RESUMEN EJECUTIVO DE LA LGE

RESUMEN EJECUTIVO DE LA LGE

Profesor: Dr. Sergio Pérez M.

Ayudante: Profesora: Valeria Vásquez

Prólogo

Contexto:

El Consejo Asesor Presidencial se crea tras una amplia movilización de estudiantes secundarios, que puso de manifiesto que nuestra educación estaba lejos de responder a las expectativas que los estudiantes y sus familias depositan en ella.

El Consejo fue consciente de la alta significación de la tarea que la Sra. Presidenta le encomendó. Hoy la educación se encuentra en el centro de las aspiraciones de bienestar y de mayor equidad que la sociedad chilena exhibe y, más que nunca antes, la educación posee un valor estratégico para el desarrollo político y económico del país. Mejorar la educación en calidad y justicia exige un esfuerzo generoso de todos, esfuerzo que trascienda los legítimos intereses particulares o de grupo de los actores educativos.

Consensos:

Pese a la diversidad de visiones que coexisten en el Consejo y más allá de opiniones discrepantes -sobre la existencia o no de establecimientos con fines de lucro, el trato diferenciado o igualitario a las instituciones públicas y particulares subvencionadas o el mejor modo de administración de los establecimientos públicos-, el Consejo ha llegado a amplios acuerdos que el prólogo resalta. Ellos se apoyan en una constatación compartida: la educación en nuestro país ha avanzado, pero dista mucho de poseer la calidad requerida y exigible en el mundo de hoy y tampoco consigue aminorar las marcadas desigualdades de origen con que los niños inician su experiencia educativa. Estos consensos son:

- Lograr una educación de más calidad y de mayor equidad es posible si se asume como una tarea nacional mantenida en el tiempo.

- La existencia en Chile de la educación pública y de la educación particular constituye un valor; estas modalidades educativas no son antagónicas y corresponde plantear propuestas que potencien a ambas para contribuir a una mejor educación.

- Hoy es indispensable mejorar la educación pública para permitir que la educación contribuya efectivamente a la ampliación de las oportunidades de todos los chilenos. Esto requiere modernizar y fortalecer técnicamente la administración y gestión de la educación de propiedad pública, actualmente en manos de los municipios.

- Las políticas de mejoramiento educativo deben estar centradas en los establecimientos educacionales, concebidos como un espacio abierto y participativo donde los estudiantes y sus familias se comprometan con el proceso educativo.

- Los directivos y profesores son los actores fundamentales en la construcción de una buena educación, por lo que debe existir una preocupación especial para atraer, formar y retener buenos profesores y directivos en el sistema educacional.

- Se requieren cambios sustantivos en la institucionalidad educativa, los que deben comenzar con una ley sustitutiva de la actual LOCE, que le otorgue legitimidad y garantice efectivamente el derecho a una educación de calidad.

- La necesidad de asegurar una educación más equitativa y de mayor calidad exige un compromiso financiero significativo. Se deben crear condiciones para destinar más recursos a educación, los que deben utilizarse priorizando a los estudiantes más pobres y con mayores problemas sociales y educativos.

- El financiamiento debe llegar a ser el adecuado para alcanzar logros educativos equivalentes en todo tipo de establecimientos educacionales. Para ello hay que corregir las inequidades en el acceso a los recursos que genera el actual sistema de financiamiento, por las distintas capacidades financieras de los municipios y por el financiamiento compartido.

- Es imprescindible definir estándares de calidad que todos los establecimientos del país satisfagan, proponer requisitos de entrada más exigentes a la actividad educativa y crear una Agencia Pública de Aseguramiento de la Calidad.

- Es preciso reforzar las barreras que impiden las discriminaciones arbitrarias en los establecimientos educativos e introducir incentivos que premien la inclusión social.

- Disponer de mayores instancias de participación, reestructurando y reforzando el Consejo Superior de Educación, a nivel nacional, y fortaleciendo los consejos escolares de cada establecimiento, para hacerlos partícipes de la discusión de los proyectos educativos y de los reglamentos disciplinarios.

- Reducir el riesgo de una mayor segregación mediante el financiamiento diferenciado y buscando también otros instrumentos.

- La importancia de los profesores para el logro de una educación más equitativa y de calidad supone apoyar decididamente la dignificación de su labor y avanzar en el desarrollo de una carrera profesional docente que atraiga y retenga a aquellos docentes que muestren las competencias requeridas para la enseñanza. La estabilidad laboral y procedimientos claros de despido, no son incompatibles con una carrera profesional.

- Es imperioso mejorar la formación inicial y continua de los profesores.

Para finalizar, el prólogo expresa el convencimiento de que Chile puede dar un salto significativo en educación en los próximos años, si logramos acuerdos amplios. Nuestro país cuenta, como nunca antes, con objetivos claros y con los recursos necesarios para avanzar en la senda que nos recordaron los jóvenes este año.

I. El marco regulatorio de la educación

Los miembros del Consejo Asesor entienden que su función no es la de un organismo experto o legislativo, sino la de un consejo ciudadano. Su tarea es, ante todo, contribuir a la solución de los problemas de la educación nacional. Entre ellos es importante cambiar la LOCE y el marco regulatorio de la educación actualmente en vigor, subsanando el déficit de deliberación democrática y de legitimidad que posee desde sus orígenes.

El diseño del sistema educativo depende del significado que la sociedad asigne a la educación, por lo cual el Consejo comenzó por responder la pregunta: ¿para qué educar? El mundo vive un proceso de globalización y Chile se ha integrado activamente a él. Esto genera un cambio cultural profundo e influye en nuestra identidad. A veces, los procesos de modernización han debilitado los lazos comunitarios y de cooperación social. Las expectativas de justicia, que están en la base de la convivencia y se expresan en la demanda de oportunidades iguales para

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