ANALISIS DE LA NORMA

OBSERVACIONES AL DS Nº 004-2013-PCM QUE APRUEBA LA POLITICA NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

Señores congresistas de la República/ Señores funcionarios del Poder Ejecutivo:

Los servidores de la administración pública nacional, regional y local, como conocedores directos de la real problemática de las instituciones públicas, expresamos nuestra opinión sobre la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, en los siguientes términos:

1. APRECIACION GENERAL

En un contexto de cambios sociales, económicos y tecnológicos acelerados, los Estados requieren adaptar su estructura institucional a los retos planteados por estos cambios globales y regionales. En tal sentido, la iniciativa de modernizar la gestión pública nacional es plausible y necesaria. Los servidores públicos en su mayoría observamos con simpatía y esperanza, siempre y cuando esté orientada a corregir integral y efectivamente los graves vicios y deficiencias existentes en la administración pública actual.

Declaramos también con claridad que en las últimas cuatro décadas el Gobierno Nacional no ha tenido una real voluntad de modernizar ni mejorar la calidad de la gestión pública, y más bien ha orquestado astutamente el colapso del aparato estatal a través de diversas políticas que han conducido a la burocratización, la proliferación de instituciones públicas, incremento explosivo del personal, politización de la gestión pública y sobre todo creando los mecanismos para el incremento de los actos de corrupción. Toda esta experiencia indica que en el Gobierno Nacional hasta la fecha no existe una verdadera voluntad de modernizar la gestión pública en función a objetivos del desarrollo nacional, y por ello, todo intento de reforma fue premeditadamente equivocado e intrascendente.

Por estos antecedentes negativos en la historia de la administración pública nacional, es responsabilidad política de todos los gobiernos de turno, nos reservamos el derecho a la duda frente al D. S. Nº 004-2013-PCM. Su diagnóstico es genérico e incompleto, no identifica las causas verdaderas que han conducido a la debacle de todo el aparato administrativo del Estado; más bien sutilmente deja entender que el problema radica en los servidores públicos. Un diagnóstico de este tipo definitivamente no garantiza una real modernización de la gestión pública, sino que una vez más puede conducir a tomar decisiones equivocadas, concentrando los esfuerzos en atacar “efectos” y postergando indefinidamente la solución de las “causas centrales”. Tomando como referencia la experiencia de las últimas décadas, pasamos a identificar las deficiencias de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, aprobada mediante D.S. Nº 004—2013-PCM.

2. ANALISIS DE LA NORMA

El numeral 1.1, referido a la situación general, afirma que “…Los Gobiernos locales y regionales carecen de un mínimo de capacidad administrativa”. Afirmación que es verdadera, pero parcialmente, porque no indica la causa de esta situación vergonzosa para el país, y lo peor no se indica a los responsables.

El país entero sabe que los gobiernos regionales y locales brillan por su incapacidad, no sólo por la baja calificación del personal, sino principalmente por tener Presidentes Regionales y Alcaldes que no reúnen las calificaciones personales ni técnicas para asumir cargos de ese nivel. En tal sentido, es un tema que atañe a las leyes electorales que permiten el acceso de personas sin calificaciones mínimas a cargos de alta responsabilidad. Los mayores desaciertos, el arbitrario uso de los presupuestos y los escasos resultados mostrados por las instituciones públicas son por la escasa capacidad de gestión y limitada visión de las autoridades elegidas, quienes por el hecho de ser elegidos se sienten con todo el derecho de pisotear las normas de los sistemas administrativos.

Una verdadera modernización de la gestión pública debe empezar por hacer más exigente los requisitos para acceder a cargos de Presidente Regional y Alcalde, cerrando las posibilidades a la estafa electoral y la mediocridad de los políticos. La definición de objetivos estratégicos, indicadores y metas de gestión corresponden a la máxima autoridad de cada institución y no a los trabajadores. Si no hay rumbo ni resultados concretos es responsabilidad exclusiva de los presidentes regionales y alcaldes. La realidad es más crítica y hasta escandalosa en las municipalidades distritales rurales, donde personajes sin el mínimo criterio de gestión asumen el cargo de Alcalde, para luego hacer el despilfarro de los recursos del Estado, sin importar la situación de pobreza de su población.

En el numeral 1.2, referido a las principales deficiencias de la gestión pública en el Perú, se enumera los siguientes problemas: (1) Ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas de articulación con el sistema de presupuesto público.

Es falso que en el país no haya un sistema eficiente de planeamiento. Existe un buen sistema de planeamiento nacional encabezado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN y Oficinas de Planeamiento en los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; de igual manera, existe un Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021, Planes de Desarrollo Concertados, Planes Estratégicos Institucionales y planes concertados de nivel local. El problema central del país es que ninguna autoridad, sea nacional, regional o local tiene la voluntad política de implementar estos planes y hacer una gestión orientada a objetivos de mediano y largo plazo; la prioridad de las autoridades elegidas es el corto plazo, el show mediático, el asistencialismo y la priorización de su sagrado Diezmo. El problema no está en la falta de un sistema eficiente de planeamiento, y mucho menos en su articulación con el sistema de presupuesto público, sino en la falta de voluntad política e incapacidad de las autoridades elegidas para hacer gestión en función a objetivos y resultados concretos. Ninguna norma pone orden al manejo arbitrario del presupuesto público. En este contexto, los servidores públicos no tienen capacidad de decisión, sino solamente obedecen órdenes superiores.

Pero la causa del problema es todavía más espeluznante. Los servidores públicos sabemos con certeza que en el gobierno nacional no hay voluntad política de respetar el Plan Bicentenario y los PESEM, porque el Super MEF, así como el Palacio de Gobierno, reciben y cumplen las “recetas de gobierno”

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