JUSTICIA TRANSICIONAL: REQUISITOS E IMPACTO EN LA CULTURA JURÍDICA COLOMBIANA

JUSTICIA TRANSICIONAL: REQUISITOS E IMPACTO EN LA CULTURA JURÍDICA COLOMBIANA^[1]∗

José Reynel Cristancho Díaz^[2]∗∗

Sumario: Introducción. I. Contexto en el que surge la necesidad de un proceso de justicia transicional. II. Presupuestos requeridos en los procesos de justicia transicional. 1. El derecho a la verdad. 2. El derecho a la justicia. 3. El derecho a la reparación. III. Los retos para Colombia frente al proceso de justicia transicional. IV. El acuerdo de La Habana y su impacto en la cultura jurídica colombiana. 1. El Tribunal Especial para la Paz. Conclusiones.

Introducción

Dentro del presente escrito se pretende realizar una aproximación al origen, desarrollo y puesta en marcha del proceso de justicia transicional requerido en Colombia para la terminación del conflicto armado con el grupo guerrillero de las FARC. Así, se pretende explicar el surgimiento del proceso y los requisitos que el mismo demanda para el Estado, dejando claro que este tipo de requisitos se constituyen en obligaciones, por cuanto no se derivan solamente del acuerdo logrado con las FARC, sino que se erigen como principios del derecho internacional de los derechos humanos. Además, se efectuara un análisis sucinto los cambios que para la cultura jurídica colombiana implicará la aplicación de lo acordado en La Habana, para lo cual se centrará en la creación del Tribunal Especial para la Paz, al ser un tema respecto del cual ha surgido mayor controversia por parte de quienes se oponen a la implementación del acuerdo.

I. Contexto en el que surge la necesidad de un proceso de justicia transicional

Históricamente en Colombia han tenido lugar una serie de conflictos armados que han dejado miles de víctimas, dentro de los que se destacan a partir del siglo XX la violencia bipartidista, la violencia subversiva, el paramilitarismo y el surgimiento de las bandas criminales al servicio del narcotráfico.

Además de la participación activa en estos conflictos, el Estado Colombiano ha realizado acercamientos en diferentes oportunidades ante los grupos armados ilegales con el propósito de concluir de manera negociada la confrontación armada. Ejemplo de ello se encuentra en las negociaciones de paz con grupos armados ilegales como las FARC, el ELN, el EPL, el M-19, el PRT y el Quintín Lame, así como con grupos paramilitares.

Al tener como finalidad la terminación del conflicto armado, en este tipo de negociaciones debe considerarse la aplicación de un modelo de justicia transicional como un componente de vital importancia, esto teniendo en cuenta que este caracteriza por tener como finalidad la materialización de un cambio radical en el orden social y político, que generalmente se da con el propósito de lograr la paz luego de, entre otras, la finalización de un conflicto armado interno^[3].

II. Presupuestos requeridos en los procesos de justicia transicional

A nivel internacional ha cobrado gran importancia el respeto por los derechos humanos, lo que implica que no se pueden desconocer unos mínimos al respecto en la estructuración de un modelo o proceso de justicia transicional, prueba de esto es que dentro de los elementos esenciales se encuentran el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación^[4]. Además de estos, a pesar de resultar evidente, es necesario incluir las garantías de no repetición, aspecto desarrollado profundamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos contra el Estado colombiano^[5].

Es preciso señalar que los titulares de estos estos derechos son las personas consideradas como víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, quienes son aquellas personas que han sufrido algún daño y que dicho daño ha tenido como consecuencia impedir el disfrute de un derecho (del cual sea titular) reconocido en un tratado internacional ratificado por el Estado en el que se encuentre, y que dicho daño haya sido ocasionado ya sea por acción o por omisión del mismo Estado^[6].

1. El derecho a la verdad

Inicialmente se entendía por éste el derecho que les asistía a los familiares de quienes habían desaparecido en el desarrollo de un conflicto armado a conocer el paradero de sus seres queridos^[7]; sin embargo, debido a su evolución  actualmente este derecho se ha extendido a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, así como a los familiares de las mismas, y consiste en conocer las circunstancias específicas en las cuales se materializaron dichas violaciones, al igual que la identidad de los responsables y participes, incluyendo las motivaciones que habrían tenido los mismos^[8]. Es por esto que a nivel internacional se ha reconocido que su propósito es la de contribuir a evitar la impunidad, así como la promoción y protección de los derechos humanos^[9].

A pesar de no estar consagrado expresamente en ningún instrumento internacional, se ha reconocido por parte de magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el derecho a la verdad debe ser reconocido como un derecho autónomo e independiente, esto en aplicación a lo consignado en el literal c del artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos^[10], según el cual en la interpretación de la Convención no es posible “excluir derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno”. Premisa que encuentra apoyo en lo sostenido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien al afirmar que la verdad es fundamental para la dignidad inherente al ser humano, puntualizó además que:

El derecho a la verdad está estrechamente relacionado con el deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, y con su obligación de realizar investigaciones eficaces de las violaciones manifiestas de los derechos humanos y de las infracciones graves del derecho humanitario, así como de garantizar recursos efectivos y reparación. El derecho a la verdad también guarda estrecha relación con el estado de derecho y los principios de la transparencia, la responsabilidad y la buena gestión de los asuntos públicos en una sociedad democrática.

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