Derecho Empresarial Actividad 1.1

Constitución Política de la República de Guatemala

ORIGEN Y EVOLUCION

Al emanciparse Guatemala del Imperio Mexicano (el 2 de agosto de 1823) rigió provisional-mente la vida política del país la Constitución Española de 1812. El 22 de noviembre de 1824 entró en vigor, para toda Centroamérica, la Constitución Federal de ese año: dentro de la Federación, se aprobó la Constitución del Estado de Guatemala de 11 de octubre de 1825. La disolución de la Federación Centroamericana supuso la necesidad de que sus Estados miem-bros se dotasen de sistemas constitucionales propios.

En Guatemala, durante la fase que va de 1839 a 1871 (el llamado régimen conservador o de los treinta años) el sistema constitucional se integró por las Leyes Constitutivas aprobadas en 1839 por una Asamblea Constituyente: la Ley Constitutiva del Poder Ejecutivo (Decreto 65) la Ley Constitutiva del Supremo Poder Judicial (Decreto 75) y la Declaración de los Derechos del Estado y sus habitantes (Decreto 76). Una posterior Acta Constitutiva de 1851 confirmaba el poder omnímodo del dictador Carrera.

El paso al régimen liberal se tradujo en la adopción de la Constitución de 1879, texto que se mantuvo en lo esencial en vigor hasta 1944, si bien se vio sometido a numerosas reformas. Tales fueron las de los años 1885, 1897,1903, 1921 (reforma de amplio calado pero de escasa duración), 1927,1935 y 1941 (estas últimas de acusado carácter presidencialista).

La Revolución de octubre de 1944 supuso el fin de la etapa liberal, y la adopción de la Consti-tución de 13 de marzo de 1945, en vigor bajo las Presidencias de Arévalo y Arbenz, y cuya vigencia terminó con el golpe de 1954. En esta fecha se aprobó el Estatuto Político de la Re-pública de Guatemala, que derogó la Constitución de 1945 (10 de agosto de 1954). Una Asamblea Constituyente elaboró la Constitución de 1 de marzo de 1956 en vigor hasta el gol-pe de Estado militar de 1963. El 10 de abril de este año se aprobó una Carta Fundamental de Gobierno, según la cual "El poder público será ejercido por el Ejército de Guatemala, conser-vando su jerarquía militar". Este estado de cosas finalizó con la aprobación, por una Asamblea Constituyente, de la Constitución de 15 de septiembre de 1965. Un nuevo golpe de Estado militar, el 23 de marzo de 1982, declaró en suspenso la Constitución de 1965, y una Junta Mili-tar emitió, el 27 de abril del mimo año, un Estatuto Fundamental del Gobierno. Bajo la direc-ción del general Óscar Mejía Víctores, que había depuesto el 8 de agosto de 1983 al también general Ríos Montt, se inicia el proceso de transición a la democracia, dictándose en enero de 1984 una nueva ley electoral que regirá las elecciones constituyentes celebradas el 1 de julio de 1984 mediante un sistema electoral de doble voto de tipo alemán.

Celebradas las elecciones en un ambiente de gran entusiasmo, la participación fue masiva, bien que con un alto porcentaje de votos nulos, en el marco de un sistema partidista muy fraccionado (1174 candidatos distribuidos en 17 partidos se disputan los 88 escaños que inte-gran la Asamblea). El resultado fue una Asamblea constituyente sin mayorías nítidas, "con representación de muchos partidos y corrientes que obligó a una negociación permanente" (J.M.Garcia Laguardia: La Constitución guatemalteca de 1985). Tras varios meses de trabajo, el 31 de mayo de 1985 la Asamblea concluyó el proceso constituyente con la promulgación de la nueva Constitución, hoy vigente.

El fallido golpe de Estado del propio Presidente de la República Jorge Serrano (26 de mayo de 1993) y la dificultosa solución de la crisis institucional provocada por aquel (fracasado el ante-golpe asume la jefatura del Estado el vicepresidente, quien a su vez es inhabilitado por el Tribunal Constitucional, siendo finalmente elegido Presidente el entonces Procurador de los Derechos humanos, Sr. de León Carpio) termina por desgastar el sistema constitucional. El nuevo Presidente auspició una amplia reforma constitucional que afectará a 43 artículos y que será aprobada en sede parlamentaria el 17 de noviembre de 1993 y en referéndum el 30 de enero de 1994, consulta popular que registró unas tasas de participación en torno al 16% de los inscritos.

Tras los Acuerdos de Paz suscritos entre el Gobierno de Guatemala y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que preveían en numerosas ocasiones diversas reformas constitucionales (en particular el Acuerdo firmado en Estocolmo el 7 de diciembre de 1996, que específicamente versa "sobre reformas constitucionales y régimen electoral"), la Presi-dencia de la República promovió en mayo de 1997 ante el Organismo legislativo un proyecto de reforma constitucional a fin de implementar dicho Acuerdo. Sin embargo, la resistencia a dicho proyecto de reformas en ciertos sectores sociales y políticos (en particular, pero no exclusivamente, el FRG liderado por Ríos Montt) que temían la eventual rentabilización elec-toral de los Acuerdos de Paz por el entonces partido gubernamental (PAN), demoraron más de dos años la culminación de tal proceso de reforma. Cuando el 16 de mayo de 1999 se so-metieron las reformas a referéndum popular la desmovilización de la población (en particular de las comunidades indígenas) se tradujo en una abstención superior al 80% y posibilitó el triunfo de los sectores opuestos a la modificación de la Constitución.

DEFINICION

La Constitución Política de la República de Guatemala es la ley suprema del país, en la cual se rige todo el Estado y sus demás leyes. La Constitución Política de la República de Guatemala fue creada por una Asamblea Nacional Constituyente, la cual lo hizo en representación del pueblo con el objeto de organizar jurídicamente y políticamente al Estado, así como, también contiene los Derechos Fundamentales de los miembros de su población.

Guatemala, visto desde el punto de vista jurídico en el presente trabajo, es un terreno con-flictivo. En nuestra historia, desde 1823 –año en que nos separamos de México para confor-mar la República Federal de Centroamérica, hemos tenido ocho constituciones –nueve, si contamos la de Cádiz de 1812, sobre la que detallaremos más adelante.

FUNCIONES

Conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad.

Conocer en única instancia en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo en las acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Presidente y el Vicepresidente

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