Historia Argentina

MARCELO CAVAROZZI-. AUTORITARISMO Y DEMOCRACIA. (1955-2006) CAPITULO I EL FACASO E LA “SEMIDEMOCRACIA” Y SUS LEGADOS.

En 1955 una insurrección cívica – militar puso fin al gobierno. Eta insurrección no sólo produjo el derrocamiento de Perón, también tuvo éxito en desmantelar el modelo político prevaleciente durante los diez años anteriores. El modelo peronista, basado en la relación directa entre líder y masas, había hecho de Perón el depositario único de la representación del pueblo. Este fenómeno tuvo como efecto que los canales parlamentarios y partidarios fueran permanentemente relegados y perdieran relevancia en la escena política. Además, el peronismo, en el poder tendió a considerar las actividades de los partidos de la oposición (y de las organizaciones profesionales y sindicales no peronistas) como manifestaciones de intereses sectoriales ilegítimos. Consecuentemente, el gobierno obstaculizó en forma creciente tales actividades, tanto dentro como fuera del Parlamento. Los líderes del golpe de Estado de 1955 caracterizaron al régimen peronista como una dictadura totalitaria y, en consecuencia, levantaron los estandartes de la democracia y la libertad, proponiéndose como objetivo el restablecimiento del régimen parlamentario y el sistema de partidos. Este objetivo, sin embargo, se frustró recurrentemente: en 1957, La Asamblea Constituyente, controlada por los partidos no peronistas, no pudo acordar una nueva constitución y se disolvió sin lograr una reforma del anticuado texto del siglo XIX; en 1962, los militares –con el apoyo de varios partidos-derrocaron al presidente Frondizi, elegido constitucionalmente cuatro años antes; en 1966, los militares volvieron a intervenir para derrocar a otro gobierno constitucional, esta vez el del presidente Illia.

Tanto en 1955-1958 como en 1962-1963, los interregnos entre gobiernos constitucionales fueron ocupados por administraciones militares. No se propusieron reemplazar la democracia parlamentaria por un régimen político alternativo ni posponerla para un futuro distante. El principal y autoproclamado objetivo de estos gobiernos temporarios fue la imposición de mecanismos proscriptivos del peronismo, pero, al mismo tiempo, intentaban erradicarlo. El peronismo era percibido como un fenómeno inherente e irremediablemente adverso a las instituciones y valores democráticos, a los cuales, de haberle sido permitido actuar libremente, hubiera deformado e incluso destruido.

El despliegue de una nueva fórmula política, después de 1955, fue en verdad u proceso convulsivo y frustrante. Pero los fracasos en la tarea de lograr estabilidad institucional no impidieron que durante esos años se configuraran nuevos modos de hacer política que implicaron una profunda redefinición de los patrones de procesamiento de los conflictos y relaciones socioeconómicas. Estos nuevos modos de articulación política se desplegaron gradualmente durante la década siguiente a la caída de Perón; si bien no dieron lugar al surgimiento de una fórmula institucional que produjera estabilidad política, su relevancia trascendió al período 1955-1966. En efecto, los nuevos modos dejaron un legado político ideológico con el cual tuvieron que lidiar necesariamente los diferentes actores políticos, viejos y nuevos, cada vez que esbozaron fórmulas políticas alternativas a partir de 1966.

Los puntos de esta sección analizan a forma en que se fueron definiendo estos modos de hacer política. Para ello se exploran tres de sus elementos más importantes:

a) el surgimiento de desfasajes significativos entre el nivel de los intereses socioeconómicos, por un lado, y el de los bloques políticos.

b) la formación de un movimiento sindical peronista con características nuevas, que es constituyó en un actor político autónomo y articuló progresivamente una estrategia defensiva y de oposición;

c) el ingreso de los militares a la arena política, asumiendo, un rol tutelar en el marco de regímenes semidemocráticos, y luego expandiendo su esfera de intervención con el objetivo de acabar con las prácticas democráticas y las instituciones parlamentarias

Argentina pos 1955: una comunidad política desarticulada.

El derrocamiento del gobierno peronista en 1955 fue promovido por un amplio frente político que incluyó a todos los partidos no peronistas, los representantes corporativos e ideológicos de las clases medias y las burguesías urbana y rural, las Fuerzas Armadas y la Iglesia. Los miembros del frente antiperonista persiguieron objetivos dispares. Sin embargo, el frente pudo mantenerse unido durante un cierto tiempo bajo la bandera de la “democracia”, que fue levantada oponiéndola al carácter dictatorial y totalitario atribuido al régimen peronista. Muchos antiperonista compartieron la noción de que los peronistas habían sido convertidos a ese credo político mediante una combinación de demagogia, engaño y coerción. En consecuencia, creyeron quela mera denuncia de los “crímenes de la dictadura”, acompañada de un proceso de re educación colectiva, resultaría en una gradual reabsorción de ex peronistas por partidos y sindicatos “democráticos”. Esta ilusión no duró mucho; el peronismo sobrevivió a la caída de su gobierno y se constituyó en el eje de un vigoroso movimiento opositor. Dicha ilusión tuvo el efecto de permitir a los antiperonistas proclamar que la proscripción del era en realidad una acción democrática. Naturalmente, una consecuencia adicional de la proscripción del peronismo fue su exclusión del gobierno.

La exclusión del peronismo, tanto en el plano electoral como en el correspondiente a la acción política legal, fue particularmente compleja. En primer lugar, introdujo una profunda disyunción entre la sociedad y el funcionamiento de la política en la Argentina, que resultó en la emergencia paulatina de un sistema político dual. En el mismo, los mecanismos parlamentarios coexistieron, de manera conflictiva y a veces antagónica, con modalidades extra institucionales de hacer política. El principal resultado de este dualismo fue que los dos “bloques” principales de la sociedad –es decir, el sector popular y el frente antiperonista, compuesto por los sectores burgueses y de clase media- rara vez compartieron la misma arena política para la resolución de conflictos y el logro de acuerdos basados en mutuas concesiones. El sector popular, y especialmente la clase obrera, que es había expresado principalmente a través del peronismo, quedó privado de toda representación tanto en las instituciones parlamentarias semidemocráticas como en la maquinaria institucional del Estado. En contraste, sus adversarios sociales – quienes, por otra parte, habían sufrido una exclusión política parcial durante la época peronista- tuvieron la posibilidad de recurrir tanto a los mecanismos parlamentarios como a los extra institucionales. Gozaron de un acceso privilegiado al Estado y ejercieron una influencia decisiva sobre las políticas y los impactos de las acciones estatales. Las presiones ejercidas por el sector popular fueron, en su mayoría, de carácter extra institucional. El movimiento sindical peronista se transformó progresivamente en la expresión organizada más poderosa de aquel sector. La presión popular se redujo a la capacidad de desestabilizar, a cada uno de los regímenes civiles y militares que es sucedieron durante el período. Tal desestabilización se logró tanto a través del planteo de demandas económicas que contradijeron y socavaron la viabilidad de las políticas de estabilización lanzadas entre 1956 y 1963 como mediante el apoyo a candidatos anti -oficialistas en elecciones nacionales, provinciales y locales.

A la limitada correspondencia que existió entre, por un lado, los conflictos y los alineamientos sociales y, por el otro, las modalidades institucionales de hacer política, fenómeno al que hemos caracterizado como de “disyunción”, se agregó un segundo factor que la acentuó. Éste podría ser considerado como una “disyunción dentro de la disyunción” y afectó al anti peronismo. Originalmente, el bloque social que enfrentó a los sectores populares se expresó plenamente a través del frente formado por los partidos no peronistas y los militares “democráticos” triunfantes en 1955. Poco a poco, sin embargo, esta situación se fue alterando y partidos no peronistas y militares comenzaron a expresar contenidos disímiles y, a veces, antagónicos. Esto se debió a dos razones. La primera fue que los militares “democráticos” de 1955 fueron perdiendo progresivamente su “vocación democrática”, para concluir respaldando es establecimiento de regímenes de carácter autoritario. Este “deslizamiento “autoritario de los militares los llevó a enfrentarse crecientemente con los partidos, su razón de ser estaba obviamente ligada al funcionamiento de un sistema democrático - parlamentario y al mantenimiento de un mínimo de libertades públicas. La segunda causa que complicó las relaciones entre militares y político fue que los partidos no-peronistas se transformaron en el principal canal de expresión de una compleja interacción entre dos controversias que dominaron la escena política argentina luego de la caída de Perón. En 1955 el frente antiperonista se había coaligado en torno al estandarte “oposicionista”, es decir, el proyecto de destrucción del régimen peronista. Esta unidad, sin embargo, comenzó a desvanecerse cuando llegó el momento de ejercer el poder desde el Estado y hallar vías de resolución a las aludidas controversias.

La primera de estas controversias se definió en torno al rol del gobierno con respecto a la erradicación del peronismo. Las diferentes posiciones en ese sentido iba desde el

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