Efectos De La Corrupcion En El Proceso De Adquisicion De Bienes

“Los efectos de la corrupción en el proceso de adquisición de bienes, servicios, obras y consultoría de obras, de las entidades públicas. Mencionar orígenes, consecuencias, ejemplos con casos."

Una de las limitaciones de las entidades que administran sistemas de información sobre contrataciones y adquisiciones del Estado como el Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General de la República y el OSCE es que aún no se integran en una agenda común para mejorar y sistematizar la información existente y permitirnos a los ciudadanos acceder a información cada vez de mayor calidad.

El proceso mediante el cual el Estado lleva adelante sus adquisiciones de bienes o contrata obras y servicios debe permitir que sea observable no solamente por los órganos de control internos y externos al mismo, sino también por los ciudadanos ajenos a él, e incluso por quienes han participado del proceso licitatorio y no han resultado adjudicatarios, que en conocimiento de los principios y técnicas que rigen los procesos de adquisiciones, puedan tener razonable evidencia de que los negocios públicos son administrados con esmero, eficiencia y honradez.

La transparencia del accionar público debe ser demostrable en toda su extensión. La transparencia, la probidad y la igualdad de oportunidades son valores más importantes para las compras públicas que para las compras privadas. Al respecto, encontramos que en las compras públicas es posible encontrar "reglas de juego" en el ámbito operativo para quienes las busquen con determinación, y que por lo general deben de acatarse.

La palabra "corrupción" etimológicamente viene del latín curruptus, que significa descomposición

Es así que este fenómeno "corrupción" se halla inmerso en las diferentes funciones estatales. La planeación, el presupuesto, la gestión de recursos humanos, la administración de recursos físicos, el control fiscal, entre otras áreas de gestión en donde resulta evidente la descomposición o desintegración de la función pública.

Siendo en la contratación estatal donde resulta más evidente la ingerencia de estas prácticas degenerativas, ya que a través de la misma se ejecutan los recursos públicos destinados a los diferentes cometidos del Estado; siendo las áreas más sensibles la contratación pública, la recaudación de impuestos, los nombramientos gubernamentales, las comisiones informales sobre contratos gubernamentales.

El Estado demanda unos bienes y/o servicios, a través de funcionarios que deciden comprarlos de acuerdo a los procedimientos establecidos para garantizar principios públicos como la transparencia y la economía en la selección de las ofertas, o por el contrario, optan por no considerar estos principios contratando a quien garantice el pago de un soborno. El funcionario tiene la oportunidad, por ejemplo, de restringir los oferentes, y garantizar una elección determinada, definiendo y ponderando variables de conveniencia para un elegido contratista y no para el Estado.

El alto nivel de corrupción en la contratación pública parece haber distorsionado seriamente los elementos de competencia sana y abierta que constituyen la esencia del proceso licitatorio. La existencia de monopolios de contratistas es reconocida como la irregularidad más frecuente en los procesos de licitación se calcula que se encuentra en un 54% de los contratos.

Es claro entonces que un alto volumen de los recursos del presupuesto estatal, correspondientes tanto a gastos de funcionamiento como de inversión, son canalizados a través de las contrataciones públicas, lo que las constituye en una porción muy importante de los negocios de diversos sectores de la economía, pero también en un gran atractivo para los corruptos.

Es un área específica de las contrataciones en las cuales se presentan sobornos es en la definición de los términos de referencia, llegándose a encontrar pliegos de condiciones casi hechos a la medida de un determinado proponente.

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