Masacre De Aguasblancas

Masacre de Aguas Blancas

La Masacre de Aguas Blancas fue un crimen de Estado cometido por la policía del estado mexicano de Guerrero y cuidadosamente planeado por Rubén Figueroa Alcocer, en el vado de Aguas Blancas (municipio de Coyuca de Benítez, región de la Costa Grande).

En este lugar, el 28 de junio de 1995, agentes del agrupamiento motorizado de la policía guerrerense dispararon en contra de un grupo de miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que se dirigían a un mitin político en la población de Atoyac de Álvarez (región de la Costa Grande), matando a 17 campesinos.

En primera instancia, el gobierno estatal encabezado por Rubén Figueroa Alcocer negó los hechos, pero más tarde se dieron a conocer las imágenes videograbadas por los mismos manifestantes en el momento en que fueron atacados. El crimen provocó protestas y el surgimiento de grupos armados como el EPR

MATANZA DE AGUAS BLANCAS

El día 28 de junio de 1995 la Policía Motorizada y Judicial del estado de Guerrero, masacró a 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, la matanza fue ordenada por el entonces gobernador del estado Rubén Figueroa Alcocer.

Con ello se pretendía frenar, intimidar y disgregar a la Organización Campesina de la Sierra del Sur, la cual exigía a las autoridades estatales apoyo a la producción, láminas, carreteras, escuelas, centros de salud, servicios, la protección de bosques y áreas naturales y justicia por los desaparecidos de la guerra sucia.

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ANTECEDENTES

La OCSS se constituyó en enero de 1994. Desde los primeros días se distinguió por su capacidad de convocatoria entre los habitantes más pobres de la sierra, de todas las edades, muchos jóvenes y adolescentes, hombres y mujeres, y por sus manifestaciones públicas con métodos considerados como radicales, como la toma de carreteras y de palacios municipales.

Demandaban apoyo para la producción de alimentos, láminas para techar las viviendas, carreteras, escuelas, centros de salud, servicios, y se proponían la defensa de los bosques y de los recursos naturales. Pero también pedían participar en la elección de autoridades en los pueblos, exigían la salida de los grupos policiacos y del Ejército de las comunidades y la presentación de los desaparecidos de la guerra sucia de la década del 70.

El gobernador Figueroa se movía en una lógica de guerra, y puso a la OCSS en la mira de su política de contrainsurgencia, como lo hizo con otros sectores de oposición que no se sometieron a su control.

Durante su gobierno, de menos de tres años, la lista de militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y dirigentes sociales asesinados por motivos políticos llegó a 84, además de diez asesinatos colectivos en los últimos ocho meses de su administración, casi todos con intervención de grupos policiacos del estado, que sumaron 67 víctimas.

Rápidamente la nueva organización –que se fundó en Tepetixtla, la comunidad más poblada de la sierra guerrerense, con 20 mil habitantes, la mayoría muy pobres y que fue el lugar donde tuvo más desarrollo– se dio a conocer por sus acciones radicales.

Expulsó al grupo de la Policía Motorizada de Tepetixtla y tomó el cuartel de esa corporación, destruyó las grúas y maquinaria pesada de una empresa privada que explotaba los bosques comunales, paró las actividades de los camiones que transportaban madera de esos bosques, tomó el Palacio Municipal de Coyuca de Benítez y de Atoyac, donde quedaron encerrados varias horas los alcaldes y los principales funcionarios, y reiteradamente bloqueó la carretera federal de la Costa Grande, única vía de comunicación de la región y de los centros turísticos de Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, dos de los principales del país.

Ingresaron a la nueva organización campesinos que se habían salido del PRD, con cuestionamientos a algunos de sus dirigentes locales porque no defendían los intereses del pueblo, y otros siguieron en las filas de ese partido pero con una actitud crítica. Algunos de sus miembros también pertenecían o habían pertenecido a la Coalición de Ejidos de la Costa Grande, la organización social más importante de la región, a la que los fundadores de la OCSS consideraban limitada en sus objetivos porque luchaba por la producción y por demandas económicas pero dejaba de lado las demandas sociales, la defensa de los derechos humanos y de los derechos políticos.

Figueroa vio en esta organización el germen de un nuevo movimiento guerrillero, o por medio de su aparato de espionaje creía descubrir vínculos con antiguas organizaciones armadas como el Partido de los Pobres o el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP).

Desarrolló una política para golpear a la OCSS. Buscó intimidar, corromper y coptar a sus dirigentes, y el primer resultado fue una escisión, de la que se formó la Organización Benito Juárez, auspiciada por Figueroa, que después fue acusada de asesinatos de militantes de la OCSS en la sierra de Tepetixtla.

Encarceló a uno de sus integrantes, José Guadalupe Guzmán Martínez, hermano del principal dirigente, Benigno Guzmán Martínez, y lo tuvo como rehén para que la OCSS no se movilizara en las elecciones presidenciales de 1994.

Intentó quitarle bases a la organización mediante la respuesta parcial a demandas inmediatas como fertilizantes y despensas, y también trató de dividirla, respondiendo a las demandas sólo del núcleo principal, el de Tepetixtla, mientras relegaba a los de otros municipios.

Recurrió a los métodos más arcaicos de represión como la desaparición forzada. La OCSS atribuye a Figueroa la desaparición de Gilberto Romero Vázquez, uno de los representantes de la sierra de Atoyac, que fue visto por última vez el 24 de mayo de 1995.

Llegó a la matanza del vado de Aguas Blancas, cuando la organización tenía un año y medio de actividad, y ya era conocida la hostilidad de Figueroa hacia la OCSS.

En septiembre de 1994 se reunieron con el gobernador los dirigentes de Tepetixtla, Benigno Guzmán y Gabino Luna, que le presentaron un pliego de demandas. Figueroa les dijo que les iba a dar todo lo que pedían, pero que a los desaparecidos de la década del 70 “ya se los había llevado la chingada, ya no tienen vuelta”. Y los amenazó: “Está duro el problema con ustedes. En cualquier

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