Derecho Civil

LOS CONTRATOS ALEATORIOS

2º SUPUESTO

Analice las siguientes cuestiones:

Ante que tipo de contrato nos encontramos.

Nuestro Código Civil contempla este tipo de contratos como contratos aleatorios, regulando tres modalidades: el juego y apuesta, la renta vitalicia, y el contrato de seguro, cuyo articulado ha quedado vacío de contenido tras la Ley 50/1980 de 8 de octubre. Este supuesto, en concreto, contempla la modalidad de renta vitalicia.

El artículo 1790 del Código Civil dice que: “Por el contrato aleatorio, una de las partes o ambas recíprocamente, se obligan a dar o hacer alguna cosa en equivalencia de lo que la otra parte ha de dar o hacer para el caso de un acontecimiento incierto, o que ha de dar o hacer para el caso de un acontecimiento incierto, o que ha de ocurrir en tiempo indeterminado”. Se trata de una definición que goza de poca aceptación de la doctrina, ya que lleva a confusión entre este tipo de contratos y los contratos sujetos a condición.

Ante la condición de contrato podemos hablar de tres elementos básicos que identifica el Prof. Guilarte Zapatero: a) la indeterminación inicial del resultado, b) la dependencia definitiva del mismo de circunstancias que lo hacen incierto y c) la voluntariedad de los interesados de asumir el riesgo. No obstante lo dicho y pese a peculiaridades que presenta cada figura contractual, podemos señalar (además de la aleatoriedad), los siguientes caracteres comunes de la figura genérica del contrato aleatorio:

Es un contrato bilateral.

Es un contrato oneroso, en el que las obligaciones de las partes son reciprocas y sinalagmáticas.

Es un contrato de carácter consensual.

El contrato aleatorio de renta vitalicia queda definido en el Código Civil de esta forma: “el contrato aleatorio de renta vitalicia obliga al deudor a pagar una pensión o rédito anual durante la vida de una o más personas determinadas por un capital en bienes muebles o inmuebles, cuyo dominio se le transfiere desde luego con la carga de la pensión”. La finalidad económica de esta figura reside entre otras de menor importancia, en proporcionar al preceptor un ingreso fijo periódico a los efectos de subsistencia, aunque también puede perseguir favorecer (en vida del constituyente) a una determinada persona.

¿Qué legislación es la aplicable?

El Código Civil recoge en sus artículo del 1802 al 1808 las formas de constituir la relación de renta vitalicia, sin embargo, son posibles e incluso más frecuentes en la práctica, otras formas de constituir la relación jurídica de renta vitalicia, como por ejemplo, mediante resolución judicial, en virtud de testamento, a consecuencia de determinadas particiones hereditarias, para evitar las desigualdades entre los diversos lotes asignados, e incluso por mor de lo dispuesto en el artículo 839 Código Civil que permite el pago de la parte del usufructo que corresponde al cónyuge viudo “asignándole renta vitalicia”

Sujetos.

Debemos señalar en primer lugar que el deudor de la renta es el que ha recibido el capital en muebles o inmuebles que se le transfieren (el hijo: Juan). El acreedor, en nuestro caso es el que constituyo dicho contrato transfiriendo esos bienes (los padres: doña Francisca y don Joaquín.

En este contrato deben concurrir al menos dos sujetos (artículo 1802 Código Civil) en cuanto partes del contrato. No obstante, el artículo 1803 admite la concurrencia de hasta cuatro sujetos: además de los constituyentes, un tercero cuya vida es considerada como alea, y el perceptor de la renta o beneficiario, que puede ser uno de os constituyentes, el tercero cuya vida se estima, o un cuarto sujeto independiente de los anteriores.

Puede ocurrir como es en nuestro supuesto que se atienda a la vida de varios sujetos, e igualmente puede constituirse la renta en beneficio de una pluralidad de personas, simultanea (conjunta) o sucesivamente. En cualquier caso deberá tenerse en cuenta el limite del artículo 781 Código Civil.

¿Tienen derecho doña Francisca a ejercitar sus pretensiones?

La entrega por parte del hijo de la mitad del dinero no se ajusta a derecho ya que tal y como nos señala el artículo 1802: “el contrato aleatorio de renta vitalicia obliga al deudor a pagar una pensión o rédito anual durante la vida de una o más personas determinadas por un capital en bienes muebles o inmuebles,...”; es decir que él esta obligado a seguir pagando las 250.000 pesetas a su madre aun habiendo muerto su padre ya que el contrato de renta vitalicia se estipulo así; es decir él se quedaba con la finca y él pagaba a sus padres esa cantidad de dinero dando igual en este caso que ese dinero fuera a parar a una o dos personas, ya que él esta obligado a pagar esa cantidad hasta que mueran el matrimonio y no a pagar la mitad ante la muerte de uno de ellos. Doña Francisca tiene así derecho a reclamar la cantidad acordada ya que la doctrina entiende que la renta constituida sobre la vida de varias personas debe considerarse que no se extingue hasta la muerte de la última.

¿Podría doña Francisca revocar el contrato celebrado hace diez años y recuperar la finca?

El incumplimiento por parte del hijo del pago de la renta el artículo 1805 establece que “la falta de pago de las pensiones vencidas no autoriza al perceptor de la renta vitalicia a exigir el reembolso del capital”, de este modo doña Francisca solo tiene derecho a reclamar judicialmente el pago de las rentas atrasadas y el aseguramiento de las futuras.

No obstante la prohibición del artículo 1805, la doctrina y jurisprudencia (SSTS 13 de mayo de 1959 y 14 de octubre de 1960) admiten el pacto resolutorio por impago de pensiones, inscribible en el Registro de la Propiedad, al no contemplar la redacción definitiva de nuestro Código Civil la prohibición expresa recogida en el proyecto isabelino. Dicho pacto resolutorio puede revestir dos modalidades: puede contemplar la retención del deudor de los intereses o frutos producidos, y por el acreedor de las pensiones recibidas hasta entonces; o, en cambio, que el rentista conserve además de las rentas percibidas, los frutos producidos por el capital, lo que equivale realmente a una cláusula penal (STS 14 de octubre de 1969), siendo susceptible de moderación judicial (artículo 1154).

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