Historia ENSAYO SOBRE PROCEDIMIENTO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE DERECHO

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ENSAYO SOBRE PROCEDIMIENTO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO

PRACTICA TRIBUTARIA

DRA. VIVIANA PERESZ

DAYSY CHAVEZ

NOVENO “A”

INDICE

CARATULA  …………………………...…………………………………….  1

INTRODUCCION…………………………………………………………….  3

DESARROLLO ……………………………..………………………………..  4

CONCLUCCIONES…………………………….…………………………….. 5

BIBLIOGRAFIA……………………..……………………………………….. 5

INTRODUCCIÓN

En nuestro país, la legislación del procedimiento administrativo no tiene una larga tradición. Sin embargo, los antecedentes constitucionales se remontan a la Constitución de 1830 (Art. 186, Título XXVI, Disposiciones Generales), cuando dispuso: "Ningún funcionario público expedirá, obedecerá ni ejecutará órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución o a las leyes, o que violen de alguna manera las formalidades esenciales prescritas por éstas; o que sean expedidas por autoridades manifiestamente incompetentes" (resaltado nuestro). La jurisdicción contencioso administrativa puede definirse como el conjunto de órganos judiciales encargados de controlar la legalidad y la legitimidad de los actos, hechos y relaciones jurídico-administrativas. Como hemos dicho, no se trata de una "jurisdicción ordinaria" sino de una jurisdicción especial. Es decir, se trata de una parte del poder judicial del Estado cuyo ejercicio está encomendado a unos órganos judiciales determinados y especializados por razón de los sujetos sometidos a control o por razón de la materia. La justicia contencioso-administrativa emana ancestralmente de la necesidad de la separación y control de poderes, según la cual cada uno de ellos se organice en forma independiente y autónoma dentro de sus propias funciones, esto ya lo observábamos desde las teorías de Aristóteles. En el Ecuador los primeros datos de esta institución jurídica, se da en la Constitución de 1906, en la que se establece la potestad al Consejo de Estado de conocer y decidir sobre los fallos del llamado Tribunal de Cuentas y posteriormente de las resoluciones de la Contraloría General de la Nación, aunque de esto no había constancia expresa sino era de manera práctica. Luego el 18 de marzo de 1968, se crea la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, promulgada en el registro oficial #338, que instituye y regula el procedimiento de las impugnaciones en sede judicial de las actuaciones de la administración pública, y establece la organización y funcionamiento de la jurisdicción contencioso-administrativa. El proceso contencioso administrativo en nuestro país se fundó como un instrumento de control de la actividad administrativa, las Constituciones sucesivas no dejaron de reconocer dicha potestad jurisdiccional. Nuestra Constitución vigente redactada en ciudad de Alfaro, Montecristi, aprobada por referéndum popular, reconoce el control y responsabilidad administrativa-judicial de las actividades administrativas, estableciendo para ello organismos y mecanismos objetivos para su transparencia.

DESAROLLO

Respecto del proceso contencioso administrativo nuestro ordenamiento jurídico establece los siguientes preceptos fundamentales, en razón de los principios de legalidad, constitucionalidad, de auto tutela administrativa y tutela jurisdiccional final.

La constitución de la República del Ecuador en sus artículos 173 y 233 estable que los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial; y menciona que todos los servidores públicos son responsables administrativa, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en las funciones a su cargo, como del manejo de los componentes que integran la administración pública. El texto constitucional introduce la posibilidad de impugnar en sede judicial los actos administrativos los cuales constituyen la primordial forma de declaración administrativa, más no la única. Recordemos que dentro del ámbito de la administración pública, existen los actos de administración, reglamentos administrativos, contratos administrativos, y que todas estas formas de manifestación administrativa son justiciables; por lo que considero que la norma legal debería expresar que todas las actividades ilegítimas de autoridad pública no judicial podrán ser impugnadas tanto en vía administrativa como judicial.

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