Analizar y comprender la importancia de la defensa jurídica

Análisis del Grado de Eficacia en la Defensa de las Demandas Administrativas que Cursan en Contra de la Alcaldía Municipal de La Jagua Ibirico, Cesar, en los Años 2019 a 2022.

POR:

NUÑEZ BARON KELLY JOHANNA

ASESOR METODOLOGICO:

DOCTOR, CARLOS RODOLFO ORTEGA

DOCENTE:

DOCTORA. LISETH MARIA SERJE URIBE

TRABAJO ANTE PROYECTO DE GRADO PRESENTADO PARA OPTAR EL 25% DE LA NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA DERECHO LABORAL ADMINISTRATIVO

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ESPECIALIZACION DERECHO ADMINISTRATIVO

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA

VALLEDUPAR, CESAR, COLOMBIA

2023

INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como objetivo analizar y comprender la importancia de la defensa jurídica en las demandas administrativas que se presentan en contra de la alcaldía de La Jagua de Ibirico entre los años 2019 y 2022. La gestión de la alcaldía implica una gran responsabilidad y compromiso con la ciudadanía, por lo que es común que puedan surgir desacuerdos y diferencias en cuanto a decisiones tomadas por las autoridades. En este sentido, es importante que la alcaldía cuente con una adecuada y eficiente defensa jurídica para hacer frente a las demandas y proteger los intereses del municipio y de sus habitantes. En este ante proyecto de grado se revisarán algunos aspectos claves de la defensa jurídica en este ámbito, como lo son la importancia de contar con abogados especializados, la gestión de pruebas y evidencias, los plazos y términos para la presentación de recursos, entre otros aspectos relevantes para una efectiva defensa jurídica

La defensa jurídica en las demandas administrativas en contra de las alcaldías de Colombia es un tema de gran importancia en la actualidad, ya que el aumento en el número de demandas interpuestas contra las alcaldías por parte de ciudadanos, empresas y organizaciones ha generado la necesidad de contar con estrategias efectivas para la defensa legal de los intereses de las entidades municipales.

En este sentido, es importante destacar que las demandas administrativas pueden tener origen en diversas situaciones, como la prestación de servicios públicos, el incumplimiento de contratos, la responsabilidad de los funcionarios públicos, entre otras. Por consiguiente, contar con una adecuada defensa jurídica es fundamental para garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las entidades municipales.

En este contexto, es necesario analizar los diferentes aspectos que conforman el proceso de defensa jurídica en las demandas administrativas, como la elaboración de estrategias legales, la selección de los profesionales jurídicos que intervendrán en el proceso, la recolección de pruebas y la presentación de informes técnicos que sustenten la defensa de los intereses de las alcaldías.

Asimismo, es importante destacar que la defensa jurídica no solo implica la resolución de conflictos, sino también la prevención de futuras demandas, a través de la implementación de políticas públicas y la adopción de medidas preventivas que reduzcan el riesgo de litigios futuros.

En los últimos 20 años, el crecimiento de los pagos por sentencias y conciliaciones ha afectado de manera importante las finanzas del Estado colombiano. Adicionalmente, se han pagado por este concepto más de 14 billones de pesos, entre 2000 y 2018. A 31 de diciembre de 2019, las demandas en contra de la Nación ascendían a $427 billones de pesos. A 30 de septiembre de 2019, la cuenta Créditos Judiciales que en Contabilidad Púbica registra el valor de las cuentas por pagar de las entidades del Estado por concepto de sentencias y conciliaciones, era de $9,72 billones. A corte de 30 de junio de 2020 se registraban 362.632 procesos judiciales activos en contra de la Nación colombiana, cuyas pretensiones indexadas llegaban a los $424 billones de pesos. (Documento CONPES 3971).

La Defensa Jurídica Pública puede definirse “como el conjunto de estrategias institucionales relacionadas con la Defensa Efectiva de los Intereses Litigiosos del Estado y con la Prevención del Daño Antijurídico” (PELÁEZ GUTIÉRREZ). En cuanto a la Responsabilidad Patrimonial del Estado, la Corte Constitucional Colombiana ha establecido que en nuestro sistema jurídico “encuentra fundamento en el principio de la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, desarrollado in extenso por la jurisprudencia y expresamente consagrado en el artículo 90 de la Constitución Política. (COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 892 de 2001).

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La defensa jurídica de las demandas administrativas en contra del Estado Colombiano representa un desafío significativo en el sistema judicial del país. Los ciudadanos que consideran que sus derechos han sido vulnerados o que han sufrido perjuicios por acciones u omisiones del Estado se ven en la necesidad de interponer demandas administrativas para buscar reparación y justicia. Sin embargo, existen diversos problemas que dificultan una defensa jurídica efectiva en este contexto.

Uno de los problemas identificados es la demora y la congestión en el sistema judicial. Los tribunales y entidades administrativas encargadas de tramitar estas demandas suelen enfrentar una carga de trabajo excesiva, lo que genera retrasos significativos en los procesos. Esta demora prolongada puede generar una sensación de injusticia y desprotección en los ciudadanos afectados (Smith, 2019).

Además, la complejidad normativa y procedimental también dificulta la defensa jurídica. La normativa administrativa en Colombia puede resultar confusa y difícil de interpretar tanto para los ciudadanos como para sus abogados, lo que limita su capacidad de presentar una defensa sólida. Asimismo, la falta de orientación y asesoramiento adecuado por parte de las autoridades contribuye a esta problemática (González, 2020).

Otro desafío importante es la asimetría de recursos entre los ciudadanos y el Estado. Mientras que el Estado suele contar con mayores recursos financieros y acceso a servicios legales especializados, muchos ciudadanos no tienen los medios económicos ni el respaldo necesario para contratar abogados expertos en derecho administrativo. Esta falta de recursos puede generar desigualdades en la capacidad de defensa y acceso a la justicia (Martínez, 2018).

Asimismo, existe preocupación acerca de la independencia e imparcialidad en la defensa jurídica del Estado. La percepción de que el sistema judicial está sesgado o de que los funcionarios estatales tienen una mayor influencia sobre los resultados de los litigios puede socavar la confianza en la justicia y en la capacidad del Estado para defenderse adecuadamente (Sánchez, 2022).

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