Marco Legal

República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Defensa

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada

UNEFA-LARA

La democracia venezolana y la crisis partidocrática 1961-1998

Comencemos por la Constitución de 1961. Durante sus treinta y ocho años de vigencia, la de mayor duración entre las veintiséis que hemos tenido, fue posible adelantar un proceso político democrático sin precedentes en la historia de Venezuela que los defensores del actual régimen se empeñan en negar, como niegan toda verdad desfavorable a su errada visión de la historia y la sociedad.

Durante esos años, como nunca antes, los venezolanos con el voto decidieron su destino político. Se sucedieron alternativamente siete gobiernos civiles. Como nunca antes, se hizo cívicamente, lo cual no fue obstáculo para derrotar los frecuentes intentos de golpes de estado y la subversión interna con apoyo internacional. Como nunca antes, se desarrolló un proceso de institucionalización de unas fuerzas armadas que se subordinaron al gobierno civil, disminuyéndose paulatinamente su determinante influencia hasta que a partir de 1992 el proceso se revierte. Como nunca antes, el Estado social de derecho avanzó.

No obstante, para 1989 la entonces paradigmática democracia venezolana había devenido partidocracia asfixiante de las renovadas aspiraciones de cambio y de profundización democrática de los venezolanos. El país se empobrecía, aun cuando continuaba la "ilusión de armonía".[2] Derrotada la subversión guerrillera, en el estamento militar retornan las ambiciones militaristas, siempre presentes en América Latina, a la par de la ejecución de una nueva estrategia de penetración y control de quienes antes habían pretendido substituir el ejército nacional. Las logias militares se multiplican, el cuestionamiento del gobierno civil por los militares crece, las conspiraciones uniformadas avanzan.[3]

Mientras el mundo asistía asombrado a la caída del muro de Berlín, al fin del comunismo, del mundo bipolar y de la guerra fría, para dar paso a un mundo globalizado con los Estados Unidos como única superpotencia; en Venezuela había ocurrido "el Caracazo", día de represión y saqueos, aldabonazo que evidencia que el sistema político construido a partir del derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez en 1958 había entrado en profunda crisis, no obstante haberse realizado pocos meses antes unas elecciones donde un altísimo porcentaje de compatriotas habían repartido sus simpatías entre los candidatos de AD y COPEI: Carlos Andrés Pérez y Eduardo Fernández.

Más adelante, en 1992, se producirán dos golpes de estado; en 1993, el enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez y en 1994, la vuelta al poder de Caldera, esta vez con el apoyo del "chiripero", constelación de minipartidos de la izquierda radical. Inmediatamente, el nuevo presidente indultará a los militares golpistas. El camino a Miraflores se había abierto para Hugo Chávez quien lo concretará cinco años más tarde con un importante apoyo popular que incluirá vastos sectores de la clase media, de la hoy llamada oligarquía y de importantes medios de comunicación social.

El proceso de descentralización 1994-1998

Expresión del proceso final de derrumbe del sistema populista de conciliación, como lo denominó Rey, pero también del esfuerzo paralelo de muchos por enderezar el rumbo, para encauzar la democracia, para crear un nuevo federalismo, fueron la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, la Ley Orgánica de Amparo y Garantías Constitucionales, la Ley Orgánica del Régimen Municipal, la Ley Orgánica de Elección y Remoción de los Gobernadores de Estado, y la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público.

Estas leyes, sancionadas entre 1988 y 1989, van a ser una tardía, parcial e insuficiente, pero esperada y esperanzada respuesta a las demandas de cambio. A partir de estos instrumentos legales, contaremos con una herramienta procesal fundamental para la defensa de los derechos humanos, elegiremos por primera vez gobernadores y alcaldes, e iniciaremos un proceso de descentralización, ciertamente gradual, desigual, y flexible, pero que llevará a los estados a asumir con éxito las competencias exclusivas y con un poco menos, las concurrentes.

Desde el punto de vista financiero, el situado constitucional de estados y municipios aumentará al veinte por ciento del ingreso ordinario estimado; se establecen nuevos impuestos estadales y tasas por los servicios transferidos en vías estadales, puertos y aeropuertos. En 1993 se creará el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES)[12] y en 1996 la Ley de Asignaciones Económicas Especiales para los Estados derivados de Minas e Hidrocarburos[13]permitirán la participación de estados y municipios en el impuesto al valor agregado (IVA) y en los impuestos a los hidrocarburos, respectivamente.

Sin embargo, para el periodo 1994-1998, la crisis partidocrática ha entrado en fase terminal como señalará Brewer Carías.[14] Los esfuerzos por una propuesta para derrotar el centralismo, el estatismo o el partidismo no fueron suficientes. El proceso de descentralización se desacelera hasta paralizarse y a partir de 1999 convertirse en recentralización.

Una década de autoritarismo y recentralización (1999-2009)

El proceso de recentralización que hoy vemos avanzar con fuerza comenzó hace una década. Es parte del proceso autoritario en marcha. El objetivo fundamental de Hugo Chávez, convertido en principal promotor de la Asamblea Constituyente, fue crear las condiciones para disolver los poderes constituidos y constituir otros que estuvieran a su servicio. Siendo antinómicos proyecto autoritario y proceso de descentralización, mientras el primero existiese, necesariamente el segundo continuaría detenido hasta dar paso a su reversión. La descentralización como fenómeno democrático es ajeno a todo tipo de autoritarismo.

En 1999 pensábamos que la lucha por la descentralización que había servido para profundizar la democracia, para detener su deterioro, podía ser ahora la forma más inteligente, de combatir desde el Zulia, al proyecto autoritario. Sin embargo, no fue posible aglutinar en torno a esta idea a los sectores democráticos. Por ignorancia, ingenuidad, ceguera, miedo o complicidad, muchos preferían y aun hoy prefieren ignorar su existencia.

Por supuesto, un proceso de concentración del poder y otro de descentralización, sólo podían coexistir en conflicto permanente, cuestión que de todos modos sólo ocurrió marginalmente porque se evitó a todo evento confrontar al detentador del poder, y así la defensa de las autonomías estadales y el proceso de transferencia fue languideciendo hasta desaparecer, reapareciendo solo retórica y aisladamente en campañas electorales regionales y en esporádicas coyunturas.

Con la aprobación de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público[15]y de la Ley Especial Sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital,[16] se evidencian los avances del proceso de concentración del poder, de consecuente recentralización, característica del régimen dictatorial hoy configurado.

No obstante, el Estado federal descentralizado nominalmente se mantiene, como se mantiene la estructura tradicional del Estado democrático y social de derecho mientras va surgiendo el Poder Popular Socialista que lo substituirá. En otros casos, aparentemente se cambia sólo el nombre pero progresivamente la institución va subordinándose al detentador del poder hasta desnaturalizarse completamente. La continuidad democrática y del proceso de descentralización es una ilusión en medio del cambio autoritario centralizador. Parecen seguirse las recomendaciones de Maquiavelo, en sus Discursos sobre la primera década de Tito Livio cuando decía "quien desee cambiar la constitución de un Estado libre, de manera que el cambio sea aceptado y pueda mantenerse, debe conservar necesariamente al menos la sombra de las antiguas instituciones, a fin de que el pueblo se aperciba lo menos posible de los cambios ocurridos, aun si las nuevas instituciones fuesen, de hecho, totalmente extrañas a las antiguas, pues la mayor parte de los hombres considera la apariencia al igual que la realidad, y a veces incluso toma más en cuenta a la primera que a la segunda".[17]

Etapas de la recentralización

En el proceso de recentralización, parte esencial del proyecto autoritario socialista, podemos distinguir varias etapas:

El proceso constituyente

En todo el proceso constituyente de 1999 se desconoce la existencia del Estado federal. Los estados, como entidad federal, estuvieron ausentes.[18] Desde el mismo comienzo, cuando la antigua Corte Suprema de Justicia admite la posibilidad de cambiar la Constitución de 1961 mediante la convocatoria de una Asamblea Constituyente[19]se deja a un lado a los estados como fuente del poder constituyente legítimo. Los estados sólo serán considerados como circunscripciones electorales de un sistema electoral nominal mayoritario que excluía toda representación de las minorías.[20]

El proyecto de Constitución tampoco sería aprobado

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