Caso Sarayacu

Caso Sarayaku

1. Objetivos

Investigar sobre la comunidad Sarayaku.

Investigar sobre el juicio de Sarayaku en contra del Ecuador y el fallo final del mismo.

2. Marco Teórico

2.1 Antecedentes:

El Pueblo Kichwa de Sarayaku está conformado por seis comunidades y aproximadamente 1200 habitantes. Su territorio ancestral, ubicado en el centro de la Amazonía ecuatoriana, comprende aproximadamente 135000 hectáreas tituladas a su favor en 1992.

2.2. Concesión del Bloque 23:

El 26 de julio de 1996, el Estado Ecuatoriano concesionó a favor de la Compañía General de Combustibles (CGC) el denominado bloque petrolero 23 que comprende una extensión de 200.000 hectáreas en la Amazonía ecuatoriana, un 65% de las cuales afectan al territorio de Sarayaku.

Esta concesión fue efectuada sin que se haya realizado ningún proceso jurídico de información, consulta o pedido de consentimiento al Pueblo de Sarayaku para la realización de actividades petroleras en el territorio de su propiedad, pese a que dicho proceso constituye un estándar obligatorio que debe cumplir de acuerdo a la legislación ambiental nacional y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Desde 1996 Sarayaku ha venido expresando su rechazo al ingreso de la actividad petrolera, fundamentado en los enormes impactos negativos que dicha actividad provoca en su territorio sagrado, en la calidad de vida de sus miembros.

Sin embargo, la CGC ingresó reiteradamente al territorio de Sarayaku, sin autorización y contra la voluntad del legítimo propietario, para realizar actividades altamente destructivas.

Para detener la campaña de sísmica que pretendió realizar la CGC en el Bloque 23 durante el último trimestre de 2002 y el primer trimestre del 2003, Sarayaku debió declararse en emergencia por siete meses y movilizar a sus pobladores, hombres, mujeres, jóvenes e incluso niños a resguardar su territorio en los denominados Campos de Paz y Vida que se establecieron en medio de la selva, donde se estaba produciendo el ingreso armado de CGC y el ejército. Esta decisión implicó graves riesgos para la vida, integridad, salud, alimentación, educación, cultura y espiritualidad de los miembros de Sarayaku.

2.3 El Caso Sarayaku en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

A inicios de 2003, Sarayaku acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando su intervención urgente en salvaguardia de sus derechos violados durante la campaña de sísmica de la empresa CGC. En mayo de ese año, la Comisión dictó Medidas Cautelares a favor de la vida e integridad de los miembros de la comunidad y de su especial relación con su territorio. El Estado Ecuatoriano desoyó sistemáticamente dichas medidas.

Frente al incumplimiento de las Medidas Cautelares, la Comisión Interamericana solicitó a la Corte Interamericana dictar Medidas Provisionales a favor de Sarayaku, las que fueron otorgadas en julio de 2004. Dichas Medidas buscan proteger la vida e integridad de los miembros de Sarayaku, la investigación de los hechos de violencia cometidos en su contra y la garantía efectiva del derecho al libre tránsito violentado por el arbitrario bloqueo del Río Bobonaza efectuado por aliados de la petrolera, como medida de presión para que Sarayaku desista de las acciones legales emprendidas y entre a negociar con la petrolera.

Ante el nuevo incumplimiento del Estado Ecuatoriano, la Corte, en junio de 2005 ratificó las medidas y las amplió incorporando la disposición de que se retiren urgentemente los explosivos dejados por la CGC en territorio de Sarayaku.

Gracias a la acción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Sarayaku pudo recientemente dimensionar el atentado realizado por la CGC a su territorio y su derecho a vivir en un medio ambiente sano, cuando el 3 de septiembre del año 2005, asesores técnicos del Ministerio de Energía visitaron Sarayaku y expusieron el grave peligro que se cierne sobre la seguridad de la gente de Sarayaku y sobre su ambiente por la presencia de explosivos de alto poder dejados por CGC en territorio de Sarayaku.

Según la información oficial que entregó la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía, existen 476 puntos dentro del territorio de Sarayaku y el territorio Achuar, en donde la empresa CGC colocó, sin conocimiento de los afectados, sin haberlos consultado antes y en contra de su voluntad, cargas de entre 3 y 5 kgs. de pentolita, un explosivo de alto poder destructivo. En total hay 1.433 Kgs. (casi tonelada y media) de explosivos sembrados a 12 metros de profundidad y una cantidad no determinada abandonada en la superficie de la selva sagrada de Sarayaku, en sus lugares de caza, en sitios donde niños y jóvenes transitan en busca del sustento. La información que dio el Ministerio de Energía es que ese explosivo es muy peligroso y que las cargas pueden detonarse accidentalmente con mucha facilidad.

Según el Resumen Oficial emitido por la Corte Interamericana, la sentencia final del juicio se dio el 27 de Junio de 2012, en el que la Corte IDH falla a favor del pueblo Sarayaku y en contra del Estado Ecuatoriano después de casi una década de litigios y llega a la siguiente solución:

El Estado fue declarado responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo

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