarquía en un servicio público determinado, tomando como fuente sus competencias, méritos e idoneidad. Así también, mediante la aplicación de principios técnico-profesionales, el estatuto administrativo tiene como propósito la definición de un sistema de ingreso, la entrega de herramientas que capaciten y perfeccionen al funcionario al del sector público en el cumplimento de sus funciones.

Entonces dado lo anterior podemos ver que el derecho en términos generales está dividido en dos ramas, el derecho público y el derecho privado. En este caso el estatuto administrativo se regula por el derecho publico la cual tiene como definición “regular el orden general del Estado y las vinculaciones entre los sujetos dotados de imperio; determina la organización y las funciones de los servicios de que se vale para realizar sus fines y regla las relaciones entre éste con sus súbditos o con otros Estados” (Ministerio del Interior, 2002).

Es complejo definir el concepto de estatuto administrativo, ya que no se queda solamente en establecer derechos, deberes y garantías, además se constituyen “los procedimientos técnicos de selección, formación, calificación, promoción, distribución, organización y dirección del personal y regulan a su vez las formas como surge y se extingue la relación jurídica que vincula a ese personal con la Administración” (Rojas, 2007).

El estatuto que rige a los funcionarios públicos es “el conjunto orgánico de normas que establecen los derechos y obligaciones de los funcionarios o empleados. Un estatuto, entonces, debe comprender todo aquello que se relacione con los derechos y obligaciones de los agentes estatales” (Rojas, 2007). El estatuto administrativo no es aplicable a la Contraloría General de la República, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Publica, los gobiernos regionales, al Consejo Nacional de Televisión y a las empresas públicas creadas por ley.

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