La Educacion En Argentina En Los 90

“Neoliberalismo y educación” para el cual tome como textos bases:

“¿Qué paso en la educación Argentina?” de Adriana Puigros.

“Mama me mima. Evita me ama” de Emilio Corbiere.

Como texto complementario se utilizó:

“Argentina. Equidad social y educación en los 90” de Maria del Carmen Feijoo.

Apuntes de clase.

Internet, para el conocimiento de las leyes dictadas en la época.

El neoliberalismo y la educación.

La transformación de la educación encarado por el gobierno de Menem, viabilizada en una nueva corriente tecnocratica

adscripta al neoliberalismo, no constituyó un problema aislado y se enfrentó conjuntamente con el resto de la problemática

social en el marco de la reforma del estado. La educación, que había sido considerada tradicionalmente en Argentina un

bien social, comenzaba a considerarse como un elemento del mercado que debía ser regulado por la ley de oferta y

demanda.

La diferencia fundamental que ha planteado la política educativa neoliberal con el neoliberalismo clásico y que afecta en la

educación clásica y media es la consideración de la educación como un elemento del mercado, antes que un bien social. En

consecuencia, propugna el retiro del estado de la función educacional; esta es la posición que tradicionalmente mantuvieron

las elites económicas argentinas, poco predispuestas a financiar la educación pública pagando sus impuestos.

Así se propuso esencialmente la transferencia de servicios educativos a las provincias, y su asistencia para el mejoramiento

de las administraciones educativas locales en un proceso de consolidación del sistema federal de educación nacional.

La política educativa del gobierno menemista se ajusta exactamente a las directivas del Banco Mundial. Estas políticas

tienen el objetivo global de disminuir el gasto estatal para derivar fondos hacia el pago de la deuda externa. El gobierno

argentino no discutió ninguna de las recomendaciones del Banco, y le posibilitó intervenir directamente en la organización

de las finanzas del país y en las decisiones sobre el monto y uso del presupuesto educativo. Al mismo tiempo, el Banco

actúa como prestamista colocando dinero a alto interés para que se financie el ajuste del sistema.

En el ámbito del intercambio educativo internacional, se pudo haber intervenido de otra manera, es decir, en términos de un

mayor equilibrio cultural, partiendo de la propia tradición pedagógica, valorizando el éxito del sistema escolar argentino

durante más de un siglo y aprovechando las numerosas experiencias propias. En lugar de ello, se aceptaron a ojos cerrados

la descalificación a la cual fue sometido el sistema nacional por expertos conocedores de otras realidades, y sus

diagnósticos y proyectos, que pretendían ser universalmente replicables.

La política educativa puede resumirse en el ajuste de la educación al programa económico neoliberal. La política consiste

en:

1. Disminuir la responsabilidad del Estado como financiador y proveedor de educación pública

2. Establecer aranceles o subsidios privados en todos los niveles y modalidades, comenzando por la Universidad y

terminando por la Educación Básica.

3. Achicar el sistema de educación pública hasta un mínimo posible, mediante:

- la transferencia de los establecimientos a jurisdicciones menores (de la Nación a la Provincia, y de éstas a los Municipios),

tendiendo a su privatización;

- reducción de modalidades que no dan rédito económico inmediato, como la educación de adultos, y de materias

del currículo como música, educación cívica, plástica y educación física, lo cual se llevó a cabo raudamente en algunas

provincias;

- descuido de la educación para discapacitados;

- restricciones sociales y territoriales en la extensión del servicio de educación pública.

Producida la desarticulación y avanzado el retiro del financiamiento del sistema educativo tradicional por parte del Estado, el

programa apunta a volver a centralizar los rubros de mayor incidencia en el control ideológico y político del sistema

educativo nacional público y privado. Los principales instrumentos son: el programa de Contenidos Básicos Comunes de la

Educación Nacional; los Contenidos Básicos de la Capacitación Docente y la Red Federal de Formación Docente y el

Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación.

LEYES PRIMORDIALES DE ESTA ETAPA Las acciones desarrolladas en primer lugar apuntaron a la gestión de los servicios educativos. De este modo el cuerpo legal

en el cual se sustenta esta reforma es el siguiente:

El artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, cuya reforma fue habilitada por el llamado Pacto de Olivos

establecido entre la UCR y el Partido Justicialista, para realizar la convención constituyente de 1994. Peronistas y

radicales acordaron también el nuevo texto que habilita al gobierno a distribuir la gratuidad en forma equitativa, es decir,

que elimina el derecho universal a la enseñanza gratuita y eleva a nivel constitucional la autonomía universitaria. La

autonomía, bandera histórica del movimiento estudiantil- docente queda, sin embargo, profundamente alterada: en el

texto se agrega la palabra autarquía, que funciona como un arma de doble filo porque expresa tanto que las

universidades pueden administrar sus recursos como que deben también conseguirlos. La reforma constitucional dio

marco a las leyes anteriores que había emitido el gobierno de Menem, y a otras posteriores. Ley de transferencia

(24.049) de los establecimientos educativos.

Ley 23.846, de titularización del personal docente que se desempeñaba como interino en los niveles inicial,

primario y medio.

Ley 23.906, que establece un régimen de afectación de recursos tributarios nacionales, destinados al

financiamiento adicional (complementario y no excluyente) de la finalidad: cultura y educación, ciencia y técnica.

Ley 23.929, sobre negociaciones colectivas para los trabajadores docentes.

Ley 24.049: esta ley se dicta en el marco del proceso de transformación educativa. En ésta se faculta al Poder

Ejecutivo Nacional a transferir, a partir del 1º de enero de 1992, a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires, los

servicios educativos administrados en forma directa por el Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo de

Educación Técnica, así como las facultades y funciones sobre los establecimientos privados reconocidos.

En el año 1992 se instrumentó el proceso de descentralización de los servicios educativos mediante convenios con cada

una de las provincias y la Municipalidad de Buenos Aires, los que resolvieron los problemas particulares.

La Ley de Educación Superior; que si bien articula entre sí a las instituciones terciarias y universitarias, habilita la

reducción de las primeras, la imposición de arancelamientos a la enseñanza. El Poder Ejecutivo elaboró

un anteproyecto de ley de educación superior, como pieza clave para la reforma estructural del sistema universitario

argentino. Es notable desde aquí la injerencia del Poder Ejecutivo Nacional en varios aspectos de la enseñanza y

organización universitarias.

Ley Federal de Educación (Nº 24.195), que reestructura el sistema de acuerdo a un modelo semejante al aplicado

en España desde finales de la dictadura de Franco hasta fines de la década de 1980. Su diferencia más significativa con

las propuestas conservadoras es que aumenta en lugar de disminuir la escolaridad obligatoria, poniéndose en esto a

tono con las directivas de la UNESCO, esta reforma tiende a subordinar la capacitación a los intereses empresariales

inmediatos, convirtiendo a la escuela en una bolsa de trabajo abaratado. De hecho, ya regía una nueva forma de

contratación, que aunque con el nombre de "becas", recibía estudiantes seleccionados por las instituciones educativas y

los sometía a un régimen laboral de 8 horas diarias, sin pagarles prestaciones sociales ni darles facilidades para

estudiar, las llamadas pasantias, en donde el alumno era “explotado” por las empresas imperialistas; por ejemplo: Mc

Donalds.

Estando en marcha el proceso de descentralización educativa con la transferencia de los servicios a las provincias, se hizo

necesario reorganizar los modos de su prestación, articulando las formas de gestión y estableciendo condiciones de

gobernabilidad del sistema. Teniendo en miras estos objetivos se sanciona en abril de 1993 esta ley.

A través de esta norma se estructura un nuevo sistema educativo para toda la nación. Según lo dispone la ley, el mismo

debe implementarse en forma gradual y progresiva y abarca:

1. El Nivel Inicial, constituido por el jardín de infantes, desde los 3 a los 5 años, estableciendo la obligatoriedad del

último año. Educación General Básica, también obligatoria, de nueve años de duración, a partir de los 6 años de

edad, organizado en ciclos (3).

2. Educación Polimodal, posterior a la Educación General, de tres años de duración como mínimo.

3. Educación Superior, profesional y académica de grado cuya duración será determinada por las instituciones

universitarias y no universitarias.

4. Educación Cuaternaria.

La norma estatuye, además, los derechos, principios y criterios que deberá respetar el Estado Nacional al fijar los

lineamientos de la política educativa:

- El fortalecimiento de la identidad nacional atendiendo a las idiosincrasias locales, provinciales y regionales.

- El afianzamiento de la soberanía de la Nación.

- La consolidación de la democracia en su forma republicana, representativa y federal. - Concreción de una efectiva igualdad de oportunidades y posibilidades.

- La equidad a través de la justa distribución de los servicios educacionales.

- Cobertura asistencial y la elaboración de programas especiales para el acceso, permanencia y egreso de los habitantes al

sistema educativo.

- La valorización del trabajo como realización del hombre.

- La erradicación del analfabetismo.

- El derecho de las comunidades aborígenes a preservar sus pautas culturales y el aprendizaje y enseñanza de su lengua.

- Gratuidad en los servicios estatales, en todos los niveles y regímenes especiales.

- Obligatoriedad de 10 años de educación.

- Se amplía la oferta de servicios y se implementan programas asistenciales de salud, alimentación vestido, material de

estudio y transporte para los sectores sociales más desfavorecidos.

La ley federal de educación establece que "el Estado nacional realizará el aporte financiero principal al sistema universitario

estatal para asegurar que ese servicio se preste a todos los habitantes que lo requieran".

Luego del anuncio del tratamiento y sanción de la nueva ley de educación, la sociedad percibió una amenaza a la gratuidad

de la enseñanza. Los docentes no estuvieron solos, la comunidad educativa se sumó a la protesta y hubo una gran

agitación; el tema saltó al tapete, al punto que el recientemente electo senador por la Capital Federal, Fernando de la Rúa

asumió como uno de sus compromisos prioritarios la defensa de la educación pública.

La primera marcha en resguardo de la educación pública y gratuita se realizó el 25 de junio de 1992 y concitó la asistencia

de más de 30.000 personas; fue una de las pocas causas que unió a las generaciones y pudo verse marchar a padres e

hijos. Las marchas se reiteraron, las huelgas docentes también, y legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo salieron a

asegurar que la enseñanza seguiría siendo gratuita. Las promesas no alcanzaron para poner fin a las huelgas y reclamos

del sector docente, las que continuaron con mayor o menor acatamiento, pero sin solución de continuidad.

Mas tarde, el 25 de marzo de 1997, el sindicato de docentes neuquinos inició una huelga que tendría trascendencia

nacional y cuya duración alcanzaría los treinta y siete días corridos, docentes, desocupados y huelguistas estatales iniciaron

una modalidad de lucha y protesta social que pronto se extendió a otras partes del país: los cortes de ruta.

El presidente Menem, tal como fue su costumbre tildó a los manifestantes de activistas de izquierda, blandiendo la amenaza

de un probable foco subversivo, incluso llegó a culpar al FREPASO de tener vinculaciones con estas protestas obreras,

insistiendo con la idea de un rebrote subversivo.

Ante la emergencia laboral, el gobierno nacional atendió el reclamo de los gobernadores de provincias enviando subsidios e

implementando planes de trabajo temporarios. Es importante señalar la actuación de varios miembros de la iglesia católica

que permitió canalizar los conflictos y hacer oír con más fuerza los reclamos en la ciudad capital.

Aquella huelga que habían comenzado los docentes neuquinos se hizo nacional el 31 de marzo y volvió a repetirse el 14 de

abril, esta vez al paro se sumó la movilización de unas veinte mil personasen una marcha de silencio que unió al Congreso

con la Plaza de Mayo.

Dos días antes de dicha huelga, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), llevó a cabo una forma muy

original de protesta: armó una carpa blanca frente a la entrada principal del Congreso Nacional, adonde concurrían

maestros de todo el país para ayunar con el fin de lograr una ley de financiamiento educativo que pusiera término a las

marchas y a lasa huelgas. Así las cosas, la Carpa Blanca o Carpa de la Dignidad se transformó en un hito contra la política

educativa y salarial del gobierno, y hacia allí convergió la mayoría del arco opositor.

El 20 de junio, día de la Bandera, y con un ayuno de los maestros que ya llevaba ochenta días, el gremio docente volvió a

llamar a una nueva huelga y movilización: esta vez la convocatoria sorprendió a todos: alrededor de cuarenta mil personas

caminando pacíficamente hasta Plaza de Mayo. El gobierno siguió buscando culpables y descargó una parte de la

responsabilidad, correcta por cierto, sobre los gobiernos provinciales. Afirmó que éstos eran culpables por la crisis social

debido al mal manejo de los fondos públicos que mes a mes gira el gobierno nacional.

El Poder Ejecutivo apuntó al desgaste paulatino del gremio, pero no tuvo su objetivo; la Carpa Blanca recién se levantaría

en el gobierno del presidente De la Rúa.

Finalmente, este largo, riguroso y conflictivo proceso pedagógico con sus respectivas propuestas educativas neoliberales en

nuestro país, puede resumirse en los siguientes puntos:

Liberalizar las relaciones laborales en el sistema educativo estatal. Para ello se propone modificar los estatutos

docentes para permitir la libre contratación de estos por parte, primero de los gobiernos provinciales y más adelante de las escuelas, transformando al director en un gerente, eliminar los convenios colectivos de trabajo, subordinar los

salarios docentes de los nuevos contratos a evaluaciones que establezcan ranking de eficiencia.

Descentralizar totalmente el sistema de manera que las escuelas sean autónomas en cuanto a planes de estudio,

contenidos, métodos de enseñanza, etc. difundiendo escuelas chárter.

Dar libertad total de elección de curriculum por parte de las escuelas y la familia (clientes), reorganizando la

demanda en torno al principio de libertad de elección.

Otorgar fondos a cada establecimiento per cápita, es decir por alumno, de acuerdo a un ranking de escuelas. Las

mejores calificadas recibirán más fondos por alumno.

Postergar el arancelamiento de la educación básica y media (últimamente se admite también postergar el

arancelamiento universitario) porque esa medida tiene alto costo político y no soluciona el problema financiero.

La intención de quienes auspician estas propuestas sería retirar del estado todas las funciones que pudieran ofrecerse

a empresas privadas, como la aplicación de pruebas de evaluación a alumnos, a docentes, a la gestión escolar y a los

sistemas provinciales, para los cuales se establecían convenios de tercerización con funciones privadas, la capacitación

docente, la educación preescolar, la atención sanitaria, las vacaciones útiles y la alimentación de los alumnos.

Debe subrayarse que de todos modos, la educación carece de cualidades necesarias para ofrecerse como campo tan

competitivo como el de otros rubros. La rápida caducidad que afecta actualmente a los conocimientos básicos es una

ventaja para el mercado.

Señalamos de la ley federal de educación los problemas más destacables:

Distintas interpretaciones de la nueva estructura, por las cuales hay provincias (Mendoza, Santa Fe) en donde

coexisten tres y cuatro sistemas distintos (primaria y secundaria de 6 años cada una, primaria de 7 años y secundaria de

5 años, tres ciclos y polimodal dos ciclos, escuela intermedia y polimodal).

Desarticulación del sistema educativo nacional, pues no se corresponden entre sí los sistemas de muchas

provincias.

Cierre de escuelas antes de implementar el tercer ciclo (los grados séptimo, octavo y noveno, o sea, séptimo de

primaria más primero y segundo de secundaria) y el polimodal (correspondiente a los años superiores de la enseñanza

media) porque debían sustituirlas sin tener edificios suficientes y adecuados.

Ruptura del ciclo de enseñanza media producida como consecuencia de la inclusión, en algunas provincias del

tercer ciclo de la EGB en el mismo establecimiento de los anteriores o bien organizándolo como escuela intermedia en

un local aparte.

Cierre de las diversas opciones de enseñanza técnica que, insuficientes y desordenadas, sostienen la modalidad

desde hace muchas décadas en el país.

Eliminación de clases de idiomas, incluyendo a sus docentes.

Transferencia de profesores de un área de conocimiento a otra sin brindarles la capacitación adecuada.

Descalificación de los profesores de enseñanza media al otorgarle funciones en la enseñanza básica para la cual

no han sido capacitados o bien en áreas curriculares distintas a la de su especialidad.

Falta de preparación de los directores de primaria para supervisar a profesores de media y los docentes de nivel

primario para atender población adolescente.

Insuficiencia de la educación inicial y exclusión de la asistencia materno- infantil de la responsabilidad educativa

pública, que desampara a capas de niños afectados por la desocupación de sus familiares y que carece de estimulación

temprana, indispensable para escolarizarse.

La ley de transferencia precedió a la ley Federal y determinó la conclusión de un proceso de retiro del Estado Nacional que,

junto con los establecimientos, alumnos y docentes, quedó a cargo de las provincias como proveedor directo de la

educación.

La reforma menemista fue la única de la serie mundial de ajustes neoliberales de los aparatos educativos que se decidió por

ese modelo cuya estructura apunta a despedir paulatinamente de la pirámide escolar a los sectores de menos recursos. Si bien la ley establece cumplir 10 años de escolaridad, se produce un deterioro de la educación manifestado por la

deserción o el fracaso del aprendizaje de los sectores pobres, que pone en duda aquel precepto.

Algunas de las consecuencias de la reforma son

Los hijos de los más pobres no tendrán guarderías, jardines maternales o programas de prevención y deberán

arreglarse con los servicios de la parroquia o alguna subsistente sociedad de fomento.

Los sectores medios que tengan empleos podrán mandar a sus hijos a guarderías privadas, barriales o algunas

públicas privadas, una parte de ellos llegará al polimodal donde será adaptado al mundo del trabajo, pero pocos

ingresarán a la educación superior y otra mínima cantidad terminará la universidad. Los ingresantes a algunas

facultades de universidades públicas provienen cada vez más de escuelas secundarias privadas.

Conclusión:

Cuando son adoptadas por Menem las medidas político - económicas liberales características del mundo globalizado, se

manifiesta una disminución de la capacidad de los Estados Nacionales para poner en marcha planes de desarrollo social.

Por ello, las medidas educativas que practica, responden directamente a la idea de alejar el Estado de la prestación de

servicios. Y como dice Corbiere, “frente a la denominada globalización capitalista, para cambiar los términos actuales

de la educación debe tenerse en cuenta la estrecha relación entre el proceso nacional de producción y

comercialización de mercancías y su referente empírico – ideológico… personas dirigidas por los intereses de las

trasnacionales imperialistas (Homo economicus en vez del Homo sapiens)… la mayoría de la población desclasada

y precarizada, en el trabajo y en la vida, no necesita estar alfabetizada para realizar las tareas de la economía

informal. De esa manera la educación queda en manos de la televisión que debe impedir que esa masa de personas

desestabilicen el sistema.”

En la década del '90 el Estado se descentraliza, desvinculándose de la población lo que produce que el gobierno se

despreocupe de los conflictos educativos, entre otros.

Dice Corbiere : “tenemos el desafio y la esperanza de una nueva educación y una renovada pedagogía liberadora que hay

que comenzar a construir ahora.”

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