Memorial De Amparo

AMPARO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO, CONSTITUIDO EN TRIBUNAL DE AMPARO.

DIEGO ARMANDO PELE, de ochenta y seis años de edad, casado, guatemalteco, militar retirado, con domicilio en la ciudad de Guatemala; actuó bajo el auxilio, dirección y procuración de los Abogados ESTEBAN KIEHNLE MENDEZ y CATALINA DIAVELÍS MIGUEL FRANCISCO cuya oficina profesional ubicada en la cero calle treinta y siete guion ochenta de la zona ocho de la ciudad de Quetzaltenango en el departamento de Quetzaltenango, señalamos como lugar para recibir notificaciones. En forma atenta y respetuosa comparecemos a este órgano jurisdiccional con el motivo de interponer ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AMPARO, en contra de la SALA PRIMERA DE APELACIONES, entidad que podrá ser notificada en la Torre de Tribunales de la ciudad de Guatemala. Se hace del conocimiento de este Tribunal Constitucional el siguiente tercero interesado: Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA). Para el efecto manifestamos lo siguiente:

RELACIÓN DE LOS HECHOS QUE MOTIVA EL AMPARO:

a) El 13 de noviembre del año 1970, se desata, en Guatemala, un movimiento revolucionario con el fin de modificar las bases políticas del Estado de Guatemala, y utilizar al mismo como distribuidor de la igualdad de sus habitantes, aun violentando los derechos de propiedad privada y de libertad de acción de los mismos habitantes. Inspirados en los ideales comunistas y marxistas, en el éxito de la revolución cubana de mil novecientos cincuenta y nueve, en las políticas de gobierno implementadas por el ex presidente de Guatemala, Juan José Arévalo Bermejo, y el Decreto 900 promulgado por el también ex presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz Guzmán, se le da nacimiento a este movimiento revolucionario. Debido a este movimiento revolucionario, se presento un conflicto armado interno entre los representantes y combatientes de este movimiento revolucionario, mejor conocidos como guerrilleros, y entre las fuerzas militares del Estado de Guatemala, quienes defendían el orden democrático y constitucional de Guatemala y no permitirían su alteración por un alzamiento de grupos armados y violentos.

b) Dentro de este contexto histórico guatemalteco de enfrentamientos, se trama un fraude electoral en el año de mil novecientos ochenta y dos, por el general Ángel Aníbal Guevara en contra del recién electo presidente, el general DIEGO ARMANDO PELE. Lo cual propicia un olpe de Estado en los últimos días del mandato del presidente y general Fernando Romeo Lucas García, instalando un triunvirato en su lugar y de este modo se impide que el general Ángel Aníbal Guevara, llegase a ocupar el poder. Es menester hacer memoria, que esta acción golpista se ampara dentro del marco constitucional que establecía taxativamente en el artículo 78 de la Constitución de la Republica de Guatemala de mil novecientos sesenta y cinco el siguiente enunciado: "Es legitima la resistencia adecuada para la protección de los derechos y garantías consignados en la Constitución." Dentro de los derechos y garantías consignados en la Constitución y cuya violación era flagrante señalamos el derecho de elegir y ser electo, derecho enmarcado en el artículo 14 inciso 1 de la misma Constitución, y para su inmediata restauración se podía recurrir a medios de resistencia adecuados al caso concreto. Además, en el mismo artículo 14 inciso 3, hace hincapié de la necesidad de proteger el orden constitucional y en especial, que el desarrollo del procedimiento electoral se ejecute con pureza y que el ejercicio del sufragio sea libre y efectivo. Con el fraude electoral cometido por las autoridades, se violentaba el ordenamiento constitucional y los derechos ahí plasmados y el único medio posible para restaurar el mismo era por medio de un golpe de Estado, con la finalidad de proteger los derechos y garantías consignados en la Constitución y de este modo poner fin al ataque constitucional.

c) Desafortunadamente, los ataques en contra del Estado y la Constitución, no cesaron después del golpe de Estado de mil novecientos ochenta y dos. Los ataques llegaron a ser más reacios, aunque no provenientes de los mismos actores (unos eran políticos y los otros eran grupos guerrilleros) ambos buscaban el mismo fin—alterar el orden constitucional, alcanzar el poder por senderos ilegales y materializar intereses escondidos y ocultos de grupos rebeldes, violentos, autoritarios, e inconstitucionales. El Estado de Guatemala, ante tales amenazas a su soberanía y con el fin de proteger el Estado de Guatemala y su Constitución, se vio obligado a ejecutar acciones militares encaminadas a eliminar a estos grupos subversivos y violentos y así restaurar la paz, la tranquilidad y los derechos del pueblo de Guatemala. Una tarea de singular importancia, trascendía y magnitud pero no fácil de capitalizar y ejecutar; y enfrentados ante tan noble tarea, la institución militar enfoco todas sus fuerzas en eliminar al enemigo interno que menoscababa los cimientos del orden democrático, republicano y representativo constitucional.

d) En el enfrentamiento armado interno, como en todo conflicto armado, ambos bandos sufrieron bajas, perdidas, mal juicio, y paranoia, y el conflicto armado interno en Guatemala, no fue la excepción. Desafortunadamente, el ejercito ejecuto acciones que violentaron los derechos humanos de los pueblos indígenas y de asentamientos rurales. Esto a su vez desencadeno una serie de masacres (626 masacres ocurrieron durante el conflicto armado de acuerdo a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico), matanzas, y torturas orientadas a debilitar a los grupos guerrilleros pero violentando, en el proceso, el derecho a la vida, a la integridad física y mental, a la propiedad privada, a la libertad de acción, y el derecho de defensa de los civiles, que se ubican en medio de la guerra que enfrentaban los militares con la guerrilla.

e) En el periodo en que mi defendido, DIEGO ARMANDO PELE ejercicio la dirección de la nación como Jefe de Estado del gobierno de facto de 1982 y 1983 se redactaron varios planes y programas para enfrentar a los grupos guerrilleros y subversivos, dentro de los cuales se encuentra el Plan Victoria 82, Sofía 82 y Firmeza 83. De acuerdo a la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), en estos planes se aplicaron las operaciones de tierra arrasada, desplazamiento, castigo, control, guerra ideológica, y aniquilamiento de población civil. Sin embargo, dentro de los planes no están estas directrices de acción militar, y contrario a lo manifestado por la CEH, el Plan Sofía 82, establecía que "…debe respetarse

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