Contador público Autorizado

La denominación de autorizado proviene del papel del Gobierno Dominicano como intermediario en la certificación de la idoneidad del profesional para servir como tal. En el artículo 7 de la Ley 633 se expresa

que: "Los reportes preparados por los contadores públicos podrán ser puramente objetivos, conteniendo únicamente los hechos y datos investigados; pero podrán tener también la opinión personal del contador público sobre los hechos y datos investigados, pero en el entendido de que la certificación prevista en el artículo anterior se referirá siempre a los hechos y datos objetivos del reporte".

Esa objetividad requiere independencia del contador hacia quien lo contrata. El requerimiento más importante de los contadores es que sean vistos por el público y el Estado como verdaderamente independientes de los intereses de sus clientes. Las leyes han creado para los CPA una condición de la cual disfrutan pocas profesiones. La fe pública le está reconocida a algunos profesionales liberales, y dentro de la maquinaria estatal sólo la Policía Nacional tienen concesiones semejantes. Los contadores son diferentes de todos los demás participantes en la economía del país porque se les ha dotado de reputaciones de objetividad e imparcialidad que están íntimamente asociadas con el concepto de independientes. Entre todos los profesionales universitarios, sólo ellos son considerados como árbitros desinteresados entre los intereses públicos o privados y los del pueblo que los sostiene con sus impuestos y consumo.

El objetivo de la Ley 633 y el interés del público reside en que se espera que el CPA proteja sus intereses y no promueve los intereses de sus clientes a expensas suyos. Es inapropiado para los auditores independientes, que actúen como defensores parcializados en beneficio de los intereses de sus clientes. La confianza pública en la exactitud y utilidad de la información financiera empresarial, depende de la firme creencia de que tal información ha sido revisada y certificada por auditores calificados que son realmente independientes. La confianza de la independencia de los auditores requiere que tengan intereses directos o indirectos con los asuntos de sus clientes.

El Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) fue creado por la Ley 633, de fecha 16 de junio del 1944, y es la máxima organización de contadores públicos autorizados de la República Dominicana, y tiene las siguientes finalidades :

a) Contribuir al adelanto de la contabilidad y proponer el desarrollo de la profesión de contador público autorizado.

b) Estrechar las relaciones entre los contadores públicos autorizados del país, y entre éstos y los colegas extranjeros.

c) Promover y mantener un alto prestigio en el ejercicio de la profesión de contador público autorizado.

d) Salvaguardar los intereses profesionales de sus miembros y proporcionarles ayuda profesional o moral.

e) Procurar la unificación de criterios entre sus asociados, en las cuestiones de carácter profesional.

f) Dictar reglas obligatorias para sus asociados acerca de normas y procedimientos de auditoría, principios de contabilidad, ética profesional y cualesquiera otras reglas que fueren necesarias para el mejor ordenamiento del ejercicio profesional.

El ICPARD es un organismo profesional miembro de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), máxima autoridad de la profesión a nivel mundial, responsable de la emisión de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC's) a través del Comité de las Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) y de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA'S), con el objetivo de lograr uniformidad en los registros contables y en la práctica profesional del contador público autorizado alrededor del mundo.

1.2. IMAGEN DEL CONTADOR

El contador público juega un papel decisivo en una economía global y por lo tanto debe ajustarse a esos cambios, convirtiéndose en un administrador diestro

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