La Participación Como Proceso De La Ciudadanía

La participación como proceso de la ciudadanía

La noción de ciudadanía está relacionada con el Estado nación y la nacionalidad, pero es en el ámbito local donde se construyen el sentido identitario de la ciudadanía, debido a que en dicho lugar los ciudadanos se impregnan de los principios que orientan las prácticas políticas, lo público se hace posible, existe un acercamiento real entre política y vida cotidiana, y es donde la gestión pública pierde poder para ampliar los espacios de participación a nivel local

La identidad ciudadana se construye a partir de ejercer derechos y deberes, pero ambos adquieren su verdadera definición en las prácticas sociopolíticas locales y cotidianas. Los marcos sociales globales, promueven que aquellos vinculados a los espacios locales y a la vivencia cercana –barrios, parroquias– adquieren mayor importancia en la configuración de la identidad ciudadana.

La ambigüedad propia de las formas contemporáneas de identidad y ciudadanía, especialmente en el mundo occidental, y los diferentes polos de lealtad –personal, de asociación étnica, cultural, política– que nos conforma también pueden estar sentando las bases para un sentido más fluido de identidad respecto al sistema global. La rigidez del Estado–nación, en parte, puede estar dando lugar a una mayor apertura. Esto lo evidencia, la aparición de varias formas de políticas de identidad – de género, étnica, de orientación sexual y otros.

De forma amplia se espera que la participación ciudadana busque la instauración y consolidación de la democracia. No obstante, en muchos casos presenta limitaciones que es necesario tener presente para alcanzar la democratización en la sociedad contemporánea.

La participación está en el centro de la ciudadanía. Se entiende por participación, el conjunto de actividades voluntarias mediante las cuales los miembros de una sociedad participan en la selección de sus gobernantes y, directa o indirectamente, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de la política gubernamental.

La política pública de participación ciudadana

La ciudadanía se constituye por tres dimensiones muy vinculadas entre sí. Son estas tres dimensiones las que definen las prácticas y los discursos sobre la ciudadanía: la primera dimensión es la que se constituye por la relación entre el Estado y la sociedad civil, que comprende concepciones de nación y nacionalidad, así como expresiones jurídicas y culturales de la membresía y la comunidad. La segunda es el proceso que define y redefine derechos y obligaciones de esa membresía, y reglamenta de alguna forma el comportamiento individual y colectivo. La tercera dimensión es la participación, entendida como el proceso político de formar parte de una comunidad, de involucrarse en la toma de decisiones y de delinear el camino a la democratización de la sociedad.

La búsqueda por alcanzar estas formas de ciudadanía evidencia la conflictividad social: entre el Estado y los grupos organizados de la sociedad civil; entre las demandas por la incorporación de algunos derechos y la eliminación de otros; entre la reglamentación de la participación ciudadana, la ampliación de la democratización y la autonomía política.

Es importante señalar que estas formas de ciudadanía, están en función de los actores sociales y políticos, y de su visión sobre estas tres dimensiones esenciales de ciudadanía: la relación Estado –sociedad, los derechos ciudadanos y las formas y límites de participar.

Tal como ya se indicado las relaciones entre las instituciones gubernamentales y la sociedad civil organizada modelan la identidad ciudadana, esto como resultado de un proceso de reconocimiento intersubjetivo. No obstante, la definición que hacen las instituciones de gobierno de los ciudadanos está cerrada a negociaciones, ya que funcionan con base a reglamentos y procedimientos rígidos. Las instituciones establecen conceptos sobre lo que significa lo ciudadano, sus derechos y deberes y las expresiones o relaciones consideradas adecuadas. El reconocimiento de lo ciudadano se realiza a través de prácticas políticas institucionales de carácter formal, como por ejemplo, estableciendo ámbitos de incidencia y reglamentos sobre los espacios y características de la participación ciudadana, como es el caso de la leyes y reglamentos sobre la participación ciudadana que se observan en varios países latinoamericanos( México, Perú, Venezuela) la cual tiene el potencial de abrir espacios para que los ciudadanos incidan en la dinámica gubernamental, pero de una manera limitada a determinados mecanismos e instancias.

Se puede afirmar que en las relaciones entre ciudadanía y gobiernos locales, el reconocimiento institucional de lo ciudadano se expresa a través de una serie de prácticas dirigidas a controlarlo, buscando, además el consenso y la gobernabilidad.

Para ello, es común intentar integrar a los ciudadanos a la dinámica institucional mediante prácticas políticas particulares.

Las demandas ciudadanas ha llevado a que las instancias gubernamentales, institucionalicen la participación ciudadana, convirtiéndola en una forma de ciudadanía dirigida a incrementar la injerencia y control ciudadanos en la utilización de los recursos del Estado, incidiendo en las instituciones gubernamentales que los administre.

Consejo de Planificación y Coordinación de Política Pública (CPCPP): instancia ubicada en el nivel regional, la cual prevé la vinculación de las autoridades ejecutivas regionales, locales y nacionales; representantes de autoridades legislativas de los distintos niveles de gobierno y de las comunidades organizadas, incluyendo las indígenas. Su normativa de creación y funcionamiento fue aprobada en el 2002, titulada como “Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas”.

Estos Consejos Estadales, se pueden categorizar como instancias para el control de las acciones del gobierno regional, en el entendido de lo establecido constitucionalmente sobre la responsabilidad que tiene la autoridad ejecutiva regional (gobernador o gobernadora), de presentar anual y públicamente la cuenta de su gestión ante la Contraloría del Estado y, presentarla en un informe ante el Consejo Legislativo y los CPCPP (ANC, 1999: Art. 161).

En referencia a lo mencionado, López y García (2003: 39, 40) señalan que esta dinámica de la gestión pública “muestra la relación estrecha que debe existir entre el municipio comunidad con el poder público estadal, a su vez que evidencia su corresponsabilidad en el proceso de planificación y control de la

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