Historia de españa: la 2ª republica

La 2ª república española

LA PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA

El 12 de abril de 1931 se celebraron las elecciones municipales en España con un elevado índice de participación, del 67%. Podían votar todos los hombres mayores de 25 años y en las grandes ciudades la jornada electoral transcurrió con trasparencia. Las fuerzas políticas y la opinión pública eran conscientes que estos comicios significarían un plebiscito sobre la continuidad de la monarquía. Así, las elecciones de 1931 se convirtieron en un referéndum popular sobre el modelo de Estado.

Los partidos en coalición del Pacto de San Sebastián se impusieron en las grandes ciudades, obteniendo la victoria en 41 de las 50 capitales de provincia, y la mayor parte de los núcleos industriales. Aunque los escaños monárquicos eran mayores, los resultados evidenciaron que buena parte del electorado apostaba por un cambio de régimen.

En consecuencia, el 14 de abril se proclamaría la república en Eibar y a lo largo del día se proclamaría en otras ciudades dl país (Barcelona, Valencia, Sevilla…), mientras la población salía a la calle de manera espontánea y pacífica a celebrarlo.

Con la bandera republicana ondeando en un gran nombre de ciudades, y para evitar un enfrentamiento entre monárquicos y republicanos que podría acabar en una guerra civil, Alfonso XIII, asesorado por sus consejeros (conde Romanones) y militares como Sanjurjo, se vio obligado a abandonar el país hacia el exilio francés, aunque no abdicó.

EL GOBIERNO PROVISIONAL

En Madrid, los representantes de los partidos firmantes del Pacto de San Sebastián constituyeron un gobierno provisional, que el día 14 se hizo cargo del poder y proclamó oficialmente la Segunda República Española, con Alcalá Zamora como primer ministro del nuevo gobierno.

El nuevo gobierno provisional representaba a todas las fuerzas progresistas del país. No era un gobierno revolucionario, la mayoría eran hombres de clases medias conscientes de la necesidad de modernizar el país por la vía democrática.

El gobierno provisional convocó elecciones a Cortes Constituyentes para el 28 de junio de 1931 con sufragio universal masculino y femenino (pasivo). Además los diputados serían elegidos por provincias, no por municipios; de esta forma se evitaba la manipulación de los caciques. Además como no existían partidos políticos fuertes (excepto PSOE) se permitió la formación de coaliciones.

LAS CORTES CONSTITUYENTES

Con una participación de más del 70%, a pesar de la abstención que reclamaban los anarquistas. La composición de las cortes anunciaba una ruptura radical con la historia anterior de España, desde el sexenio. Estas elecciones ratificaban la proclamación de la República y legitimaban completamente el nuevo régimen.

El 14 de julio se constituyen las nuevas cortes, con el presidente Julián Besteiro (PSOE). Se crea una comisión constitucional que estaba constituida por 15 comisarios (todos rep. y mayoría progre) que rápidamente elabora un proyecto (en solo 20 días) y se presenta a discusión en las Cortes a finales de agosto. La Constitución sería aprobada el 9 de diciembre.

LA CONSTITUCIÓN DE 1931

La Constitución de 1931, muy avanzada a su tiempo, tenía un fuerte carácter democrático y progresista ya que se basó en gran parte en la república de Weimar alemana. Esto se hacía ya evidente en el artículo primero del título preliminar, el cual definía a España como “una república de trabajadores de todas las clases, que se organiza en un régimen de libertad y justicia”.

Establecía también, que todos los poderes emanaban del pueblo y la organización del Estado en una configuración integral (ni centralista ni federal), dentro de la cual se aceptaba la posibilidad de las autonomías.

TRASDENDENCIA Y REPERCUSIONES POSTERIORES[pic 1]

La constitución era claramente progresista. Permitió el desarrollo de un sistema político abierto a la izquierda y la derecha.

Aunque fue aprobada por una amplia mayoría, no consiguió el consenso de todas las fuerzas políticas. La derecha mostró su rechazo a la laicidad y descentralización del Estado. Los artículos religiosos provocaron la dimisión de políticos católicos que formaban parte del gobierno.

Retrospectivamente, se debe considerar como la primera constitución democrática del s. XX, pero a diferencia de la de 1978, esta no llegaba a todos los grupos políticos, no era por tanto, de consenso. En este aspecto, sigue la “tradición” del s. XIX español donde las constituciones cambian en función del color político del gobierno.

1. EL BIENIO REFORMISTA (1931-1933)

La política de reformas desarrollada durante el bienio de izquierdas, fue impulsada por el Gobierno de Manuel Azaña y se basó en la alianza entre la burguesía republicana y el obrerismo socialista. En este periodo se quiso modernizar y equiparar España a los países europeos más avanzados.

• REFORMA RELIGIOSA

Uno de los primeros objetivos de la República fue limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la sociedad española. La reforma supuso también la libertad de culto, la supresión del presupuesto del clero, el matrimonio civil, el divorcio, secularización de cementerios y la disolución de la Compañía de Jesús y confiscación de sus bienes.

Además, en 1933, se aprobó la Ley de Congregaciones que prohibía a la Iglesia y las órdenes religiosas dedicarse a la educación, al comercio y a la industria.

Esta legislación, en una sociedad como la española de los años treinta, con mayoría católica, se convirtió en la fuente de innumerables conflictos. Buena parte de los sectores católicos vieron en la reforma religiosa una agresión directa a sus convicciones. Además, la jerarquía eclesiástica no dudó a la hora de exponer us hostilidades a la República y poner a los católicos en contra del nuevo régimen.

Pero, al mismo tiempo que avanzaban las reformas i la Iglesia se oponía al régimen, el anticlericalismo aumentaba. Así, en mayo de 1931 una reacción popular y anticlerical provocó el incendio de un centenar de edificios eclesiásticos, hecho que reafirmó en la Iglesia sus temores.

• REFORMA MILITAR

El gobierno republicano convencido de que el ejército necesitaba una profunda trasformación ya que presentaba problemas de estructura y actitud: isocefalia, material inadecuado y anticuado y oficiales de dudosa fidelidad al nuevo régimen. Pretendía impulsar una reforma que creara un ejército profesional y democrático.

• Azaña impulsó la Ley de Retiro de la Oficialidad (1931), que ofrecía a los oficiales en activo la posibilidad de retirarse voluntariamente y en óptimas condiciones. Con la finalidad de modernizar la estructura y acabar con los oficiales contrarios.
• Se suprimieron las capitanías generales.
• Desaparecieron los tribunales de honor.
• Se cerró la Academia militar de Zaragoza, dirigida por Franco y cuna de los militares más reaccionarios y propensos al golpismo.
• El problema de la Guardia Civil no se solucionaría, aunque se crearía la Guardia de Asalt, una policía urbana leal a la república.

Se consiguió reducir los gastos del ejército y retirara a 10.000 oficiales. Pero la reforma fue muy limitada. No se modernizó, por falta de presupuesto, el material, armamento y equipamiento; tampoco se acabó  con la isocefalia y en el ejército continuaban habiendo muchos militares contrarios al régimen.

Además la reforma fue recibida como una agresión por muchos sectores militares, en especial los africanistas. La derecha aprovecharía el descontento para animar a un golpe de Estado.

Así se produciría en el verano de 1932 el golpe de Estado fallido del general Sanjurjo, que se conocería como la Sanjurjada. Sanjurjo tuvo que huir al exilio.

• REFORMA AGRARIA

La reforma de la propiedad de la tierra fue el proyecto más ambicioso y demandado iniciado por la República. Se quería  acabar con el predominio del latifundismo existente en buena parte del centro y el sud español y a la vez mejorar las condiciones de vida de los agricultores más pobres, los jornaleros. La reforma era esencial debido al peso que la agricultura tenía en la economía española, ocupando a la mitad de a población activa del país.

Largo Caballero, Ministro de Trabajo, impulsó la Ley de Términos Municipales, la Ley de Jurados Mixtos, ley de Laboreo Forzoso y la jornada máxima de ocho horas. Pero estas medidas contaron con la oposición inmediata de la Asociación Nacional de Propietarios de Fincas que trató de boicotear el sistema reduciendo las superficies cultivadas, aplicando sistemas extensivos para reducir la mano de obra o simplemente dejando de cultivar la tierra.

Después de estas primeras medidas en marzo de 1932 se inició el debate en el Parlamento del Proyecto de Reforma Agraria. Pero este debate se eternizó por las discrepancias y la intransigencia de la derecha. Aunque el golpe fallido de Sanjurjo precipitaría la aprobación de la ley en septiembre.

Se pretendía expropiar con una indemnización millones de hectáreas de fincas que sus propietarios (latifundistas) no cultivaban directamente, con el objetivo de redistribuirlas entre campesinos sin tierras. La ley afectaba principalmente a las zonas latifundistas, pero no solucionaba los problemas de los minifundistas gallegos. En definitiva, no se trataba de de un cambio radical en la situación del campo ni de una colectivización en masa, sino de un intento por modernizar la agricultura y de mejorar la situación social.

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