La Educacion En Argentina En Los 90

“Neoliberalismo y educación” para el cual tome como textos bases:

“¿Qué paso en la educación Argentina?” de Adriana Puigros.

“Mama me mima. Evita me ama” de Emilio Corbiere.

Como texto complementario se utilizó:

“Argentina. Equidad social y educación en los 90” de Maria del Carmen Feijoo.

Apuntes de clase.

Internet, para el conocimiento de las leyes dictadas en la época.

El neoliberalismo y la educación.

La transformación de la educación encarado por el gobierno de Menem, viabilizada en una nueva corriente tecnocratica

adscripta al neoliberalismo, no constituyó un problema aislado y se enfrentó conjuntamente con el resto de la problemática

social en el marco de la reforma del estado. La educación, que había sido considerada tradicionalmente en Argentina un

bien social, comenzaba a considerarse como un elemento del mercado que debía ser regulado por la ley de oferta y

demanda.

La diferencia fundamental que ha planteado la política educativa neoliberal con el neoliberalismo clásico y que afecta en la

educación clásica y media es la consideración de la educación como un elemento del mercado, antes que un bien social. En

consecuencia, propugna el retiro del estado de la función educacional; esta es la posición que tradicionalmente mantuvieron

las elites económicas argentinas, poco predispuestas a financiar la educación pública pagando sus impuestos.

Así se propuso esencialmente la transferencia de servicios educativos a las provincias, y su asistencia para el mejoramiento

de las administraciones educativas locales en un proceso de consolidación del sistema federal de educación nacional.

La política educativa del gobierno menemista se ajusta exactamente a las directivas del Banco Mundial. Estas políticas

tienen el objetivo global de disminuir el gasto estatal para derivar fondos hacia el pago de la deuda externa. El gobierno

argentino no discutió ninguna de las recomendaciones del Banco, y le posibilitó intervenir directamente en la organización

de las finanzas del país y en las decisiones sobre el monto y uso del presupuesto educativo. Al mismo tiempo, el Banco

actúa como prestamista colocando dinero a alto interés para que se financie el ajuste del sistema.

En el ámbito del intercambio educativo internacional, se pudo haber intervenido de otra manera, es decir, en términos de un

mayor equilibrio cultural, partiendo de la propia tradición pedagógica, valorizando el éxito del sistema escolar argentino

durante más de un siglo y aprovechando las numerosas experiencias propias. En lugar de ello, se aceptaron a ojos cerrados

la descalificación a la cual fue sometido el sistema nacional por expertos conocedores de otras realidades, y sus

diagnósticos y proyectos, que pretendían ser universalmente replicables.

La política educativa puede resumirse en el ajuste de la educación al programa económico neoliberal. La política consiste

en:

1. Disminuir la responsabilidad del Estado como financiador y proveedor de educación pública

2. Establecer aranceles o subsidios privados en todos los niveles y modalidades, comenzando por la Universidad y

terminando por la Educación Básica.

3. Achicar el sistema de educación pública hasta un mínimo posible, mediante:

- la transferencia de los establecimientos a jurisdicciones menores (de la Nación a la Provincia, y de éstas a los Municipios),

tendiendo a su privatización;

- reducción de modalidades que no dan rédito económico inmediato, como la educación de adultos, y de materias

del currículo como música, educación cívica, plástica y educación física, lo cual se llevó a cabo raudamente en algunas

provincias;

- descuido de la educación para discapacitados;

- restricciones sociales y territoriales en la extensión del servicio de educación pública.

Producida la desarticulación y avanzado el retiro del financiamiento del sistema educativo tradicional por parte del Estado, el

programa apunta a volver a centralizar los rubros de mayor incidencia en el control ideológico y político del sistema

educativo nacional público y privado. Los principales instrumentos son: el programa de Contenidos Básicos Comunes de la

Educación Nacional; los Contenidos Básicos de la Capacitación Docente y la Red Federal de Formación Docente y el

Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación.

LEYES PRIMORDIALES DE ESTA ETAPA Las acciones desarrolladas en primer lugar apuntaron a la gestión de los servicios educativos. De este modo el cuerpo legal

en el cual se sustenta esta reforma es el siguiente:

El artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, cuya reforma fue habilitada por el llamado Pacto de Olivos

establecido entre la UCR y el Partido Justicialista, para realizar la convención constituyente de 1994. Peronistas y

radicales acordaron también el nuevo texto que habilita al gobierno a distribuir la gratuidad en forma equitativa, es decir,

que elimina el derecho universal a la enseñanza gratuita y eleva a nivel constitucional la autonomía universitaria. La

autonomía, bandera histórica del movimiento estudiantil- docente queda, sin embargo, profundamente alterada: en el

texto se agrega la palabra autarquía, que funciona como un arma de doble filo porque expresa tanto que las

universidades pueden administrar sus recursos como que deben también conseguirlos. La reforma constitucional dio

marco a las leyes anteriores que había emitido el gobierno de Menem, y a otras posteriores. Ley de transferencia

(24.049) de los establecimientos educativos.

Ley 23.846, de titularización del personal docente que se desempeñaba como interino en los niveles inicial,

primario y medio.

Ley 23.906, que establece un régimen de afectación de recursos tributarios nacionales, destinados al

financiamiento adicional (complementario y no excluyente) de la finalidad: cultura y educación, ciencia y técnica.

Ley 23.929, sobre negociaciones colectivas para los trabajadores docentes.

Ley 24.049: esta ley se dicta en el marco del proceso de transformación educativa. En ésta se faculta al Poder

Ejecutivo Nacional a transferir, a partir del 1º de enero de 1992, a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires, los

servicios educativos administrados en forma directa por el Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo de

Educación Técnica, así como las facultades y funciones sobre los establecimientos privados reconocidos.

En el año 1992 se instrumentó el proceso de descentralización de los servicios educativos mediante convenios con cada

una de las provincias y la Municipalidad de Buenos Aires, los que resolvieron los problemas particulares.

La Ley de Educación Superior; que si bien articula entre sí a las instituciones terciarias y universitarias, habilita la

reducción de las primeras, la imposición de arancelamientos a la enseñanza. El Poder Ejecutivo elaboró

un anteproyecto de ley de educación superior, como pieza clave para la reforma estructural del sistema universitario

argentino. Es notable desde aquí la injerencia del Poder Ejecutivo Nacional en varios aspectos de la enseñanza y

organización universitarias.

Ley Federal de Educación (Nº 24.195), que reestructura el sistema de acuerdo a un modelo semejante al aplicado

en España desde finales de la dictadura de Franco hasta fines de la década de 1980. Su diferencia más significativa con

las propuestas conservadoras es que aumenta en lugar de disminuir la escolaridad obligatoria, poniéndose en esto a

tono con las directivas de la UNESCO, esta reforma tiende a subordinar la capacitación a los intereses empresariales

inmediatos, convirtiendo a la escuela en una bolsa de trabajo abaratado. De hecho, ya regía una nueva forma de

contratación, que aunque con el nombre de "becas", recibía estudiantes seleccionados por las instituciones educativas y

los sometía a un régimen laboral de 8 horas diarias, sin pagarles prestaciones sociales ni darles facilidades para

estudiar, las llamadas pasantias, en donde el alumno era “explotado” por las empresas imperialistas; por ejemplo: Mc

Donalds.

Estando en marcha el proceso de descentralización educativa con la transferencia de los servicios a las provincias, se hizo

necesario reorganizar los modos de su prestación, articulando las formas de gestión y estableciendo condiciones de

gobernabilidad del sistema. Teniendo en miras estos objetivos se sanciona en abril de 1993 esta ley.

A través de esta norma se estructura un nuevo sistema educativo para toda la nación. Según lo dispone la ley, el mismo

debe implementarse en forma gradual y progresiva y abarca:

1. El Nivel Inicial, constituido por el jardín de infantes, desde los 3 a los 5 años, estableciendo la obligatoriedad del

último año. Educación General Básica, también obligatoria, de nueve años de duración, a partir de los 6 años de

edad, organizado en ciclos (3).

2. Educación Polimodal, posterior a la Educación General, de tres años de duración como mínimo.

3. Educación Superior,

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