INFORME EXPOSITIVO SOBRE LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA

INFORME EXPOSITIVO SOBRE LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA

TAMIA MANUELA CARRILLO TINJACA^[1]

ESCUELA SOL NACIENTE

Tocancipá, octubre de 2015

El miércoles 6 de noviembre de 1985 el palacio de justicia fue tomado por el comando guerrillero M-19, este suceso fue uno de los golpes más fuertes al estado colombiano.

Los antecedentes de este terrible acontecimiento, fueron las bases primordiales para que la situación detonara.  En 1983 el presidente Betancur se reunió con  Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad comandantes del M-19 en España con el fin de buscar el cese al fuego, este fue el primer encuentro entre el presidente y los comandantes de la guerrilla. El 24 de agosto de 1984 el presiente Belisario Betancur firma un acuerdo de cese al fuego con  la guerrilla  Movimiento 19 de abril (M-19), acuerdo llamado Acuerdo de Corinto; en este acuerdo las dos partes pactaron el cese al fuego y la búsqueda de una salida política al conflicto armado colombiano, este documento fue firmado por una comisión de Paz, Diálogo y Verificación, que representaba al gobierno,  y algunos de los comandantes del M-19. Luego de firmar este acuerdo, el presidente Betancur ordenó a todas las autoridades civiles y militares cesar con todo tipo de acciones en defensa o ataque en contra del M-19 mientras que un día después, el 25 de agosto de ese mismo año los comandantes del M-19  dieron la misma orden.

Tiempo después los guerrilleros pertenecientes a este grupo armado, manifestaron que el ejército unos meses atrás había roto el acuerdo del cese al fuego. Un año y  casi un mes después el 20 de septiembre de 1985, algunos funcionarios del gobierno junto con algunos magistrados de la Corte Constitucional se reunieron con el fin de determinar y considerar las medidas de seguridad necesarias para resguardar a los cuatro magistrados; Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín Forero, Ricardo Medina Moyano y Alfonso Patiño Roselli, quienes estaban encargados del tema del tratado de extradición de colombianos por narcotráfico hacia Estados Unidos. En dicha reunión se encontraba el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, quien más adelante sería culpado  indirectamente por ser  parta importante de la toma del palacio de justicia. Los cuatro magistrados habían recibido agresivas amenazas por parte de algunos de los miembros del cartel de Medellín y principalmente de su jefe, Pablo Escobar, de allí surge la preocupación del gobierno por la seguridad de estos funcionarios.

En la reunión se llegaron a distintas pautas que se debían cumplir, dentro de estas se determinó que  a la Policía Nacional  le correspondía hacer una estudio de seguridad del Palacio de Justicia, que se llevó a cabo entre el 27 de septiembre y el 15 de octubre de ese año, los resultados obtenidos por la Policía se pusieron en conocimiento en un consejo de gobierno celebrado el 17 de octubre, pero dos días antes de la toma, la Policía Nacional quitó la vigilancia que previamente había sido asignada al edificio, aunque lo dejo protegido por la seguridad de una empresa privada le advirtió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado sobre los planes el M-19, a raíz de la llegada de un mensaje anónimo en donde decía que la toma sería el 17 de octubre de 1985. Este mensaje alerto a las fuerzas militares que intensificaron durante los días siguientes la seguridad, pero el 1 de noviembre se retiraron debido al pedido de Alfonso Reyes Echandía, presidente de la corte suprema. Al parecer los organismos de inteligencia colombianos tenían conocimiento del plan del M-19, no tenían la certeza del lugar ya que tres lugares eran los posibles blancos, el Palacio de Nariño el Palacio de Justicia o el Capitolio Nacional.

Al parecer el M-19 había decidido poner en marcha la toma durante la visita del presidente francés François Mitterrand para darle trascendencia internacional, pero el 17 de octubre gracias a información suministrada anónimamente se logra la captura de dos hombres dentro del Palacio de Justicia haciendo los planos del edificio. Desde ese día el Palacio de Justicia fue sometido a la laboriosa inspección y se acrecentó la vigilancia y seguridad dentro y fuera del mismo. Pero tan solo unos días después, en los primeros días  noviembre fue retirada la seguridad militar y dejada en manos del personal de una empresa privada de vigilancia, situación que llama la atención junto con el hecho de que días antes de la toma se almacenaron en la cafetería del Palacio de Justicia alrededor de 1500 pollos.

A medida que el tiempo pasaba las amenazas hacia los magistrados incrementaban y se volvían más feroces. Los integrantes del cartel de Medellín encabezados por el narcotraficante Pablo Escobar se asociaron junto con otros narcotraficantes para evitar que se aprobara el tratado de extradición a Estados Unidos, que ya estaba siendo valorada por la Corte Suprema de Justicia. Estas amenazas intentaban intimidar y coaccionar a los magistrados y a sus familiares, varios de los magistrados pusieron en conocimiento la situación de temor por la que estaba pasado, por ejemplo los magistrados Ricardo Medina Moyano y Manuel Gaona Cruz informaron a las autoridades de las amenazas el 30 de octubre de 1985, estos recibían cintas y cartas en donde Los Extraditables manifestaban sus deseos y que pasaría si estos no eran cumplidos. Muchos años después gracias a la gestión de la comisión de la verdad, se logró determinar que el M-19 era financiado por Pablo Escobar y el grupo de narcoterroristas Los Extraditables que estaba conformado por Gonzalo Rodríguez Gacha, Fabio Ochoa Vásquez, Carlos Enrique Lehder Rivas y Pablo Escobar Gaviria.

La toma del Palacio de Justicia según las declaraciones fue idea y planeada por el guerrillero del M-19 Luis Otero y aprobada por el comandante Álvaro Fayad. La operación fue abortada debido a una alerta de las autoridades competentes acerca del plan, se decidió retomar a pesar de que este hecho rompiera la norma de no retomar un plan cancelado, el plan pretendía que el presidente Betancur se presentara a un juicio aprovechando que el edificio tenia las características de una fortaleza militar además del valor simbólico que poseía de albergar la justicia colombiana.

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