El Seguro Agropecuario En México

EL SEGURO AGROPECUARIO EN MÉXICO

En México, las leyes de crédito agrícola y ejidal permitieron el desarrollo de las aseguradoras privadas y mutualidades, fomentadas por el gobierno federal, el cual desde los años cincuenta apoyaba con un subsidio el costo de las primas. En ese contexto se funda en 1961 la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S. A. (ANAGSA), con el objetivo de proteger tanto las inversiones del productor como fomentar y asegurar el crédito de la banca oficial. El seguro se convierte así en un servicio público otorgado en “paquete” junto con otros insumos al productor.

ANAGSA fomentó el seguro directo e individual subsidiando la prima pagada por los productores y convirtiéndolo en requisito para obtener crédito. Uno de los efectos de esta política imperante durante casi 30 años fue reducir la cartera vencida de la banca oficial. El seguro fue así inductor y garante del crédito.

Sin embargo, el aseguramiento de alrededor de dos tercios de la superficie sembrada del país, principalmente de temporal, con alta participación de pequeños productores y conforme a un marco normativo muy laxo, se hizo descuidando la eficiencia y con un oneroso aparato administrativo. Ello se tradujo en altos índices de siniestralidad y pérdidas operativas que se compensaban con subsidios crecientes.

El costo de los subsidios, tanto por la administración y operación de la empresa como por la prima pagada por los productores, junto con la simulación y corrupción de su personal, determinaron el cierre de ANAGSA en 1990.

En un contexto de privatización de empresas públicas y de apertura externa se creó en seguida AGROASEMEX, con principios técnicos y operativos que buscaban reducir la siniestralidad mediante la depuración de los riesgos, la aplicación de deducibles, el acortamiento del período de protección, la oferta de seguros en “paquete”, la reducción de coberturas, y otras características que procuraban una operación financiera más sana. La aplicación de tales principios, junto con la consiguiente reducción de personal y de gastos administrativos, no impidió que la empresa siguiera acudiendo a los subsidios para cubrir sus costos operativos, y que se continuara subsidiando la prima, primero con 16% y luego con 30% de su costo.

La nueva estrategia operativa se tradujo en el encarecimiento del servicio, lo que condujo a la caída de la superficie asegurada con respecto a los últimos años de operación de ANAGSA, que en el seguro dejaran de tener mayor peso relativo las áreas temporaleras y se concentrara en las de riego y en los predios de tamaño medio y grande. A pesar del sesgo explícito de la política aplicada a favor de este estrato de productores, la empresa siguió requiriendo subsidios (se incurrió otra vez en la alta siniestralidad, costos administrativos crecientes, y otros), situación que llevó en el año 2001 a un replanteamiento de su actuación y viabilidad. A partir de ese año AGROASEMEX se dedicó a actuar exclusivamente como reaseguradora de los fondos de aseguramiento, entidades a las que años atrás venía apoyando en su constitución y consolidación.

Los fondos de aseguramiento, reconocidos por la ley de fondos de aseguramiento agropecuario y rural, son asociaciones civiles no lucrativas, de agricultores o ganaderos, que pueden ofrecer protección con un sentido mutualista a sus socios. Esa ley les señala los órganos de gobierno que deben tener, sus atribuciones, funciones, y demás requisitos, y sobre todo que deben constituir dos tipos de reservas técnicas: de “riesgos en curso” y “especial de contingencia”. También estipula el uso (solamente con fines sociales) que pueden dar a sus excedentes de operación.

La experiencia de su actuación revela que la creación y consolidación de los fondos depende en buena medida del nivel de organización alcanzado por los productores que los integran. Sus ventajas provienen de la cercanía, en el sentido amplio de la palabra, que tienen con sus socios. Los menores costos de los fondos en la operación del seguro directo son consecuencia de que supervisan y hacen seguimiento en áreas reducidas, así como del buen manejo administrativo y financiero.

Los apoyos que reciben han representado un factor fundamental para su creación y consolidación. A través de AGROASEMEX se les canaliza un subsidio que oscila entre el 30% y 45% del valor de la prima (dependiendo del nivel de pobreza del área geográfica en que se ubiquen), y otros apoyos para gastos administrativos, capacitación y equipamiento.

AGROASEMEX, con quien llevan a cabo vía electrónica sus operaciones de reaseguro, los apoya directamente en todo ese proceso mediante un software diseñado ex profeso con ese fin.

Los fondos son hoy día la mejor alternativa para hacer llegar el seguro agropecuario directo a los pequeños productores, con lo que al mismo tiempo se fomenta la cultura del seguro.

Enfocado a los productores más pobres, AGROASEMEX desarrolló el seguro catastrófico para eventos climáticos, que mediante un enfoque paramétrico (basado en índices) protege, por ahora sólo contra la sequía, a 2,3 millones de hectáreas en 26 estados del país.

Por su propia naturaleza, los adquirientes de este seguro son exclusivamente el gobierno federal y los estatales, instancias que lo operan a través del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC), organismo que amplió los beneficios de un fondo constituido para operar haciendo pequeños pagos por única vez en caso de desastres, dedicándolo a pagar la prima de ese seguro que se traduce en mayores indemnizaciones a un mayor número de productores rurales. Este seguro se paga exclusivamente con recursos fiscales.

El tercer agente que participa en el mercado desde mediados del decenio de 1990 son las seguradoras privadas (AP), que ahora comparten el mercado con los fondos.

Después de que las AP participaron en un número considerable hace 12 años, se retiraron progresivamente, lo que es atribuible a la competencia de la aseguradora gubernamental, altos costos y la consecuente falta de rentabilidad en su operación. No obstante, las cuatro AP que han funcionado en los pasados años emitieron primas a un ritmo de crecimiento anual del 25% de 2001 al 2004, por encima del crecimiento agregado del sector asegurador. En ese último año el monto emitido ascendió a 1.754,7 millones de pesos, que sólo representa 1,2% del total de la prima emitida. El subsidio otorgado por el gobierno federal a los productores que contratan el seguro con las AP fue en el quinquenio 2000-2004 de 1.011 millones de pesos, superior en 87 millones a las utilidades brutas del mismo período.

La siniestralidad en el ramo de seguro agropecuario en el sector

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