INFORME EXPOSITIVO SOBRE LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA
Tamia Manuela CarrilloInforme22 de Abril de 2018
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INFORME EXPOSITIVO SOBRE LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA
TAMIA MANUELA CARRILLO TINJACA[1]
ESCUELA SOL NACIENTE
Tocancipá, octubre de 2015
El miércoles 6 de noviembre de 1985 el palacio de justicia fue tomado por el comando guerrillero M-19, este suceso fue uno de los golpes más fuertes al estado colombiano.
Los antecedentes de este terrible acontecimiento, fueron las bases primordiales para que la situación detonara. En 1983 el presidente Betancur se reunió con Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad comandantes del M-19 en España con el fin de buscar el cese al fuego, este fue el primer encuentro entre el presidente y los comandantes de la guerrilla. El 24 de agosto de 1984 el presiente Belisario Betancur firma un acuerdo de cese al fuego con la guerrilla Movimiento 19 de abril (M-19), acuerdo llamado Acuerdo de Corinto; en este acuerdo las dos partes pactaron el cese al fuego y la búsqueda de una salida política al conflicto armado colombiano, este documento fue firmado por una comisión de Paz, Diálogo y Verificación, que representaba al gobierno, y algunos de los comandantes del M-19. Luego de firmar este acuerdo, el presidente Betancur ordenó a todas las autoridades civiles y militares cesar con todo tipo de acciones en defensa o ataque en contra del M-19 mientras que un día después, el 25 de agosto de ese mismo año los comandantes del M-19 dieron la misma orden.
Tiempo después los guerrilleros pertenecientes a este grupo armado, manifestaron que el ejército unos meses atrás había roto el acuerdo del cese al fuego. Un año y casi un mes después el 20 de septiembre de 1985, algunos funcionarios del gobierno junto con algunos magistrados de la Corte Constitucional se reunieron con el fin de determinar y considerar las medidas de seguridad necesarias para resguardar a los cuatro magistrados; Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín Forero, Ricardo Medina Moyano y Alfonso Patiño Roselli, quienes estaban encargados del tema del tratado de extradición de colombianos por narcotráfico hacia Estados Unidos. En dicha reunión se encontraba el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, quien más adelante sería culpado indirectamente por ser parta importante de la toma del palacio de justicia. Los cuatro magistrados habían recibido agresivas amenazas por parte de algunos de los miembros del cartel de Medellín y principalmente de su jefe, Pablo Escobar, de allí surge la preocupación del gobierno por la seguridad de estos funcionarios.
En la reunión se llegaron a distintas pautas que se debían cumplir, dentro de estas se determinó que a la Policía Nacional le correspondía hacer una estudio de seguridad del Palacio de Justicia, que se llevó a cabo entre el 27 de septiembre y el 15 de octubre de ese año, los resultados obtenidos por la Policía se pusieron en conocimiento en un consejo de gobierno celebrado el 17 de octubre, pero dos días antes de la toma, la Policía Nacional quitó la vigilancia que previamente había sido asignada al edificio, aunque lo dejo protegido por la seguridad de una empresa privada le advirtió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado sobre los planes el M-19, a raíz de la llegada de un mensaje anónimo en donde decía que la toma sería el 17 de octubre de 1985. Este mensaje alerto a las fuerzas militares que intensificaron durante los días siguientes la seguridad, pero el 1 de noviembre se retiraron debido al pedido de Alfonso Reyes Echandía, presidente de la corte suprema. Al parecer los organismos de inteligencia colombianos tenían conocimiento del plan del M-19, no tenían la certeza del lugar ya que tres lugares eran los posibles blancos, el Palacio de Nariño el Palacio de Justicia o el Capitolio Nacional.
Al parecer el M-19 había decidido poner en marcha la toma durante la visita del presidente francés François Mitterrand para darle trascendencia internacional, pero el 17 de octubre gracias a información suministrada anónimamente se logra la captura de dos hombres dentro del Palacio de Justicia haciendo los planos del edificio. Desde ese día el Palacio de Justicia fue sometido a la laboriosa inspección y se acrecentó la vigilancia y seguridad dentro y fuera del mismo. Pero tan solo unos días después, en los primeros días noviembre fue retirada la seguridad militar y dejada en manos del personal de una empresa privada de vigilancia, situación que llama la atención junto con el hecho de que días antes de la toma se almacenaron en la cafetería del Palacio de Justicia alrededor de 1500 pollos.
A medida que el tiempo pasaba las amenazas hacia los magistrados incrementaban y se volvían más feroces. Los integrantes del cartel de Medellín encabezados por el narcotraficante Pablo Escobar se asociaron junto con otros narcotraficantes para evitar que se aprobara el tratado de extradición a Estados Unidos, que ya estaba siendo valorada por la Corte Suprema de Justicia. Estas amenazas intentaban intimidar y coaccionar a los magistrados y a sus familiares, varios de los magistrados pusieron en conocimiento la situación de temor por la que estaba pasado, por ejemplo los magistrados Ricardo Medina Moyano y Manuel Gaona Cruz informaron a las autoridades de las amenazas el 30 de octubre de 1985, estos recibían cintas y cartas en donde Los Extraditables manifestaban sus deseos y que pasaría si estos no eran cumplidos. Muchos años después gracias a la gestión de la comisión de la verdad, se logró determinar que el M-19 era financiado por Pablo Escobar y el grupo de narcoterroristas Los Extraditables que estaba conformado por Gonzalo Rodríguez Gacha, Fabio Ochoa Vásquez, Carlos Enrique Lehder Rivas y Pablo Escobar Gaviria.
La toma del Palacio de Justicia según las declaraciones fue idea y planeada por el guerrillero del M-19 Luis Otero y aprobada por el comandante Álvaro Fayad. La operación fue abortada debido a una alerta de las autoridades competentes acerca del plan, se decidió retomar a pesar de que este hecho rompiera la norma de no retomar un plan cancelado, el plan pretendía que el presidente Betancur se presentara a un juicio aprovechando que el edificio tenia las características de una fortaleza militar además del valor simbólico que poseía de albergar la justicia colombiana.
Parece ser que días antes según la confesión de un ex agente de inteligencia a todos los agentes se les había advertido que algo iba a suceder los días siguientes. Como consecuencia se montó el comando operativo de la Casa del Florero a las 5 y 30 de la mañana, que era coordinado desde el Palacio de Justicia; varios agentes se ubicaron estratégicamente en la carrera séptima dispersos pero cerca del Parque Santander con motivo de un posible atentado. Las unidades militares asignadas en caso del posible ataque estaban conformadas por conformados por la XIII Brigada, comandada por el General Jesús Armando Arias Cabrales. Entre sus subordinados estaba el Jefe del Estado Mayor de la Brigada XIII (B-5), el Coronel Luis Carlos Sadovnik. En orden descendente seguían las unidades B-1, B-2, B-3 y B-4. El Coronel Edilberto Sánchez estaba al mando de la B-2. A las 11:00 AM, siete guerrilleros del M-19 ingresaron armados y vestidos de civil al Palacio de Justicia, aprovechando la poca vigilancia. El grupo era liderado por Alfonso Jacquin, también iba la guerrillera Irma Franco. Una vez dentro asumieron posiciones en el edificio; dos en la secretaria del Consejo de Estado, dos en la secretaria de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dos en la cafetería y una mujer en el tercer piso.
Jacquin hizo una llamada telefónica desde el tercer piso a Luis Otero, que se encontraba en una casa en el barrio Calvo Sur, en la dirección Calle 6a Sur No. 8-42 avisándole que ya estaba dentro y podía proceder. Desde la casa Otero y otros 27 guerrilleros más se desplazaron en tres vehículos hacia el edificio del Palacio de Justicia. A las 11:30 AM La Sala Constitucional estaba en sesión, el magistrado Gaona Cruz leía su ponencia sobre una de las demandas contra el tratado de extradición con los Estados Unidos de América. En la misma sala estaban los Magistrados: Alfonso Patiño Roselli, Presidente de la Sala, Manuel Gaona Cruz,Carlos Medellín Forero y Ricardo Medina Moyano, además del secretario Ricardo Correal Murillo. En los despachos, estaban los Magistrados Fabio Calderón Botero,Alfonso Reyes Echandía, Pedro Elías Serrano Abadía y Darío Velásquez Gaviria. En la Sala Laboral, se encontraban los Magistrados Fanny González Franco, José Eduardo Gnecco Correa y Nemesio Camacho Rodríguez. En otro sector de la Sala Penal, estaban los Magistrados Auxiliares Emiro Sandoval Huertas y Julio Cesar Andrade, y siete auxiliares judiciales: María Janeth Rozo, Isabel Méndez de Herrera, María T. Muñoz de Jiménez, María Cristina Herrera Obando, Beatriz Moscoso de Cediel, Libia Rincón Mora y Nurys Soto de Piñeres. De los despachos de los Magistrados de la Sala Constitucional estaban las secretarias Lyda Mondol de Palacios, Ruth Zuluaga de Correa y Rosalía Romero de Díaz. De la Sala Laboral se encontraban en ese piso el Magistrado Auxiliar Jorge Alberto Correa Echeverri y los secretarios de los despachos Hermógenes Cortés Nomelín, Cecilia Concha Arboleda y Ana Lucía Bermúdez de Sánchez. En el primer piso estaban la mayoría de empleados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia. Se encontraban el adminitrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez Vera, la cajera Cristina del Pilar Guarín, los meseros Héctor Jaime Beltrán y Bernardo Beltrán, la empleada Gloria Estela Lizarazo, el chef David Suspez y la empleada Luz Maary Portela. También se encontraban visitando o para citas la contratista Norma Costanza Esguerra y Gloria Anzola de Lanao. Lucy Amparo Oviedo esperaba entrevistarse con el magistrado Alfonso Reyes Echandía.
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