AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Como Surge

El 24 de abril de 1494, fue instalado el primer Ayuntamiento del Nuevo Mundo en la Villa de La Isabela (hoy municipio de La Isabela, Provincia Puerto Plata), constituyendo el principio del desarrollo en el nuevo continente, de la vida administrativa municipal y comunitaria. Los Ayuntamientos o Cabildos durante la Colonia tenían funciones normativas, jurisdiccionales, impositivas y recaudadoras de impuestos, arbitrios y tributos, que en general engrosaban los fondos de la Corona.

El 26 de julio del 1801, la Asamblea Central votó por la ley para regular la administración municipal. En ella se disponía que en cada territorio o parroquia existiera un Ayuntamiento que estaría compuesto por un Alcalde y cuatro Regidores. El Alcalde tenía atribuciones administrativas entre las cuales se encontraban: Administrar justicia menor, que es lo que nuestra legislación actual llama infracciones de simple policía y Registros Civiles que consistía en anotar los actos de registro y traspaso de las propiedades y negocios realizados en el municipio.

Tomada la parte Oriental de la Española por Toussaint Louverture en el año 1822, la Isla fue dividida en dos Departamentos: el Oriental con su capital Santo Domingo y el Norte o Cibao con su capital Santiago de los Caballeros; a los municipios se les cambió el nombre denominándolos parroquias.

Al proclamarse la Independencia de la República Dominicana, el 27 de febrero del 1844 y redactarse la primera Constitución, los Trinitarios propusieron para una mejor y más pronta expedición de los negocios públicos, dividir el Gobierno entre: Poder Municipal, Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo. Sin importar el orden de principalía de los poderes del naciente Estado Dominicano, para los fundadores de la República, el Municipio constituía un poder del Estado. La primera legislación municipal Dominicana fue la ley No. 32 del 2 de mayo 1845; en ella se delegaba la Administración Comunal en los Ayuntamientos y éstos ejercían el gobierno político y económico de las comunas.

Diversas disposiciones legales han regido el quehacer de los Ayuntamientos en la historia contemporánea:

Leyes muy importantes fueron las Nos. 3455 y 3456 del 21 de Diciembre 1952 sobre Organización Municipal y del Distrito Nacional. Ambas fueron modificadas en 1961 por la Ley No.5622, de Autonomía Municipal; a partir de la misma, los ayuntamientos comenzaron a funcionar como verdaderos gobiernos locales sin que fuera necesaria la autorización del Presidente de la República o cualquier otro funcionario para realizar sus actividades. Estas leyes permanecieron vigentes por más de 40 años y en su momento fueron legislaciones adecuadas a la realidad nacional. Otras leyes regulan también la gestión local y de manera sectorial, en los ámbitos presupuestarios y financiero, de adquisiciones, rendición de cuentas y control del gasto, entre otras.

La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, promulgada el 17 de julio del 2007 y publicada en la Gaceta Oficial No.10426, constituye el marco legal vigente para los Ayuntamientos; derogó en su totalidad, las disposiciones legales previas. Acuerda que los Ayuntamientos deben promover el desarrollo y la integración de su territorio, el mejoramiento sociocultural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos locales, con la finalidad de obtener como resultado mejoras en la calidad de vida, preservando el medio ambiente, los patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público.

Confiere amplia participación a la ciudadanía en la gestión local y obliga a las autoridades de los Ayuntamientos a ajustar sus actuaciones a las normas vigentes. Le otorga a la ciudadanía derecho de participar en la formulación del presupuesto local y dar seguimiento al

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