Seguridad Ciudadana

La Seguridad Ciudadana es un tema de mucha preocupación en Ecuador. Desde hace aproximadamente una década atrás, venimos tan solo recordando a la "Isla de Paz" que era nuestro país. A la par del crecimiento de nuestras ciudades, también se ha dado un incremento de la inseguridad en todas sus dimensiones: desde los atentados externos a nuestra soberanía, pasando por la delincuencia común, el crimen organizado para secuestrar, robar o asesinar, ejecuciones extrajudiciales y por su puesto no podemos olvidar los robos a gran escala de los banqueros corruptos, el feriado bancario y la pobreza, que siguen asesinando sin mucho "rating".

Entre las falsas percepciones y la crónica roja, la dimensión real de la inseguridad parece desconocer los índices oficiales que constan en los registros de la Policía Nacional y otras instancias como Fiscalías, Comisarías, etc., y que suelen ser exacerbados por parte de algunos medios, dejando una sensación a la ciudadanía de vivir en un país excesivamente peligroso, para confirmarlo solo hace falta preguntar que opinan nuestros cercanos.

¿Cuál es la solución?: los Planes de Seguridad, el fortalecimiento de la Fuerza Pública, la organización civil, el endurecimiento de las penas, el mejoramiento de los procedimientos fiscales y judiciales; todas estas alternativas están siendo practicadas para frenar esta "ola" de inseguridad, y con ecos lejanos se reflexiona sobre la necesidad de cambios estructurales que pongan "corcho duro" a las causas que generan la delincuencia en todas sus escalas.

Como ciudadanos pedimos, con total derecho, la atención inmediata y la protección ante la delincuencia, dejando lateralmente y con menos urgencia las exigencias de cambios hacia la equidad que sabemos mejorarían las condiciones generales de vida. El pedido urgente de la ciudadanía ante la inseguridad halla respuesta en el Estado con la creación y activación de planes emergentes de seguridad y el llamado fortalecimiento de la Fuerza Pública, para así tener respuestas ágiles, inmediatas y visibles.

En este contexto los ciudadanos civiles, como los uniformados, deben ser protegidos en el ejercicio de sus derechos fundamentales: derechos humanos y garantías constitucionales; para lo cual la Fuerza Pública, provista de armas, entrenamiento y poder coercitivo, tienen la obligación de garantizar a la población el justo tratamiento, en la ejecución de cualquiera de sus operativos de intervención, basados en las normas establecidas por la ley como lo es el uso proporcional de la fuerza.

El respeto de las leyes y normas por parte de la Fuerza Pública es la garantía de la seguridad. Los delincuentes deberían ser castigados de acuerdo a lo establecido por el sistema de justicia, la fuerza publica sería reconocida por un accionar efectivo y acertado y la ciudadanía alcanza la seguridad buscada.

Pero no siempre se distingue un comportamiento tan ideal en la aplicación de esta lógica. Como en el caso del reciente operativo policial realizado por integrantes del Grupo de Apoyo Operacional de la Policía Judicial de Pichincha (GAO), efectuado en la Vía a Píntag, el viernes 28 de noviembre de 2008, donde después de una balacera resultaron abatidos nueve presuntos miembros de una banda delictiva que habría perpetrado un asalto, minutos antes, el cual presenta muchas interrogantes a ojos de sus familiares y de los organismos de derechos humanos.

Ante estos hechos la APDH hace algunas reflexiones:

1.- El ejercicio de los Derechos Humanos se traduce en su respeto y cumplimiento por parte del Estado frente a sus ciudadanas y ciudadanos,

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