REFORMA AGRARIA CHILE- Vision Economica

DESARROLLO:

Alrededor de los años ’50, muchos países latinoamericanos se encontraban con una alta concentración de la propiedad de la tierra en pocos dueños, amplios sectores rurales con altos índices de pobreza, con un gran número de asalariados agrícolas analfabetos y con sistemas laborales injustos, además de los bajos índices de producción y productividad agrícola. A raíz de estas problemáticas, nacen numerosos procesos de reformas agrarias. “Las Reformas Agrarias son conocidas como un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas que tiene como finalidad modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra”. Latinoamérica encontró la iniciativa y motivación de transformar la propiedad de la tierra en las políticas promulgadas por Estados Unidos, en relación al programa “Alianza para el Progreso”, ya que ese era su objetivo principal, el transformar la estructura de tenencia de la tierra y el régimen del latifundio y minifundio.

En Chile, antes de la Reforma Agraria, predominaba el complejo “latifundio-minifundio”, que consistía, básicamente, en una estructura agraria en la cual se daba una fuerte concentración de la gran propiedad de la tierra en manos de unos pocos, además de una jerarquía social rígida, autoritaria y paternalista. En vista de esta situación, los sectores progresistas del país demandaron una reforma en el agro nacional. Ésta reforma se desarrolló entre los años 1962 y 1973 y propuso la redistribución de un gran porcentaje de las parcelas de tierra nacionales.

En el gobierno de Jorge Alessandri, se inicia la reforma agraria en Chile, con la promulgación de la Ley N° 15.020 de 1962. El objetivo de esta ley fue mejorar los niveles de producción agrícola, modificando paulatinamente la tenencia de la tierra. Esta política debía operar reagrupando los minifundios y efectuando la compra de los latifundios mal explotados, fundamentándose en un mejoramiento de las condiciones sociales y culturales de los pequeños propietarios y de los trabajadores campesinos.

Durante este gobierno, específicamente entre los años 1959 y 1964 se asignaron un gran número de hectáreas, aproximadamente 835.118 a 1.159 familias, de manera individual, aunque se sabía que faltaba aún más dinamismo y aceleración del proceso.

Cabe mencionar que la Iglesia Católica cumplió un rol importante en este proceso de transformación, ya que era una de las instituciones más comprometidas con la reforma. Es más, ésta ya había comenzado un proceso de reforma de los predios de su propiedad, incluso antes de que la Ley 15.020 fuera promulgada. La siguiente cita corrobora lo anteriormente dicho, “En el ámbito nacional, en 1962 el episcopado de Chile hace pública una Pastoral colectiva titulada “La Iglesia y el problema del campesinado chileno” en la que llama a la colaboración con la Reforma Agraria, la cual es definida como una cruzada de elevación del campesinado. Precisamente la Reforma Agraria es iniciada por la Iglesia Católica al entregar en propiedad cinco fundos que le pertenecían a 228 familias campesinas.” En esos años, la institución estaba encabezada por el Cardenal Raúl Silva Henríquez, quien perduró en el tiempo y se hizo parte de la historia del país, por las gestiones realizadas en relación a la reforma.

Luego, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva se impulsa una reforma más amplia y operante, capacitada para acelerar el proceso de las expropiaciones. En donde la forma de asignación de las tierras era entregada a cooperativas conformadas por asignatarios, quienes, finalmente, se hacían cargo del manejo de las parcelas que formaban parte de la explotación comunitaria. Cada asignatario recibía, además, un sitio o terreno individual, normalmente alrededor de la casa, de media a una hectárea, aproximadamente. Bajo el lema, que caracterizaba su gobierno, “la tierra para el que la trabaja”.

En el año 1966, se promulgaron dos nuevas leyes agrarias, que tenían como base, incorporar a los campesinos a la propiedad de la tierra que trabajaban; incitarlos a ellos y a sus familias a lograr su incorporación a la sociedad y a la vida cultural y política del país; mejorar la productividad agrícola en todos sus niveles, optimizando el sistema de manejo y aprovechamiento de las aguas y reestructurando los organismos públicos relacionados con la agricultura.

Estas leyes consiguieron, además poner una especie de tope al número de expropiaciones de latifundios, reservándole al propietario una superficie de hasta 80 hectáreas explotables.

Entre 1965 y 1970 fueron expropiados, en todo el país, cerca de 1319 predios, con un total de 3.408.788 hectáreas, aproximadamente, que alcanzaron a ser repartidas en su mayor parte, favoreciendo a 29.139 familias, organizadas en 910 asentamientos. Las provincias más afectadas durante este período fueron

Coquimbo, Aconcagua, Valparaíso, Colchagua, Linares, Talca, Ñuble y Magallanes.

El gobierno de Salvador Allende, utilizando los instrumentos legales promulgados por el gobierno anterior, tenía como fin, expropiar todos los latifundios y traspasarlos a la administración estatal, cooperativas agrícolas o asentamientos campesinos, lo que provocó que el proceso de expropiaciones se acelerara bruscamente, debido a la presión que ejercieron las organizaciones campesinas, a través de tomas directas de predios, derivadas del sentimiento colectivo de violencia que tenía el mundo campesino, por los propósitos del gobierno con sus tierras, lo que, finalmente desencadenó, además una crisis económica. Cabe destacar, que en los tres años de gobierno de Allende se expropiaron 4.400 predios, es decir, alrededor de 6,4 millones de hectáreas, en su gran mayoría, al sur del río Bíobío. Sólo una parte de estas tierras alcanzó a ser asignada a 4.000 familias, aproximadamente. Con la caída del presidente, se terminaron las expropiaciones de tierras, y la Junta de Gobierno, que nació en ese entonces, se abocó al problema de la regularización del proceso, revisándolo y devolviendo las tierras ilegalmente expropiadas y entregando las definitivamente expropiadas. Esto fue, además, la base de un proceso generado por el mal funcionamiento de la reforma, “La Contra-Reforma Agraria”, que detuvo los procesos llevados a cabo durante los años 1962 y 1973, mostrando, primeramente, que de casi 10 millones de hectáreas expropiadas, a septiembre de 1973, se invalidaron 4,5 millones, sumándole, además, las tierras transferidas a los organismos públicos y fuerzas armadas, que representaron más del 60% de las hectáreas expropiadas, que lógicamente, no fueron entregadas a los campesinos,

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