INCREMENTO DEL IMPUESTO

La constitucion de 1991, trajo importantes reformas a la normatividad nacional, tanto es asi que inclusive se introdujeron cambios considerables al esquema estructural del modelo Estado, consagrandose el famoso Estado Social de Derecho, que permitio entre otraas la implantación de novedosas caracteristicas como la decentralizacion territorial, confiriendo facultades discrecionales a las entidades territoriales para autoregularse y administrar sus propios recursos. Toda esta situacion se tradujo en autonomia para los entes territoriales los cuales ahora en mucho mas independientes del orden central pero conservaban cierta relacion y correspondencia con él. Esta novedosa tecnica de administrar permitio que las entidades territoriales gozaran de plena proteccion constitucional a la hora de regular asuntos propios de su competencia entre ellos la regulacion de los impuestos, que ocupa un papel de vital importancia en el medida en que representa uno de los medios mas idoneos para garantizar el progreso y bienestar de las personas en los respectivos entes territoriales. Todo esto permitio que las entidades territoriales pudieran a traves de los impuestos y las contribuciones publicas satisfacer las necesidades basicas mas urgidas de la poblacion garantizando mejores condiciones de supervivencia.

Este importante sistema de planeacion y distribuccion de recursos permitio igualmente la introduccion de modelos alternativos para la autonomia presupuestal de las entidades territoriales, las cuales permitirian que la intervencion economica estuviera regulada por verdaderos margenes de control establecidos por los limites que la misma constitucion y la ley imponian a dichos organos (concejos y asambleas departamentales, D.P.N locales, etc) y que se traducían en el cumpliendo de los preceptos constitucionales al desarrollar los principios de autonomía presupuestal y autonomía territorial propias de un Estado decentralizado y autonomo como el nuestro, y asi lo dispuso el articulo primero de la Constitucion Nacional.

Si bien es cierto, el Estado tiene la facultad para imponer cargas tributarias a las personas ya sean naturales o jurídicas, estas no pueden desbordar los límites establecidos por la justicia y la equidad imponiendo impuestos exagerados que los contribuyentes no estén en capacidad de solventar, es de ahí de donde surge la importancia de aplicar preferentemente el principio de proporcionalidad del Derecho Tributario, el cual se establece con la obligatoriedad de la administración de establecer impuestos proporcionados a la capacidad económica de los sujetos pasivos.

Una de las finalidades del Estado dentro de la sociedad con la imposición de los impuestos y en general las cargas tributarias, es la de garantizar el bienestar social y económico de la comunidad, haciéndose obligatorio para los ciudadanos en razón al llamado por ROUSSEAU “contrato social”, el que éstos contribuyan con las cargas publicas establecidas por medio de los tributos garantizando de esta manera su desarrollo y bienestar.

Para iniciar el análisis del caso hipotético debemos de establecer en primer lugar que con el gasto público el gobierno asume la responsabilidad de proveer aquellos bienes públicos que la comunidad necesita mayoritariamente, operación en la cual se redistribuye el ingreso y la riqueza vía transferencias

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