Fallos Constitucional 2

Caso Brown c. Board of Education.

Brown I – La regla Constitucional.

Una niña negra pretendía su admisión por razón de distancia en una escuela pública a la que asistían niños blancos, admisión que le había sido denegada con fundamentos en la existencia de segregación racial.

La Corte Suprema de los Estados Unidos que declaró que las leyes estatales que establecían escuelas separadas para estudiantes de raza negra y blanca negaban la igualdad de oportunidades educativas.

Se estableció que las "instalaciones educacionales separadas son inherentemente desiguales", sosteniendo que la segregación de los niños en las escuelas públicas, fundada en motivos de raza, los priva de gozar de idénticas oportunidades educacionales. El Tribunal apreció que, aún posibilitando a los niños negros el acceso a establecimientos propios para ellos con iguales condiciones materiales que los que disponen los blancos, les genera un sentimiento de inferioridad difícil de superar.

Con ello, la Corte Suprema revocó los precedentes existentes desde Plessy contra Ferguson en 1896 (“iguales pero separados” se decidió mantener la constitucionalidad de la segregación racial). Como resultado de esto, la segregación racial fue considerada como una violación a la Cláusula sobre Protección Igualitaria de la XIV enmienda a la CN de EEUU.

Brown II – La implementación de la decisión.

La Corte estableció que las autoridades escolares tienen la responsabilidad inicial de resolver estos problemas; los tribunales tendrán que considerar si la acción de las autoridades escolares constituye una implementación de buena fe de los ppios constitucionales.

Es necesaria una carga de prueba que muestre su cumplimiento de buena fe y se podrán tomar en cuenta también la adecuación de cualquier plan que propongan los demandados.

Los casos son reenviados a los tribunales inferiores para llevar a cabo aquellos procedimientos y dictar aquellas órdenes y sentencias necesarias y apropiadas para admitir a los actores en las escuelas públicas sobre bases racialmente no discriminatorias y con toda la celeridad posible.

El caso “Regents of University of California v. Bakke”

Antecedentes del caso:

El 19 de junio de 1963, el Presidente John F. Kennedy envió al Congreso la Ley (Act) de los Derechos Civiles (CRA su sigla en ingles) para contrarrestar a la discriminación racial en los lugares de trabajo.

La CRA, pensada originalmente para integrar a las personas de raza negra, encontró una fuerte oposición política.

El 22 de noviembre de 1963, el Presidente Kennedy fue asesinado. Su sucesor Lyndon B. Johnson proclamó, “Ninguna oración en su memoria o elogio podría honrar de manera más elocuente a la memoria del Presidente Kennedy que la pronta sanción de la ley de los derechos civiles por la cual peleó por tanto tiempo.”

Sin embargo, la oposición la resistió tenazmente. Hasta entonces, el gobierno federal había suplido la carencia de una ley específica contra la discriminación, estableciendo –de hecho- un régimen de

cuotas y estándares de prácticas justas para las mujeres y los grupos minoritarios, tanto en los empleos como en el ámbito académico.

Por fin, aprobada el Acta de Derechos Civiles, en 1964, el Gobierno Federal contó con un instrumento valioso para eliminar, entre otras rémoras, la discriminación racial en los empleos.

Como consecuencia, numerosas agencias e instituciones estatales y estaduales que recibían fondos del gobierno federal, entre ellas las universidades, comenzaron a establecer medidas de acción afirmativa o acciones positivas, para incorporar tanto a un número más significativo de mujeres como de miembros de diversas minorías.

Trataron, de este modo, de compensar las consecuencias de las distintas formas de discriminación que han sido tradicionales en la historia norteamericana, aumentando las plazas laborales y la promoción de los grupos sub representados en la fuerza laboral.

Así mismo, estas acciones afirmativas fueron aplicadas como políticas concretas de admisión en las universidades. Las instituciones educativas realizaron notorios esfuerzos para incorporar más mujeres y representantes de grupos minoritarios en el estudiantado y en los programas de formación profesional.

En los EEUU, que no tiene un sistema de ingreso irrestricto en las universidades, los procesos de admisión son frecuentemente muy competitivos, de modo tal que la aplicación de estas acciones afirmativas produjo como consecuencia la aceptación de aspirantes que, de otro modo, no hubiese logrado acceder a los estudios superiores.

Muchos jóvenes blancos con buenos antecedentes académicos, resultaron rechazados para favorecer el acceso de los grupos discriminados en el pasado y, en muchos casos, fueron forzados a inscribirse en universidades menos prestigiosas o lejanas.

Quienes se opusieron a estas prácticas de acciones afirmativas, en detrimento de aspirantes más calificados, comenzaron a denominar a este proceso como discriminación reversa o inversa.

La Facultad de Medicina de la Universidad de California (Davis, EEUU), inició su experiencia sobre acciones positivas en 1968, determinando la existencia de tres vacantes sobre cincuenta plazas, para grupos minoritarios.

Al llegar a los años académicos 1973-74 mantenía dos programas de ingreso para cubrir 100 vacantes.

Para una demanda de 3.000 aspirantes, 84 vacantes estaban destinadas al plan ordinario para acceder al cual era necesario demostrar la posesión de un promedio de 2,5 (sobre un máximo de 4) en el examen de ingreso y luego, en orden de mérito, pasar a una entrevista con un Comité.

Las 16 vacantes restantes, para completar las 100, se cubrían con aspirantes pertenecientes a grupos en situación educativa y/o económica desventajosa o de grupos étnicos minoritarios (negros, chicanos, asiáticos, indios americanos, etc.) A los aspirantes de este grupo no se les exigía puntaje mínimo de ingreso. Con ellos se efectuaba un orden de prelación por separado de los candidatos del plan ordinario y los entrevistaba un Comité especial conformado por una mayoría de miembros de grupos minoritarios.

Allan Bakke, aspirante blanco, ingeniero, de 33 años de edad, residente del estado de California, veterano de Vietnam y con sobresalientes expedientes académicos en las universidades de Stanford y Minnesota, obtuvo en el ingreso de 1973 468 puntos sobre 500 posibles y en 1974 549 sobre 600 posibles. No pudo ingresar en ninguna de ambas oportunidades por el plan ordinario. Sin embargo, en el plan especial ingresaron postulantes con promedios muy inferiores a los de Bakke e, incluso, se registraron 4 vacantes sin cubrir en 1973.

Ante esta situación Bakke demandó ante los tribunales ordinarios a la Universidad de California, pretendiendo que se la condenase a admitirlo en la Facultad de Medicina.

Fundamentos de la pretensión de Bakke:

Bakke sostuvo que el plan especial para las minorías funcionaba como un obstáculo para su admisión, por ser de raza blanca, vulnerando de ése modo la cláusula de “protección igual de las leyes” contenida en la Enmienda XIV de la Constitución federal, de la ley de derechos civiles de 1964 y de una disposición similar del Estado de California.

Entre otros argumentos, afirmó Bakke que de no haber existido el plan especial él hubiese sido admitido como alumno ya que su promedio de ingreso fue superior al de la mayoría de los ingresantes bajo dicho plan.

XIV Enmienda: Ningún estado podrá negar a nadie, dentro de su territorio, protección igual de las leyes.

Ley de Derechos Civiles de 1964 (Art. 601) Nadie en los Estados Unidos será discriminado, ni excluido, ni privado de los beneficios resultantes de cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera federal, en base a su raza, color u origen nacional.

La decisión :

En primera instancia la Justicia hizo lugar parcialmente a la demanda de Bakke prohibiéndole a la Universidad merituar la raza de Bakke o de cualquier otro postulante, como elemento de juicio para disponer o no el ingreso en la misma.

El fallo rechazó, en cambio, la pretensión de que se le permitiese el ingreso como alumno, por cuanto Bakke no había podido demostrar que, de no haber existido la discriminación étnica hubiese sido admitido como tal.

Ambas partes apelaron la sentencia y la Corte Californiana confirmó el fallo de primera instancia en el primer punto y modificó el segundo, haciendo lugar al reclamo de Bakke para que la Universidad lo admitiese en su Facultad de Medicina.

La Universidad vencida recurrió a la Corte Suprema de los EEUU.

La Corte federal, por mayoría de cinco votos contra cuatro, confirmó parcialmente la sentencia de la Corte estadual y la revocó, también, en parte.

El fallo del Tribunal Supremo tiene como característica que los votos que deciden la mayoría en ambas cuestiones no provienen de los mismos jueces y uno de ellos, Powell, es quien desempata inclinándose por uno y otro grupo de jueces.

Por el voto mayoritario se confirma la sentencia en cuanto declara ilegal el programa especial de ingreso de la Universidad de California y que Bakke debe ser admitido como alumno de la Facultad de Medicina.

Sobre la segunda cuestión, modifica la sentencia estadual, sosteniendo que la raza debe ser un factor a tomar en cuenta para el ingreso en las universidades, bajo ciertas

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