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Para Nadie es desconocido que los presidios del país presentan graves problemas de hacinamiento. Numerosos programas de televisión han mostrado las indignas condiciones en las que viven aquellos que son privados de su libertad.

Para nadie es desconocido que los presidios del país presentan graves problemas de hacinamiento. Numerosos programas televisivos han mostrado las indignas condiciones en las que viven aquellos que son privados de su libertad, acusados de haber cometido algún delito.

(Reportaje publicado por El Ciudadano el 29 de mayo del 2006)

Ante esta situación, desde el comienzo del gobierno del ex presidente Ricardo Lagos se empezó un camino para subsanar el déficit de infraestructura existente en el país.

En enero de 2001, el Ministerio de Justicia acordó con el de Obras Públicas la ejecución de un proyecto que, por primera vez, permitía el ingreso de capitales privados a la construcción de recintos penales. Nacía así el Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, que hoy ya está en marcha y ha dado sus primeros frutos, buenos y malos.

Según la información obtenida de los sitios web del Ministerio de Justicia y deGendarmería, dicha iniciativa contempla la construcción de 10 nuevas cárceles, 5 de Alta Seguridad (AS) y 5 de Mediana Seguridad (MS), cada cual con una capacidad que va desde los 1.300 a los 2.000 internos. Su ejecución se está realizando en cuatro grupos, que fueron licitados desde el 2001 a diversos consorcios nacionales e internacionales. El primero de ellos, culminado en enero de este año, es el conformado por los recintos de Alto Hospicio(AS), La Serena (MS) y Rancagua (AS), adjudicados al Consorcio BAS S.A.; el segundo, por los de Concepción (AS) y Antofagasta (MS), concesionados al Consorcio BAS DOS S.A.; el tercero, por los de Santiago (AS), Valdivia (MS) y Puerto Montt (MS), otorgado alConsorcio Vinci Construction Grand Projects. Finalmente, el cuarto grupo está constituido por un segundo recinto en Santiago (AS) y otro en la VII Región (MS), que desde el 2005 se encuentra llamado a licitación.

Los privados tendrán a su cargo los recintos por un plazo de 273 meses (23 años, aproximadamente) y se encargarán de su diseño, edificación y equipamiento, así como mantener su infraestructura. También deberán suministrar la alimentación, el aseo, la salud y la ejecución de programas de reinserción social y laboral para los internos. Todo por una módica suma de dinero, que será cancelada por el Fisco. Por su parte, la labor delEstado, a través de Gendarmería de Chile, se reducirá a proveer vigilancia, seguridad y administración a los nuevos recintos. Para esto, se incorporarán más de tres mil nuevos gendarmes a las tareas de custodia.

Para el Gobierno, este programa significa el mayor esfuerzo que se ha realizado en la historia penitenciaria de Chile, pues implica una inversión superior a los 280 millones de dólares, que duplicará la infraestructura carcelaria existente desde 1960, sumando 370 mil metros

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