Por Un Nuevo Ethos Político

¿Cuál es la responsabilidad del estado en el conflicto armado colombiano?, y ¿cómo se puede aportar desde los espacios académicos para la construcción de un marco político para la paz? Estas preguntas son imposibles de responder en una ensayo tan corto como este, pero lo que si podemos hacer es hallar un hilo conductor entre lo político y lo social; lo político como un espacio de conflicto y disputa que define las condiciones de vida de los seres humanos, en el cual todos están incluidos directa o indirectamente, y lo social mediado por el estado como un espacio de participación política con garantías democráticas pluralistas. O en palabras de los Neo-Marxistas Laccantianos “Lo que caracteriza la democracia pluralista en tanto forma específica del orden político es la instauración de una distinción entre las categorías de “enemigo” y de “adversario”. Eso significa que el interior de “nosotros” que constituye la comunidad política, no se verá en el oponente un enemigo a abatir, sino un adversario de legitima existencia y al que se debe tolerar.” (Mouffe, 1999:16). Esa es la apuesta de este ensayo, pero antes de responder esas preguntas haremos un pequeño bosquejo de las dinámicas en las que se han venido desarrollando los diálogos de paz.

A partir de las diferentes lecturas de apoyo propuestas para el curso podemos inferir como el conflicto armado colombiano ha llegado a un punto de inflexión, caracterizado por un evidente tire y afloje, de avances y retiradas meramente tácticas, sin propuestas en los planteamientos ideológicos por parte de los bandos en conflicto (la toma real de los aparatos de poder político por parte de las guerrillas y el proyecto reaccionario para la supresión de los grupos insurgentes alzados en armas por parte del aparato militar estatal), por un lado las guerrillas se han visto obligadas a retirarse en buena parte de la actividad política; siendo esta la fuente esencial para legitimar el ejercicio de las armas, como medio de alcanzar un fin político. Esto contribuye a causar una carga y un evidente desgaste ideológico, mediático y estratégico quitándole legitimidad ante la sociedad civil. En contraste asistimos a un robustecimiento del aparato militar y de inteligencia por parte de las fuerzas armadas estatales, y si a esto le agregamos la creciente intervención de los Estados Unidos quienes han querido deslegitimar políticamente a la insurgencia tildándolos a menudo de Narco-terroristas (mirando la genealogía real de esta acusación, es una variación histórica de términos empleados para deslegitimar la lucha armada; bandoleros, bandidos, terroristas, para terminar en narco-terroristas) y enfocándose meramente en la salida militar del conflicto. Tenemos un conflicto estancado acompañado de un desgaste institucional, que contribuye al aumento de abusos reiterativos contra la población civil, creación y financiación de estructuras paramilitares, produciendo violaciones constantes a los derechos humanos.

Así se hace imperiosa y evidente la necesidad de buscar acompañar y proponer mecanismos civiles que busquen una salida negociada al conflicto armado Colombiano y que refrenden los acuerdos a los que se puedan llegar eventualmente en el marco de las actuales negociaciones de la Habana (Cuba) por parte de los equipos negociadores. Para esto se debe buscar incluir en las negociaciones a las facciones guerrilleras faltantes (ELN y otros movimientos clandestinos de menor relevancia), y buscar un acompañamiento mayoritario de la población civil y de la comunidad internacional con el fin de blindar el proceso de negociación, de las posiciones guerreristas y militares que se oponen de manera reaccionaria, a la salida negociada del conflicto. Pero la salida negociada al conflicto no se hace imperiosa solo por el permanente desangramiento de las poblaciones más vulnerables del país, quienes evidentemente aportamos la mayor cuota de sangre, sino también por el obstáculo que representa para la actividad de los diferentes movimientos e iniciativas civiles y sociales; la criminalización del activismo civil y la protesta como medio de presión a los distintos estamentos del gobierno, hoy por hoy representa una de las consecuencias más dañinas de la guerra contrainsurgente para Colombia .

El gobierno de Juan Manuel Santos avanza en dos direcciones contra puestas, de un lado tenemos la inesperada apuesta por el proceso de paz y al mismo tiempo vemos la constante carrera armamentista de las fuerzas armadas y el evidente esfuerzo legislativo del presidente por aprobar el nefasto fuero militar, que daría vía libre a la impunidad militar, impunidad que ya ha sido demostrada por la historia; falsos positivos, desapariciones del palacio de justicia y el genocidio de la UP. Procesos en la historia reciente que aun resueltos no han sido juzgados, el director del programa presidencial para los derechos humanos “admitió que se han registrado incidentes contra personas de la U.P….” que se traducen, según los datos emitidos por el noticiero CM& en, 138 asesinatos de sobrevivientes upeistas, 38 casos de desapariciones forzadas y 25 atentados durante el periodo del último gobierno (Ortiz, 2005:48).

Debemos por el bien del pueblo colombiano acompañar permanentemente toda iniciativa que busque una salida política negociada del conflicto armado colombiano. Lo que no quiere decir que sea necesario, ni particularmente correcto, ligar la esperanza o continuación de un eventual acuerdo exitoso de paz a la reelección o extensión del periodo presidencial. Ni olvidar los posibles inconvenientes que representaría una asamblea constituyente sin una debida correlación de fuerzas, como lo demuestra la experiencia histórica de la constitución

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