Educación Argentina

Transformación del Sistema Educativo en Argentina a partir de la nueva Ley Federal de Educación

Autores: Alicia Herbón, Claudio Román y María Eugenio Rubio

Introducción

Al comenzar este trabajo se realizó una encuesta acerca de cuanto se sabe sobre los puntos básicos generales de la Ley Federal de Educación (L.F.E.) recabándose una pequeña muestra de 200 casos en Capital Federal y Gran Buenos Aires, divididos en cuatro grupos (docentes, alumnos, personas vinculados de algún modo con la educación y el resto sin ninguna relación directa). La que sirvió para observar un elevado porcentaje, de desconocimiento. Esto nos reafirmó nuestra idea inicial de que la falta de conocimiento que la población tiene sobre la L.F.E. es parte de una estrategia del gobierno para poder implementarla rápidamente, y evitar así una crítica informada. En un intento de contrarrestar este pernicioso silencio oficial es que desde la Comisión de Educación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (A.P.D.H.) de Capital Federal se decidió emprender este trabajo de estudio y reflexión.

Existe un principio general del derecho que postula que la ley se presume conocida y vigente a partir de su publicación en el Boletín Oficial. En este sentido el desconocimiento señalado instala un espacio de confusión que gira en torno a una serie de supuestos que impiden un análisis valedero, así se termina perjudicando a quienes se debiera amparar: a los habitantes de nuestro país.

Es nuestra intención abordar la Ley Federal de Educación Nro. 24.195 del año 1993, para intentar una comprensión contextualizada y lo más abarcadora posible.

Primero haremos una breve reseña histórica de la Educación Argentina, habida cuenta de que la L.F.E. es producto de nuestro devenir histórico. Y por lo tanto, una resultante de la aplicación de diversas políticas educativas.

En segundo lugar, analizaremos los aspectos generales de la ley para desentrañar lo que a nuestro entender es el eje organizador de la misma: los criterios de descentralización y centralización.

Como cierre de nuestro trabajo, incluimos algunos artículos contrastados (documentos, notas periodísticas, textos teóricos) que servirán para ilustrar y ampliar lo expuesto. Esos textos de discusión contribuirán a conformar este complejo sistema de redes que junto con otras leyes, ordenanzas, decretos, etc. se entronca con la L.F.E. Permitirán, además, realizar conexiones con los Derechos Humanos (DDHH) como un modo de buscar una salida a las dificultades que presenta el sistema actual.

A casi cinco años de la vigencia de esta ley se ha transformado el espectro educativo argentino. Sostenemos, por tanto, que es imperioso abrir el debate para cuestionar los enunciados de la L.F.E. como una manera de posibilitar otras alternativas.

Finalmente, queremos dejar en claro que no estamos en contra de una reforma educativa. Sin embargo, convencidos de que no toda reforma es positiva, ni todo cambio es necesariamente un cambio democratizador, ni mejora la calidad real, los cambios al sistema debieran ser determinados en el marco de la Constitución Nacional y los documentos de DDHH. Esto permitiría una mayor democratización, y evitaría la exclusión y la marginación que hoy en día se hallan facilitadas por el mismo sistema educativo.

Parte I: Encuadre Histórico

"En la Argentina, al igual que en la gran mayoría de los países de América Latina el Estado tuvo que ser educador para constituirse como Estado Nacional, formando a los ciudadanos en sujetos de una nueva forma de vida social y política" (Tenti, 1989)

Principales etapas del desarrollo del sistema educativo argentino.

Constitución del sistema estatal de educación (1880-1920): a partir de 1850, las propuestas de creación de escuelas públicas y de su modelo institucional se articularon funcionalmente al proyecto de creación de un estado capitalista que participaría del mercado internacional a través de la exportación de materias primas semielaboradas y de la importación de productos manufacturados, para lo cual se necesitaban instituciones que cumplieran esa doble función. En primer lugar, efectivizar la presencia de las escuelas públicas en la mayor cantidad de lugares posibles y, en segundo lugar, que estas contribuyeran a la creación de una población con una uniformidad cultural mínima. La escuela pública era la institución ideal para tal fin. Después de la sanción de una serie de leyes provinciales de educación, el Congreso Pedagógico de 1882 concluyó con la promulgación de la ley 1420 (1884), la cual estableció la escuela obligatoria, gratuita, laica, común a todos, y graduada ; que fue complementada más tarde con la Ley Láinez (1905). Con esta última, se inicia la acción directa del Gobierno Federal en los territorios provinciales, cuando comienzan a instalarse escuelas nacionales en las jurisdicciones provinciales.

Enmarcada en la concepción liberal de la época, la educación es considerada como un derecho individual para la formación del ciudadano.

Consolidación del sistema (1920-1960): con la crisis del estado oligárquico y el advenimiento del estado benefactor--después de la crisis del ‘29--, la oferta de educación gratuita se extiende al nivel secundario. Esto obedece a una nueva lógica en las políticas educativas que responden a una necesidad de ampliar el acceso al conocimiento en función de las nuevas demandas del mercado laboral. Estos cambios del mercado aparecen como consecuencia del proceso de sustitución de importaciones por el que se pretendió la instalación de industrias de bienes de capital en el período desarrollista posterior. El gran debate en este período es entre la escuela pública y la privada. Es a partir de la década del ‘60 que se da una progresiva institucionalización del sector privado en educación que venía presionando desde décadas anteriores. Este proceso tiene su punto más álgido en el año 1959 con la sanción de la ley Domingorena que determina la creación de la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada (SNEP), como organismo que centraliza la supervisión del sector, anteriormente bajo la modalidad y el nivel oficial correspondiente.

Dentro de la concepción del estado de bienestar, mediante políticas efectivas, la educación deja de ser un derecho individual y se convierte en un derecho social, que debe ser garantizado por el Estado, considerándose a éste como mediador con papel protagónico

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