Sistema Financiero Nacional

INTRODUCCIÓN

La presente investigación, referida al Financiamiento Agrícola en Venezuela entre los años 1999 – 2004, se realizó para el diplomado de Derecho Agrario dictado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Agrario y Reforma Agraria, de la Universidad de Los Andes, durante los meses de octubre 2004 a marzo 2005.

Es una investigación preliminar, de tipo documental a través de la recopilación de información legal y de estudios relacionados al tema, fundamentalmente la serie Replanteamiento de las Finanzas Rurales, realizado bajo el patrocinio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Oficina Técnica Alemana (GTZ). La principal limitación enfrentada ha sido la falta de datos estadísticos sobre los montos financiados, tanto por rubro como por áreas geográficas, razón por la cual no contiene análisis estadístico. Se anexan, a manera de ilustración, dos cuadros sobre el financiamiento agrícola por periodo presidencial en Venezuela, las únicas estadísticas disponibles en la página Web de Fondafa.

Partiendo de una metodología descriptiva, este trabajo persigue un primer acercamiento al tema del financiamiento agrícola. Inicialmente se revisan las características del sector agrícola. Posteriormente, se examinan los conceptos referidos al crédito, sus características así como una reseña histórica del crédito agrícola en Venezuela. Luego, se analiza la normativa legal vigente en Venezuela a partir de 1999, relacionada con la actividad agrícola. Por último, estudiaremos las instituciones financieras formales e informales involucradas en el financiamiento del sector agrícola.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La permanencia del hombre en nuestro planeta se encuentra sujeta, entre otras razones, a la disponibilidad de alimentos. Hasta el momento, pese al avance tecnológico, el sector agrícola depende de la relación hombre – naturaleza. En su mayoría las actividades agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras se desarrollan directamente en ambientes naturales.

El sector agrícola es uno de los ejes fundamentales para el desarrollo de cualquier país; dado el mayor margen de riesgo e incertidumbre que caracterizan el proceso productivo agrícola el financiamiento se constituye en piedra angular para promover y mantener la dinámica productiva. Las características propias de la agricultura exigen una política agropecuaria coherente, integral, dinámica, con alta participación y apoyo social y con la fuerza necesaria para pasar de política gubernamental a política de Estado1.

Desde un punto de vista estratégico, la agricultura requiere de diversas medidas (legales, económicas, financieras, ambientales, educativas, entre otras) para estimular la inversión y asegurar un ingreso mínimo adecuado a las familias de las áreas rurales.

Con tal propósito, cada gobierno crea o modifica los organismos crediticios públicos de apoyo a la agricultura. Desde hace más de tres décadas, el Estado venezolano ha intervenido directamente en la banca privada al imponerle montos mínimos de financiamiento agrícola, tanto de tasa de interés como del porcentaje destinado a la cartera agrícola.

1 La extensión agrícola en el cambio institucional. (2002). IICA, San José – Costa Rica, p. 19.

El incremento de la inversión agrícola genera impactos positivos, entre otros: incrementar la producción de bienes y servicios agrícolas, aumentar el nivel de ingreso de las familias rurales, generar empleo rural especialmente para mujeres, mejorar las condiciones de vida en el campo y disminuir la dependencia externa de alimentos, en tales razones se justifica la intervención estatal en dicho sector.

OBJETIVOS

Objetivo general:

Analizar el rol que desempeñan las instituciones financieras públicas y

privadas venezolanas dedicadas al financiamiento del sector agrícola.

Objetivos específicos:

• Caracterizar las instituciones financieras.

• Identificar el marco jurídico que regula el financiamiento agrícola en

Venezuela.

JUSTIFICACIÓN

El estudio del financiamiento agrícola se basa en la necesidad de comprender y diferenciar el sector agrícola de otros sectores de la economía, debido a su dependencia del medio ambiente y al mayor riesgo e incertidumbre a los cuales se encuentra sujeto. Sin embargo, la dificultad en el retorno del capital por la irregularidad en los ingresos de los agricultores, el mayor riesgo e incertidumbre en cuanto a precios y al estado del tiempo junto a la falta de garantías los hace clientes muy especiales para la banca privada: representado un riesgo mayor al de otros sectores aunado a mayores costos de transacción. El sector agrícola se considera estratégico para el desarrollo de cualquier país. El financiamiento agrícola es un elemento clave para alcanzar las metas de desarrollo económico y social; siendo menester, por lo tanto, garantizar un accesible, oportuno y suficiente flujo de recursos financieros para estimular la inversión agrícola.

Consciente de esta realidad durante el siglo pasado, el Estado venezolano realizó diversos esfuerzos para promover el desarrollo agrícola; no obstante, cada gobierno ha diseñado diferentes políticas e instrumentos dirigidos al agro, lo cual no ha permitido continuidad ni estabilidad en torno a las condiciones de inversión y comercialización en dicho sector.

A finales de 1999, con la aprobación de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, se redefine el papel del Estado en los diferentes órdenes del ámbito económico y especialmente el referido al sector agrícola.

En Venezuela, la situación actual de los productores agrícolas se caracteriza por frecuentes exigencias de mayor intervención gubernamental tanto crediticia como de control de importaciones. Cabe preguntarse: ¿Cuál es el marco legal e institucional vigente para el financiamiento agrícola en Venezuela? ¿En qué medida ha favorecido la aplicación de políticas de financiamiento agrícola al productor?

Ante este panorama, se crean y modifican diversas leyes, dando paso a un nuevo marco legal para el financiamiento agrícola. De está manera, se busca dar cumplimiento con los preceptos constitucionales; fundamentalmente el artículo 305 en el cual el Estado garantiza la seguridad alimentaria de la población a través de la promoción de la agricultura

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