Seguro Popular

El impacto del Seguro Popular (federal)

Publicado 23 Feb 2010

Salomón Chertorivski

19 de agosto de 2009

El financiamiento para la atención en materia de salud de las familias es uno de los componentes que determinan los niveles de bienestar de la población. Una persona afectada por una enfermedad tendrá que incurrir en gastos no necesariamente contemplados, máxime si es una enfermedad catastrófica como cáncer, problemas cardiacos, hemofilia, entre otras. El desembolso monetario puede ser muy alto y empobrecer a casi cualquier familia. Hoy, gracias al financiamiento subsidiario del país a través del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), casi 10 millones de familias, es decir más de 32 millones de personas, no tienen que preocuparse por estas coyunturas.

Se puede afirmar que antes de los cambios a la Ley General de Salud, que entraron en vigor en 2004 y que dieron vida al Seguro Popular, una familia que llegaba a una clínica tenía que someterse a un estudio socioeconómico que determinaba el costo de su atención. Quienes no tenían para pagarlo, enfrentaban una fuerte disyuntiva: realizar gastos que los llevaban en muchos casos al endeudamiento y en otros más graves a la pérdida de su patrimonio, o peor aún, enfrentar la enfermedad sin la atención médica adecuada.

Tan sólo en el periodo comprendido entre 2006 y 2008, el presupuesto ejercido por el Seguro Popular se triplicó —de 17 a 48 mil millones de pesos—, lo que permitió, entre otras cosas, incrementar en 80% la población afiliada y en 37% el gasto en infraestructura médica.

En la Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares 2008, presentada por el INEGI el pasado 16 de julio, se puede observar que el gasto en salud de los mexicanos, y en especial el de los más pobres, ha disminuido significativamente, de representar 3.5% del total del ingreso en 2006 a sólo 2.3% en 2008. Las familias más pobres del país, en dos años redujeron una tercera parte de los recursos destinados a gastos en materia de salud. Es posible afirmar que una reducción en el gasto de estos hogares en cualquier rubro, por más pequeña que sea, es altamente significativa.

Lo que pudiera parecer un dato preocupante, en términos claros resulta una noticia alentadora: las familias han reducido de forma importante su inversión en salud, no en detrimento de su bienestar, todo lo contrario. Además, las familias mexicanas más pobres, aquéllas que se encuentran en los dos primeros deciles de ingreso y/o están en zonas rurales, son las beneficiadas en mayor proporción. Esto ha sido posible gracias a que hoy cuentan con la protección del financiamiento para la atención médica e implica que han podido disponer de una mayor proporción de sus ingresos para otros gastos.

Algunos indicadores corroboran la afirmación anterior que a pesar de una disminución en el gasto en salud, ésta ha mejorado: la mortalidad materna por nacimientos de 2006 a 2008 disminuyó 8%; la tasa de mortalidad infantil al nacer cayó 6%; en tanto que las muertes de niños menores de 5 años por enfermedades diarreicas, respiratorias y por deficiencia nutricional bajaron 4%, 6% y 23%, respectivamente. Dichos resultados serían impensables si en 2008, a través del Seguro Popular, no se hubieran sufragado los costos de atención de 245 mil partos, 33 millones de consultas que van desde una gripa hasta un cáncer terminal, y más de medio millón de egresos hospitalarios. Esto ha sido uno de los componentes esenciales del crecimiento y desarrollo del sector salud a lo largo y ancho de todo el país.

Sin embargo, todavía son necesarios grandes esfuerzos entre el gobierno federal, el poder legislativo y los gobiernos de las entidades federativas para lograr dos objetivos nacionales: la cobertura universal y la portabilidad de servicios,

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