El caso Beauty Cream

El caso Beauty Cream

Una importante cadena de supermercados nacional cuenta con una línea propia de cosméticos, comercializados bajo la marca BEAUTY. Entre los productos estrella de la línea, se encuentra la crema hidratante BEAUTY CREAM, que ha adquirido una posición competitiva en el mercado español.

En los meses de verano, las ventas de BEAUTY CREAM han aumentado hasta alcanzar una popularidad considerable entre los ciudadanos, especialmente los residentes de zonas turísticas de costa.

Durante el mes de septiembre, tres consumidores de BEAUTY CREAM, residentes en distintas Comunidades Autónomas y de forma separada, comunican a la cadena de supermercados que desde que usan la crema tienen manchas en la piel.

Las autoridades sanitarias reciben un comunicado desde la cadena de supermercados en el que se expone la situación. En un periodo de 24 horas, las autoridades ordenan la retirada de BEAUTY CREAM de las superficies en las que se vende y el cese inmediato de su comercialización.

1. ¿Con qué derechos cuentan los ciudadanos ante un evento como el descrito?
2. ¿Qué deberes tienen los poderes públicos cuando se da una situación como la del caso expuesto?
3. Ante la reacción de la cadena de supermercados, ¿qué medidas cabe adoptar con respecto a esta?

1. En cuanto a la protección de los consumidores y usuarios, el artículo 51 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos la defensa de los consumidores y usuarios a través de la protección, mediante procedimientos eficaces, de la seguridad, la salud y los intereses económicos legítimos de estos.

Para ello, los poderes públicos deben cumplir tareas tales como promover la información y la educación de los consumidores y usuarios.

Además tenemos el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias es la norma de aplicación a las relaciones entre consumidores o usuarios y empresarios.

En este sentido, el texto legal de referencia en materia de derechos básicos de los consumidores y usuarios contempla en su artículo 8 los siguientes derechos:

-La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad (aplicable en nuestro caso).

-La protección de los legítimos intereses económicos y sociales.

-La indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos (aplicable en nuestro caso)

-La correcta información sobre los bienes o servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute.

-La audiencia en consulta.

-La protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial ante situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión.

Además se recogen sanciones a los incumplimientos de estas normativas,

• las acciones u omisiones que produzcan riesgos o daños efectivos para la salud o seguridad de los consumidores y usuarios.
• Asimismo, el incumplimiento o transgresión de los requisitos previos que formulen las autoridades competentes para situaciones específicas, al objeto de evitar contaminaciones, circunstancias o conductas nocivas de otro tipo que puedan resultar gravemente perjudiciales para la salud pública.

2.- Como hemos recogido en el punto 1, el artículo 51 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos la defensa de los consumidores y usuarios a través de la protección, mediante procedimientos eficaces, de la seguridad, la salud y los intereses económicos legítimos de estos. Además tenemos el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias donde se recogen las infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios que serán sancionadas por las Administraciones Públicas competentes con multas de acuerdo a si son leves, graves o muy graves.  

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