Derecho a la Rebelión

Javier Giraldo

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La característica especial del Derecho a la Rebelión en cuanto derecho antisocial es que se refiere a un incumplimiento de deberes por parte del Estado, de manera tan grave y sustancial, que puede legítimamente ser tratado por el súbdito, si así él lo entiende, como algo que disuelve los vínculos entre ellos. El uso de la fuerza asume entonces diferentes modalidades.

el Derecho a la Rebelión lleva consigo la legitimación del uso de la violencia.

Si bien el Derecho a la Rebelión tiene perfiles muy definidos en el derecho internacional, hace varias décadas se ha tratado de calificar a los movimientos y organizaciones rebeldes como “terroristas”. Nadie niega que actos de violencia política han afectado a personas no combatientes y jurídicamente protegidas, pero el salto de la calificación de hechos a la calificación de movimientos, organizaciones o países sólo se apoya en la emotividad irracional de los conflictos bélicos.

Justicia

En cuanto a la JUSTICIA, Colombia sobresale por una exorbitante impunidad general, pero sobre todo de aquellos delitos y crímenes que comprometen a funcionarios del Estado y a las franjas de poder económico y político, y por una arbitrariedad judicial que lleva a privar de libertad, judicializar y someter a prisión a grandes franjas de ciudadanos sin poder, a quienes se les somete a procesos que no cumplen los mínimos requisitos legales y que violan de manera sistemática las normas de justicia contempladas en tratados internacionales

Se explora luego el campo de las necesidades de convivencia, campo en el cual se revelan características de la configuración histórica del Estado en Colombia que no se compadecen con los parámetros esenciales de una democracia. Más dramática aún es la carencia de justicia, debido, no solo a la escandalosa impunidad reinante sino a la dramática corrupción interna del aparato judicial. Finalmente se muestra cómo la Fuerza Pública, bajo directrices de los gobiernos de Estados Unidos, se inscribió en el modelo de “seguridad nacional” adoptando, desde mediados del siglo XX, la doctrina del “enemigo interno”, para lo cual ha tenido que violar en forma sistemática los más elementales derechos humanos, vinculando además a grandes capas de la población civil a la guerra mediante estructuras paramilitares (desde 1962) que representan un brazo clandestino del Estado, irresponsable de su barbarie pero protegido por las estructuras militares y judiciales.

Francisco Gutiérrez

Colombia ha vivido dos grandes oleadas de guerra civil: la que se conoce como La Violencia, y la que llamamos aquí guerra contra insurgente.

Es sus orígenes se hablan de 5 factores como lo son herencias de La Violencia, desigualdad agraria creada a través de la asignación política de los derechos de propiedad, exclusiones institucionales del campesinado por debajo del nivel del régimen político, dinámicas centrífugas y bloqueadoras dentro del sistema político, y la reapertura del acceso a la provisión privada de la seguridad donde esto trae consigo factores que permitieron el origen de distintos grupos insurgentes que Dichos factores son: narcotráfico, patrones de violencia de la guerrilla contra los civiles, masiva provisión privada de la seguridad, articulación de ésta a orientaciones estratégicas de agencias nacionales, y articulación densa entre actores legales e ilegales dentro del sistema político.

Derecho de propiedad

la existencia de una gran desigualdad agraria creada y procesada a través de la asignación política de los derechos de propiedad sobre la tierra. Los agentes claves encargados de la asignación y especificación de los derechos de propiedad (el ejemplo canónico son los notarios) han estado ligados de manera directa y sin mediaciones a la política partidista competitiva. Más aún, en el paisaje institucional anterior al Frente Nacional, esos mismos políticos que ponían a notarios y alcaldes también tenían un papel crucial en la designación de jueces y policías subnacionales, así que podían operar sobre el conjunto de la vida local para garantizar acceso a la tierra protegido por la coerción y la impunidad.

. Esto disparó dos tendencias contrapuestas, en las que todavía sigue atrapado el país: por un lado, la acumulación constante de tierra por parte de grandes propietarios a través de una combinación de contactos políticos, abogados sofisticados, y violencia, por otra parte, la creación de incentivos muy fuertes para que los especialistas en violencia buscaran enriquecerse exactamente de la misma manera, por un lado concentración y por otro movilidad social ascendente, ambos atados a la tierra, al uso de la violencia, y a la política competitiva

La mala distribución y asignación de los derechos de propiedad sobre la tierra también estuvo, en efecto, en el centro de la perpetuación del conflicto. A medida que éste avanzó, se generaron tres fenómenos.

 En primer lugar, la inversión ilegal en tierras. Ella por su propia naturaleza es difícil de cuantificar, pero no es creíble que haya sido marginal. Toda la descripción cualitativa sistemática que tenemos a la mano sugiere que fue de gran magnitud103. Las razones son simples. El conflicto abarató el precio de la tierra en muchas regiones. El estado ha carecido de instrumentos para observar la tierra, y el impuesto predial. estos factores convirtieron a la tierra en una inversión ideal para los dineros ilegales. Una tierra barata, que pagaba muy pocos impuestos, y que estaba más allá de los débiles instrumentos de observación con los que contaba el estado, constituía una forma ideal de lavar dinero. Los compradores ilegales que carecían de acceso abierto a la seguridad del estado tenían que recurrir a diversas formas de protección privada, y por consiguiente se articularon de manera natural a la lógica territorial de los actores armados.

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