La Constitucion Como Norma Juridica

INTRODUCCION

Todo el constitucionalismo liberal entendía la Constitución como un gran pacto o acuerdo social. Un pacto político y un pacto social que procuraba separar y diferenciar los poderes del Estado y reconocer derechos al individuo y a los grupos sociales.

Si bien las constituciones de la etapa liberal de los siglos XVIII en Francia y en Estados Unidos, tenían una pretensión normativa de regir la actuación de los poderes públicos, en la práctica, solo tenían carácter normativo los preceptos constitucionales que recogían la parte orgánica de la Constitución, la que regulaba los poderes del Estado. En cambio, los derechos reconocidos en las Constituciones liberales eran vistos como textos programáticos que debían orientar la actuación de los poderes públicos porque en el fondo lo vinculante era la ley. Esto no ocurría en el constitucionalismo norteamericano, sobre todo a partir de una sentencia Marbury VS Madison, en la que se recogían derechos de carácter normativo. En Europa hubo que esperar a la dogmática alemana del derecho público de finales del siglo XIX y principios del siglo XX para poder afirmar que todos los preceptos constitucionales tenían un carácter normativo. Normatividad de la Constitución que se vio fortalecida con la aparición de los tribunales constitucionales antes y después de la segunda guerra mundial. Por tanto nuestra Constitución es norma jurídica y además su carácter de norma jurídica viene expresado en dos preceptos.

La consecuencia de que la Constitución sea norma jurídica es que tiene que ser aplicada por todos los poderes públicos, no solo por el Tribunal Constitucional, sino también por los tribunales ordinarios. Además la Constitución vincula y obliga al poder ejecutivo ya que establece muchos mandatos dirigidos a los poderes públicos y reconoce derechos frente al Estado. También el poder legislativo se encuentra vinculado a la Constitución y las leyes aprobadas por el parlamento tienen que respetar la constitución.

La Constitución tiene carácter de norma jurídica porque también es de aplicación no solo a los poderes públicos sino también a los particulares, no obstante hay que decir que los poderes públicos se encuentran más vinculados a la Constitución que los particulares porque los poderes públicos no son titulares de derechos fundamentales sino que se encuentran obligados por los derechos fundamentales. En cambio, los particulares disponen de autonomía privada y son titulares de derechos fundamentales.

CAPITULO I

SUPREMACIA CONSTITUCIONAL.

I.- SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL

1.1.- DEFINICIÓN.

La supremacía constitucional significa el reconocimiento que la Constitución se encuentra en la cúspide de la jerarquía normativa; lo cual implica que el orden jurídico y político del Estado está estructurado sobre la base del imperio de la Constitución.

Por ello, los gobernantes y gobernados deben actuar dentro de sus alcances, y las normas de menor jerarquía no pueden contradecirla en la forma ni en el fondo, pues serían nulas.

1.2.- JERARQUÍA NORMATIVA.

La supremacía de la Constitución supone la jerarquía normativa, que consiste en la existencia de niveles jerárquicos normativos señalados por la Constitución, según el órgano emisor, su importancia y su sentido funcional.

Esto se pone de manifiesto en el artículo 51 de la Constitución de 1993:

Artículo 51.- Supremacía constitucional y jerarquía normativa.

La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente.

Al respecto, Bidart Campos dice:

“La supremacía de la Constitución supone la gradación jerárquica del orden jurídico derivado, que se escalona en grados descendentes; los más altos subordinan a los inferiores, y todo el conjunto se debe subordinar a la Constitución”.

1.3.- PIRÁMIDE JURÍDICA.

La jerarquía normativa consiste en una pirámide jurídica, en cuya cúspide se encuentra la Constitución como principio y fundamento de las normas jurídicas.

Se atribuye a Kelsen en su obra “Teoría General del Derecho”, la autoría de la jerarquía normativa, que fundamenta su doctrina de la “Pirámide Jurídica” en la supremacía constitucional:

“La norma que determina la creación de otra es superior a ésta; la creada de acuerdo con tal regulación, es inferior a la primera. El orden jurídico, especialmente aquel cuya personificación constituye el Estado, no es, por tanto, un sistema de normas coordinadas entre si, que se hallasen, por así decirlo, una al lado de la otra, en mismo nivel, sino que se trata de una verdadera jerarquía de diferentes niveles de normas.

La unidad de estas se halla constituidas por el hecho de que la creación de una norma – la de grado más bajo – se encuentra determinada por otra – de grado superior -, cuya creación es determinada, a su vez, por otra todavía más alta. Lo que constituye la unidad del sistema es precisamente la circunstancia de que tal regressus termina en la norma de grado más alto, o norma básica, que representa la suprema razón de validez de todo el sistema jurídico. La estructura jerárquica del ordenamiento jurídico de un Estado puede expresarse toscamente en los siguientes términos: supuesta la existencia de la norma fundamental, la Constitución representa el nivel más alto dentro del derecho nacional”.

1.4.- FUNDAMENTO.

El fundamento de la supremacía constitucional consiste en que la Constitución es la obra cumbre del Poder Constituyente, que es la facultad del pueblo de organizar su Estado a través de una Constitución aprobada por representantes democráticamente elegidos.

En cambio, el resto del ordenamiento jurídico, como la ley, los reglamentos, ordenanzas entre otras normas jurídicas, son obras del Poder Constituido, creado por el Poder Constituyente en la Constitución, como el Parlamento, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, entre otros órganos, quienes han recibido

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