Caso Lonquen

El caso de Lonquen

Un descubrimiento estremecedor

"Trozos de cráneos amarillentos, con huellas de cuero cabelludo; pelos sueltos, negros; ropas desgarradas en las que se reconoce un blue jeans, un chaleco de hombre". (Palabras del subdirector de la revista Hoy, Abraham Santibáñez, al describir los restos humanos encontrados en los hornos de Lonquén, 30 de noviembre, 1978, Memoria Prohíbida.)

Era lo que quedaba de 15 hombres detenidos en distintas circunstancias el 7 de octubre de 1973 en la comunidad rural de Isla de Maipo, cuyos rastros se perdieron hasta fines de 1978, cuando se descubrieron los hornos de Lonquén.

Este hallazgo, que estremeció la opinión pública, marcó un doloroso hito para los familiares de los centenares de detenidos - desaparecidos, víctimas del régimen militar: confirmó la terrible sospecha de que sus parientes estaban definitivamente muertos. El régimen ya no podía continuar aseverando que - tal como lo dijo el 7 de noviembre de 1975, el delegado de Chile ante las Naciones Unidas Sergio Diez en la Tercera Comisión de la Asamblea General de aquel organismo - "muchos de los presuntos desaparecidos no tienen existencia legal."

Sergio Maureira Lillo y sus cuatro hijos, Rodolfo Antonio, Sergio Miguel, Segundo Armando y José Manuel; Oscar Hernández Flores y sus hermanos Carlos y Nelson; Enrique Astudillo Alvarez y sus dos hijos Omar y Ramón; y los cuatro jóvenes Miguel Brant, Iván Ordóñez, José Herrera y Manuel Navarro fueron detenidos en Octubre de 1973 por Carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo, a cargo en ese entonces, del teniente Lautaro Castro Mendoza. Ahí, en la Tenencia, fue la última vez que se vio con vida a los quince hombres, cuyas edades fluctuaban entre los 17 y 51 años.

Los familiares, quienes realizaron innumerables gestiones de búsqueda sin obtener resultados, sólo supieron de la suerte que corrieron sus seres queridos en 1978, cuando los restos de los quince hombres fueron hallados en los hornos de las abandonadas minas de cal en Lonquén.

Primera Comisión a Lonquén

El 30 de noviembre de 1978, la Vicaría de la Solidaridad, en ese entonces bajo la dirección del sacerdote Cristián Precht, creó una Comisión encargada de verificar las declaraciones hechas por un anciano, quien aseveraba haber encontrado numerosas osamentas humanas en las minas abandonadas de Lonquén.

Ese día partió rumbo a Lonquén la comisión integrada por Enrique Alvear, el obispo auxiliar de Santiago; el Vicario Precht y Javier Egaña, Secretario Ejecutivo de la Vicaría; el abogado jefe de la Vicaría, Alejandro González; el abogado Máximo Pacheco; el director de la revista Qué Pasa, Jaime Martínez y el subdirector de la revista Hoy, Abraham Santibáñez.

Los hornos, ubicados al interior de la cooperativa agrícola El Triunfador, a unos 14 kilómetros de la ciudad de Talagante, eran dos viejas chimeneas de nueve metros de altura previamente utilizadas para la preparación de cal.

"Llegados allí, el abogado González removió los escombros y se introdujo por la bóveda. Comenzó a despejar el camino hacia arriba, partiendo de la base del horno a nivel de la tierra, y un tórax humano le cayó encima. Poco a poco fueron viendo que la chimenea del horno estaba tapada por un amasijo de fierros y enrejados que ocultaban una mezcla de huesos, ropa, cal y piedras." (La Memoria Prohibida.)

La comisión regresó a Santiago y al día siguiente, el primero de diciembre, presentó una denuncia formal ante la Corte Suprema. El presidente de la Corte, Israel Bórquez, encargó a la jueza del crimen de Talagante, Juana Godoy, a que confirmara el hallazgo e investigara el caso. Godoy convocó a Investigaciones y antes de que estos llegaran al sitio partió rumbo a Lonquén con un grupo de la Vicaría encabezado por el sacerdote Gonzalo Aguirre, y el cual además incluía al fotógrafo Luis Navarro. La Vicaría, mientras tanto, había contratado una empresa constructora para que iniciara las excavaciones, y dentro de tres días el doloroso trabajo estaba listo y los restos de los quince cuerpos habían sido sacados de su lugar de entierro.

Falsos testimonios

Los análisis del Instituto Médico Legal confirmaron que los restos humanos correspondían a las familias de los desaparecidos de la comunidad rural de Isla de Maipo. El 6 de diciembre de 1978 el Pleno

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