Derecho Civil

INTRODUCCIÓN

Actualmente, la denominación derecho de gentes o derecho común pertenece a nuestro Derecho Civil, ya que este último regula las relaciones legales de los sujetos en sus categorías de personas, al igual que los hechos y actos jurídicos que producen facultades y deberes correlativos.

El Derecho Civil mexicano es heredero del Código de Napoleón de 1880, el cual tuvo como juristas de cabecera a doctrinarios de la talla de Bonnecase, Rupert y Boulangerie y Planiol.

La importancia que reviste el Derecho Civil se refleja en una concepción secular de la sociedad. Los hechos y actos que producen consecuencias de derecho son ajenos al culto público, es decir desde el surgimiento del liberalismo en Europa y posteriormente en Latinoamérica, el hecho jurídico de nacer o morir, así como los actos jurídicos de adoptar, contraer matrimonio o redactar un testamento se encontraron fuera del campo de la Iglesia, involucrando exclusivamente al Estado como órgano de tutela legal.

De esta manera, el contenido del Derecho Civil se divide doctrinaria y legalmente para su estudio en los siguientes apartados: personas –físicas y morales-, bienes –derechos reales: propiedad, uso, usufructo, servidumbre, habitación, hipoteca y prenda-, familia, obligaciones y contratos y finalmente, sucesiones.

1. México

1.1. Posterior a la Constitución de Cádiz

La Constitución de Cádiz de 18 de marzo de 1812, dispuso en el artículo 242, que la facultad para aplicar la ley, era competencia exclusiva de los tribunales, agregando, en el artículo siguiente, que ni el rey ni las cortes, podrían ejercer la función jurisdiccional, como tampoco avocar causas pendientes, ni mandar abrir juicios fenecidos.

El artículo 257, señalaba que la justicia se administraba en nombre del rey, y las ejecutorias y provisiones de los tribunales superiores se encabezarán también en su nombre.

De acuerdo con el artículo 268, las audiencias de ultramar, conocían además de las causas criminales y civiles de los juzgados inferiores de su demarcación en segunda y tercera instancia, primera y segunda instancia, de los recursos de nulidad.

El Decreto de 9 de octubre de 1812 reglamentaba las audiencias y juzgados de primera instancia. La Audiencia de México (señalada en el capítulo I-Sexta) debería tener un regente y 12 Ministros, dos Fiscales y constaba de 2 Salas Civiles y una para lo Criminal, compuesta de 4 Ministros cada una.

Las facultades de estas audiencias eran únicamente conocer: en segunda y tercera instancias, de las causas civiles y criminales que se les remitieran en apelación por los Jueces de primera instancia de su distrito; de la suspensión y separación de los Jueces Inferiores de su territorio; y de las competencias entre los Jueces.

Las de Guadalajara y Saltillo se componían de un Regente, 9 Ministros y 2 Fiscales, Cuatro Ministros formando cada Sala para los negocios civiles y criminales en la segunda instancia y otra de 5 para conocer de los de tercera.

De acuerdo con Toribio Esquivel Obregón, una sentencia podía ser impugnada por nulidad, por restitución in integrum, por apelación, por súplica, por segunda súplica y por injusticia notoria.

1.2. En el México independiente

A partir del año 1821 se inició la búsqueda de los modos para conformar las nuevas instituciones que habrían de encauzar la vida social, misma que en principio fue la negación y rechazo de la herencia colonial, sin embargo esas raíces, particularmente las jurídicas sirvieron para la construcción de un nuevo estado, ya que desde el año de 1822, la Junta Provisional Gubernativa, admitió que el corpus jurídico de la época colonial, se encontraba vigente en todo lo que no se contrapusiera con la legislación que fueran emitiendo los diversos congresos.

2. PROTECCIÓN JUDICIAL

El artículo 25, nos señala:

1.Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que

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