El halo invisible de los DDHH sobre el control social en los procesos de contratación pública

El halo invisible de los DDHH sobre el control social en los procesos de contratación pública^[1]

The invisible halo of Human Rights on social control in public procurement processes

Por: Jorge Guillermo Ortega Rubio^[2]

Resumen

La defensa, promoción y protección de los Derechos Humanos es responsabilidad de cada uno de los ciudadanos en una sociedad democrática, en el que la participación activa de cada sujeto es esencial para analizar, juzgar y actuar en pro de la defensa de los menos favorecidos. Este trabajo, producto de una investigación, desde el análisis documental, se trazó como finalidad demostrar que el ejercicio de la veeduría ciudadana en el control social a los procesos contractuales, que celebra toda administración pública (incluidos los particulares que administran recursos del estado), es una forma de defensa y garantía de los Derechos Humanos. Así, entonces, la participación política activa, crítica y consecuente de la ciudadanía, en un contexto de desconfianza, “informada y razonada”, ante los regímenes democráticos, debe generar mecanismos y estrategias de control, de obstrucción y de enjuiciamiento, por parte de la sociedad para corregir y presionar los sistemas. Estas acciones se convierten, de suyo en un proyecto que tiene como eje central la defensa, promoción y protección de los Derechos Humanos.

Abstract

The defense, promotion and protection of Human Rights is the responsibility of each one of the citizens in a democratic society, in which the active participation of each subject is essential to analyze, judge and act in favor of the defense of the less favored. This work, the product of an investigation, from the documentary analysis, was drawn up as purpose to demonstrate that the exercise of citizen oversight in social control of contractual processes, which is celebrated by all public administrations (including individuals who administer state resources), It is a form of defense and guarantee of Human Rights. Thus, then, the active, critical and consistent political participation of citizens, in a context of "informed and reasoned" distrust of democratic regimes, must generate control, obstruction and prosecution mechanisms and strategies, by society to correct and put pressure on the systems. These actions become, by themselves, a project whose central axis is the defense, promotion and protection of Human Rights.

Palabras claves

Derechos Humanos, Control social, veedurías ciudadanas, contrademocracia, contratación pública.

Keywords

Human Rights, social control, citizen oversight, counter-democracy, public contracting.

Introducción

Un ejercicio contrademocrático significa la configuración y construcción de una sociedad atenta, activa, crítica y coherente con sus proyectos de transformación de su sociedad, teniendo como eje transversal los derechos humanos, pensados y analizados desde el contexto colombiano. En este horizonte de comprensión se ubica este trabajo investigativo, en cuanto que la vigilancia, el control y la presión son estrategias de una ciudadanía activa que se preocupa y ocupa por la protección de los recursos públicos, lo que permitirá la protección de los Derechos Humanos y la visibilización del pueblo como principio rector de la democracia.

Ahora bien, los Derechos Humanos se deben convertir en el eje transversal de todas las etapas y acciones de la Contratación Estatal, ya que serán el fundamento ulterior de la intención gubernamental y administrativa de lo público en toda optimización de los recursos públicos, y por ello hace parte, en un primer orden, en una administración pública. Esto implica que sea sujeto de un control, vigilancia y juicio de una sociedad formada e informada política y democráticamente.

Es así que la contratación pública asuma, en y para sí, una apuesta hacia la Compra pública eficiente y estratégica, ya que utiliza los medios tecnológicos, lo que posibilita la eficiencia y la celeridad, a través de una transparente ejecución de los actores de todo proceso contractual, llevando a cabo su misión esencial que es la consecución diligente y asertiva de obras, bienes y servicios con los recursos de la ciudadanía.

En el ejercicio mismo de la Contratación Pública se halla, de manera inherente, la promoción, defensa y protección de los Derechos Humanos, en tanto que, en el control, vigilancia y veeduría, por parte del mismo pueblo, bajo presión inclusive. Por ello, la misma ciudadanía debe ejercer su función contrademocrática, esto es luchar contra aquellos sistemas democráticos que no responden al compromiso adquirido de los gobernantes elegidos por voto popular.

En este mismo sentido, es necesario plantear la necesidad de incluir la voz de la sociedad civil y del sector privado, de tal manera que esta crisis global sea asumida también por todos los actores de la sociedad, y no sólo por un sector exclusivo y definidor, quien, con sus decisiones y acciones, se podría beneficiar a todos los miembros de una sociedad. Una sociedad democrática con su administración debe generar espacios dispuestos a la pluralidad donde se respeten las ofertas de una vida feliz.

De esta forma, una sociedad podrá convivir con seres humanos de diversas culturas y perspectivas de la realidad humana. En esta relación dinámica, la experiencia de libertad es conditio sine qua non una participación ciudadana, puesto que no hay lugar a ningún tipo de coacción de algún poder político, ya que es una opción netamente personal.

En el ejercicio del control social, por parte de las veedurías ciudadanas, de un pueblo que se entienda como “amo” y “señor” de sus caminos y proyectos,  y  desde una mirada de los Derechos Humanos, puedan controlar, vigilar y presionar a los gobernantes, está ejerciendo la defensa de la dignidad humana de los menos favorecidos, y exalta la esencia misma de la democracia, lo cual en un estado social de derecho se plasma en una serie de verdaderos derechos fundamentales.

Contextualicemos

Al desconocer la eficacia del papel de los Derechos Humanos en el ejercicio del control social para los procesos de contratación pública, se evidencia las graves consecuencias de corrupción, impunidad y violación de la Dignidad de los ciudadanos. Entre ellos encontramos hechos como la desviación de los recursos públicos para la conectividad de las regiones más aisladas de la “otra Colombia” en el caso MINTIC, la malversación de recursos públicos destinados en los Programas de Atención Alimentaria (PAE) en Santander, y las licitaciones hechas “a dedo” para que algunas empresas privadas obtengan los contratos. Estos hechos de corrupción atentan contra la vida digna de los ciudadanos, aumentando la desconfianza en las instituciones del Estado, en cuanto que se evidencia la falta de gobernabilidad y gobernanza del gobierno de turno.

La construcción de la paz en los territorios parte de la consecución de procesos, estrategias y mecanismos que permitan una experiencia integral de justicia y de desarrollo humano, en donde todos los ciudadanos son actores principales, porque están llamados a la conformación de grupos sociales que construyen el bien común, basados en los principios de la Dignidad Humana, la Libertad y la Vida.

Entonces, comprender la relación que existe entre Derechos Humanos, veedurías ciudadanas, control social bajo el contexto de la contratación pública, se convierte en un ejercicio investigativo, crítico e integral, el cual intentará establecer nuevas luces para consolidar el sistema democrático del Estado Social de Derecho, pues fortalecen los espacios para el diálogo, a través de la capacitación a los ciudadanos buscando la toma de decisiones que beneficien al mayor número de personas, en contextos de vulnerabilidad hasta lograr una verdadera equidad. Siendo la motivación principal, el interés que asiste a los ciudadanos colombianos en el modo en que se invierten los recursos presupuestales que son alimentados con el aporte directo e indirecto de todos y cada uno de nosotros.

Por último, cobra mayor importancia, el sistema de Compras Públicas y el tránsito hacia la compra pública electrónica con eficiencia en la inversión de recursos y la búsqueda de la máxima relación de costo beneficio, que redunda en el aprovechamiento del dinero público, el cual actualmente se rige en Colombia bajo la dirección de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE), como ente rector. Es imperiosa la aplicación de los principios de las Naciones Unidas en las conductas responsables en los procesos de compra pública para todas las entidades estatales, pues es un compromiso generar procesos de trazabilidad y buena gestión en cuanto se hable de Derechos Humanos, Compra Eficiente y Desarrollo Sostenible.

Vistas, así las cosas, es necesario llevar a cabo un control social, eficaz y eficiente, por parte de los veedores ciudadanos, y celebrar contratos públicos de manera transparente y equitativa, se convierte en uno de los retos más importantes tanto para toda administración pública como para la sociedad civil, ya que toda práctica de orden social, cultural y ambiental debe encaminarse a la acción responsable, transparente y consecuente con las necesidades de la sociedad.

De esta manera, lo económico, social y ambiental se deben comprender como dimensiones codependientes, y por ello es vital que se genere un proceso sistemático de reflexión acerca del papel de los Derechos Humanos como base fundamental de la contratación pública, definiendo la relación existente entre ciudadanos, veedurías ciudadanas y empresa, de tal manera que surja un verdadero control social, libre de dudas y miedos, para pasar a ser la voz de los ciudadanos  y se logre una plena optimización de los recursos.

...