Comercializadora

general, se considera consumidor o usuario a toda persona física o jurídica que contrata a título oneroso, para su consumo final o beneficio propio, o de su grupo familiar o social, la adquisición o locación de bienes o la prestación o arrendamiento de servicios.

El derecho del consumo no es una rama autónoma del Derecho, sino una disciplina transversal, con elementos que se encuadran dentro del Derecho mercantil, del Derecho Civil y otros dentro del Derecho Administrativo e incluso del Derecho Procesal.

Las deficiencias de la información o los problemas de los apremios con la disposición de información en mercados pueden también autorizar la acción reguladora. Esto es generalmente necesario porque los consumidores de ciertos productos no pueden tomar una decisión informada con respecto a su opción de la compra o de la inversión. Puede ser el caso que la información es prohibitivo costosa proporcionar u obtener, o que existe la asimetría de la información, donde está mal informado un partido a la transacción (generalmente el consumidor). Donde el constreñimiento de la información tiene implicaciones significativas y potencialmente perjudiciales para los consumidores, la regulación se puede alinear para proteger los intereses de los consumidores.

Atrás quedaron los días en que el ente gubernamental encargado de velar por la defensa de los consumidores y usuarios venezolanos se llamaba el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (Indecu). Dentro de una de las 26 leyes habilitantes, específicamente en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso para los bienes y servicios, se crea un organismo que viene a derogar el antes mencionado: Indepabis, acrónimo de Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios, que aunque en líneas generales cumple las mismas funciones, el nuevo documento legal le otorga nuevas propiedades.

La ley orgánica de Protección al consumidor tiene por objeto la defensa de los consumidores o usuarios.

Las nuevas figuras son: Personas (Jurídicas o naturales, que vendrían a reemplazar al consumidor y usuario); Proveedor; Cadena de distribución, producción y consumo; Importadora o Importador; Productor o Productora; Fabricante; Distribuidor o distribuidora y finaliza con Comercializadora o Comercializador o Prestadora o Prestador de Servicios. Además de establecer el femenino y masculino a cada elemento (tal como lo establece la Constitución del 99) el instituto ahora llega a nuevas partes de la cadena de comercialización que no incluye sólo al usuario final.

Con el nuevo decreto legal, estos protagonistas cambian y hasta se amplían de tres a ocho, lo que le da mayor poder de acción al recién creado ente gubernamental. Las nuevas figuras son: Personas (Jurídicas o naturales, que vendrían a reemplazar al consumidor y usuario); Proveedor; Cadena de distribución, producción y consumo; Importadora o Importador; Productor o Productora; Fabricante; Distribuidor o distribuidora y finaliza con Comercializadora o Comercializador o Prestadora o Prestador de Servicios. Además de establecer el femenino y masculino a cada elemento (tal como lo establece la Constitución del 99) el instituto ahora llega a nuevas partes de la cadena de comercialización que no incluye sólo al usuario final.

El Indepabis también promueve una cultura de "denuncia al estafador" desde la educación básica, además que debe colaborar con los Consejos Comunales, mismos que tienen mayor participación ya que a través de los Comités de Contraloría Social para el Abastecimiento, desde proteger y promover los derechos de usuarios y consumidores de su localidad, hasta conseguir sanciones para los que consideren que afectan la adquisición de bienes y servicios.

Aunque en la ley derogada se mencione al instituto como "autónomo", en la nueva simplemente

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